«Ya no pertenecen al PSOE», afirma María Jesús Montero sobre los ediles que se han negado a votar a favor de la anulación de la licencia Leer «Ya no pertenecen al PSOE», afirma María Jesús Montero sobre los ediles que se han negado a votar a favor de la anulación de la licencia Leer
«El Algarrobico se tira. Esa es la posición del PSOE y eso es lo que se le transmitió a los concejales». Con estas palabras, la secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, recordaba ayer cómo el partido había dado instrucciones precisas a sus representantes en el Ayuntamiento de Carboneras (Almería). Pero tan sólo dos de los cinco ediles socialistas fueron consecuentes con la orden recibida y apoyaron en el pleno de este martes la anulación de la licencia concedida en 2003.
El PSOE les había abierto un expediente de expulsión a los cinco por haberse negado a apoyar la anulación de la licencia el pasado 17 de junio, en contra del criterio de Montero. Pero,finalmente, serán sólo los insumisos los expulsados reincidentes, ya que las concejalas Mariana Esteban e Isabel Hernández Caparrós acataron ayer la instrucción del partido y apoyaron el cumplimiento de la orden dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que amenazó con sancionar a quienes se negaran a acatar su dictamen, emitido después de que el Supremo dictaminara que el proyecto era ilegal.
El culebrón del Algarrobico parece haber abierto un nuevo capítulo tras meses de parálisis. La anulación de la sentencia por parte del pleno municipal permitirá iniciar los trámites para su demolición, un destino en el que -sorprendentemente- están de acuerdo el Gobierno de Pedro Sánchez y la Junta de Andalucía, pero que se había visto saboteado permanentemente por el PSOE local, empeñado en defender el edificio, construido sin respetar el dominio público marítimo-terrestre y en pleno Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar.
La rebeldía recalcitrante del actual portavoz socialista en el Ayuntamiento de Carboneras, José Luis Amérigo, sólo se explica conociendo el origen del conflicto. Fue su tío Cristóbal Fernández, el que, siendo alcalde de Carboneras, concedió en 2003 la licencia de obras que tantos quebraderos de cabeza le ha dado a la administración local. La madre de Amérigo, Rosario Fernández, también formaba parte de aquel equipo de gobierno. Ambos hermanos fueron condenados a seis meses de inhabilitación en 2006 por un delito electoral. Meses después fueron indultados por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
El PSOE de Carboneras ha defendido siempre el proyecto del Algarrobico, promovido por la empresa Azata del Sol con las bendiciones de la Junta de Andalucía durante el gobierno de Manuel Chaves. De hecho, para que aquella licencia se otorgara, fue imprescindible que la Junta introdujera una «triquiñuela» -según el término utilizado en su sentencia por el Tribunal Supremo-, para modificar de forma irregular el planeamiento y dejar fuera de la p rotección la playa del Algarrobico. Tras un proceloso periplo judicial, el hotel fue declarado ilegal y el TSJA determinó que, para proceder a su demolición, el Ayuntamiento debía iniciar de oficio el procedimiento de revisión de la licencia.
Por eso la llave del derribo la tenía el consistorio. Y, aunque el PSOE ya no gobierna en Carboneras, sus votos eran fundamentales para que el pleno, que preside Salvador Hernández (CS). diera luz verde al expediente que permite anular la licencia.
Con el tiempo, el PSOE local pasó de justificar la construcción del Algarrobico por razones económicas a defender que, si se anulaba la licencia, la empresa Azata del Sol pedirá indemnizaciones millonarias que el Ayuntamiento no está en condiciones de asumir. Es razonable también pensar que José Luis Amérigo quiera defender a su tío y a su madre (miembros del gobierno que otorgó la licencia) de posibles responsabilidades penales o patrimoniales por el proyecto autorizado de forma irregular. Durante el pleno de ayer, Amérigo explicó que el Ayuntamiento había incumplido el acuerdo adoptado por la corporación el pasado 17 de junio, que instaba al alcalde a presentar nuevos informes jurídicos y económicos sobre las consecuencias que podían derivarse de la anulación de la licencia.
Este martes, María Jesús Montero expresó su convencimiento de que, si Azata demanda compensaciones millonarias, las administraciones saldrán en auxilio del consistorio. «Las administraciones no van a dejar solo al Ayuntamiento», afirmó, si bien ella mismo reconoció que ya no puede hablar en nombre del Gobierno sino sólo en calidad de secretaria general del PSOE andaluz.
Sobre la «expulsión temporal» de los concejales anunciada en junio, Montero consideró que el instructor del expediente nombrado por la ejecutiva federal del PSOE tendrá en cuenta la actuación de cada uno de los ediles. Y precisó que la orden dictada por el partido obligaba a votar a favor de la anulación de la licencia. Tanto Amérigo como el concejal socialista Francisco Capel se ausentaron del pleno para no tener que votar ni a favor ni en contra. Para Montero, esa actitud supone un incumplimiento de sus instrucciones. «Ya no pertenecen al PSOE», afirmó de ambos.
José Luis Amérigo es el portavoz del grupo municipal socialista y Francisco Capel es el actual secretario general del PSOE de Carboneras. Su rebeldía rompe, por tanto, el partido a nivel local y la ejecutiva federal deberá ahora nombrar una gestora hasta que se constituya una nueva ejecutiva. El hotel del Algarrobico sigue siendo un activo tóxico en Carboneras.
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