¿No se vota contra el ‘lawfare’?

Si una mayoría de españoles cree que el Gobierno es víctima del lawfare, ¿por qué siguen el PSOE y sus socios hundidos en las encuestas? Ayer se publicaron dos sondeos que mostraban lo extendida que está la idea de que hay una «guerra judicial» en nuestro país. Un 65% de españoles, según titulaba El País, considera que existe lawfare en España. Solo el 40%, añadía La Vanguardia, cree que los jueces son imparciales.

Es cierto que esos números se pueden matizar. En la encuesta de El País, un 34% consideraba que los jueces favorecían a la derecha y un 16% que favorecían a la izquierda. Así que una parte de quienes creen que los jueces «hacen política» no consideran que la hagan contra el Gobierno, sino más bien a su favor -es posible que estos votantes no estuvieran pensando en el Supremo o en la Audiencia, sino en el Constitucional-. Y la encuesta de La Vanguardia mostraba variaciones entre aquellos casos en los que se percibía «parcialidad» y aquellos en los que no. Eran mayoría quienes sospechaban de los jueces en los casos de Begoña Gómez y del fiscal general, pero no ocurría lo mismo con los de Zapatero, Koldo/Ábalos o Leire/Cerdán. Cuesta ver cómo funcionaría este lawfare cuántico, que a veces se manifiesta y otras veces no, pero es notable que los ciudadanos se fíen más de la Justicia en aquellos casos que abordan tramas objetivamente más graves. Que la ciudadanía piense que la mujer de Sánchez no impulsó sus negocios de forma ilícita, pero que el PSOE sí creó una cloaca para coaccionar a aquellos jueces, fiscales y agentes que investigan sus corruptelas, no parece una gran noticia para Moncloa.

Imaginemos, sin embargo, que estos sondeos realmente indican una desconfianza generalizada hacia la judicatura, sobre todo entre el electorado de izquierdas. La pregunta entonces sería: ¿por qué las encuestas de intención de voto que también se conocieron ayer muestran al PP y Vox 12 puntos por delante de la suma de PSOE, Sumar y Podemos? ¿Cómo puede ser que el Gobierno no esté siendo arropado por los votantes en su pugna contra lo que estos verían como un complot facha? El electorado cree que las izquierdas están siendo asediadas por jueces prevaricadores, ¿y deja de votarlas igualmente?

Estas preguntas son asombrosamente transversales: uno se las puede plantear tanto si considera que el lawfare existe de verdad como si piensa que no lo hace, y que solo estamos ante una estrategia falaz e irresponsable del oficialismo para anestesiar a sus votantes. Sea como sea, ayer debería haber sido un día de preguntas incómodas en la Moncloa. Porque el Ejecutivo lleva mucho tiempo echando la culpa de su pertinaz impopularidad a la existencia de una presunta conspiración en su contra. Una en la que los jueces desempeñarían un papel muy destacado. Pero si resulta que una mayoría de ciudadanos piensa que tal conspiración existe, y aún así elige retirarle su apoyo, entonces debe de ser que su impopularidad tiene otras causas. Que su problema mayor no es su conflicto con el Poder Judicial, sino la idea, cada vez más extendida, de que el sanchismo no ofrece soluciones a ninguno de los grandes desafíos de nuestra sociedad. Y que al final, todo este desgaste, toda esta erosión institucional, toda este populismo irresponsable, no habrá servido para nada.