El punto 14 del acuerdo de PP y Vox para gobernar en Andalucía se llama Leyes ideológicas. Ahí, la derecha y la ultraderecha fijan que se renunciará “expresamente a todo intento de imprimir cualquier sesgo ideológico o condicionar el libre pensamiento y juicio de los ciudadanos” y se comprometen a “revisar, y, en su caso, derogar, cualquier disposición normativa, ente, organismo, subvenciones o ayudas públicas en cuyo desarrollo o efecto práctico actual se demuestren superfluos o ineficientes”. Si hay una cuestión a la que Vox llama “ideología” es a la violencia machista, y si hay otra de la que repite que no sirve para nada y que son “chiringuitos” es toda la estructura que el Estado ha creado en el último medio siglo para hacer frente a esa violencia y proteger a las víctimas. Ahora, tras el reparto de consejerías y la organización de cada departamento, Juan Manuel Moreno Bonilla ha dejado en manos del partido ultra las unidades que se ocupan de la valoración de esas mujeres, niños y niñas.
Desde el Ministerio de Igualdad enfocan al PP y afirman que no se puede ceder esta labor “a aquellos que precisamente pedían depurar ese servicio por sesgo ideológico”
El punto 14 del acuerdo de PP y Vox para gobernar en Andalucía se llama Leyes ideológicas. Ahí, la derecha y la ultraderecha fijan que se renunciará “expresamente a todo intento de imprimir cualquier sesgo ideológico o condicionar el libre pensamiento y juicio de los ciudadanos” y se comprometen a “revisar, y, en su caso, derogar, cualquier disposición normativa, ente, organismo, subvenciones o ayudas públicas en cuyo desarrollo o efecto práctico actual se demuestren superfluos o ineficientes”. Si hay una cuestión a la que Vox llama “ideología” es a la violencia machista, y si hay otra de la que repite que no sirve para nada y que son “chiringuitos” es toda la estructura que el Estado ha creado en el último medio siglo para hacer frente a esa violencia y proteger a las víctimas. Ahora, tras el reparto de consejerías y la organización de cada departamento, Juan Manuel Moreno Bonilla ha dejado en manos del partido ultra las unidades que se ocupan de la valoración de esas mujeres, niños y niñas.
El pasado julio, Vox entró en el Gobierno de Moreno con la vicepresidencia de Turismo, Desregulación, Administración Local y Justicia. Y de este último Departamento dependen esos servicios, tal y como avanzó ayer eldiario.es. Las llamadas Unidades de Valoración Forense Integral aparecieron en 2004, cuando la Ley Integral contra la Violencia de Género ―otra de las normas que Vox ha querido siempre derogar― las dispuso como piezas claves a la hora de atender y valorar el riesgo en el que se encuentran las víctimas de violencia machista, el daño que han sufrido y las consecuencias de todo ello.
Son equipos formados por especialistas de la Medicina Forense, la Psicología y el Trabajo Social que dependen de los Institutos de Medicina Legal y Forense ―y estos de las consejerías de Justicia de las autonomías― y cuyos informes forman parte de la información con la que las instituciones y los juzgados trabajan a la hora de decidir medidas o activar cualquier tipo de ayuda a mujeres, niños y niñas. Son también quienes aportan información en los procesos civiles para, por ejemplo, decidir custodias o el régimen de visitas que ha de tener uno u otro progenitor. Y son los mismos de los que Vox quiso saber nombre y apellidos en 2019.
Entonces, el diputado de Vox Francisco Serrano registró en el Parlamento andaluz una petición para que el Gobierno de la comunidad entregara la relación de todos los trabajadores de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género; de los que estaban prestando sus servicios en ese momento y de todos los que lo hubiesen hecho desde 2012. Hoy, el exjuez Serrano, tras dimitir al frente del partido ultra en 2020, aguarda un juicio por estafa y fraude de subvenciones en el que la Fiscalía le pide ocho años de cárcel.
Serrano registró la petición, según explicó, porque le habían llegado “denuncias de afectados” que aseguraban que los equipos “no contaban con las capacitaciones necesarias para ejercer sus funciones en materia de violencia de género o de decisión sobre las custodias de los menores”. La Cámara andaluza no aceptó aquella petición ―se habló de “caza de brujas”―; Vox reformuló su petición y Moreno Bonilla acabó entregándoles las titulaciones de esos profesionales, sin datos personales.
Ahora, desde el Ministerio de Igualdad señalan que “no se puede ceder la atención a las víctimas de violencia de género a aquellos que la niegan sistemáticamente y a un partido que precisamente pedía depurar ese servicio por “sesgo ideológico”. Si el partido de ultraderecha lleva años mostrando no solo su negacionismo de la violencia machista, sino también la intención de acabar con las estructuras institucionales que le hacen frente, ¿por qué el PP andaluz ha cedido a la ultraderecha las competencias de una pieza clave en esa estructura?
El Gobierno de Moreno arguye que estas unidades de valoración a las víctimas siempre han sido competencia de Justicia, y confía en que nada cambie, aunque admite que desconoce los planes de Vox al respecto. “La oposición decía que se iba a acabar la atención a las víctimas de violencia machista si llegaba Vox al Gobierno, y esta es la prueba de que no será así. Entendemos que los planes de Vox serán cumplir la ley y proteger a las personas que necesitan protección”, avanzan fuentes del Ejecutivo autonómico.
En el Parlamento andaluz, dicha oposición ha criticado en tromba que las competencias recaigan en Vox, dada la trayectoria de los ultras respecto a la violencia machista. “Es intolerable e indecente que la protección y la atención a las víctimas de violencia machista el señor Moreno Bonilla las haya dejado en manos de Vox. Un partido que niega la violencia de género, que la frivoliza, que la blanquea”, ha censurado la portavoz adjunta del grupo parlamentario socialista, Ángeles Férriz, que ha pedido al presidente andaluz que rectifique dicha decisión “por respeto a las mujeres asesinadas y en peligro”.
En paralelo, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha señalado “el peligro e irresponsabilidad” de la medida y ha dicho que estarán “vigilantes”. “No vamos a permitir ni un solo ataque a la lucha contra la violencia de género, a las mujeres andaluzas y a los derechos de las mujeres andaluzas”, ha criticado. El portavoz de Por Andalucía y coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, se ha unido en el reproche: “Moreno Bonilla vuelve a pagar el apoyo de Vox con los derechos de las mujeres. Ahora les entrega el servicio que valora a las víctimas de violencia machista”, informa Europa Press.
Desde Igualdad recuerdan que “Andalucía es actualmente la comunidad autónoma donde más asesinatos machistas se han registrado desde 2003, con 290 mujeres asesinadas. El pasado año fueron 15 y 9 ya en lo que llevamos de 2026″. Esta, la comunidad más poblada de España, es también la que más consultas acumula al servicio 016, de atención a la violencia machista (251.229); la que más pulseras antimaltrato tiene ahora mismo activas (1.628); y la que más mujeres registra con protección policial en el Sistema VioGén, el de seguimiento de las víctimas y sus agresores, con 27.621.
Fuentes de ese ministerio piden al “Partido Popular y, en concreto, a Alberto Núñez Feijóo, que explique cómo encaja esta decisión del presidente de Andalucía con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, renovado el pasado año. ¿Está el PP rompiendo el pacto?”. El pasado año se renovó ese acuerdo con 315 votos a favor, 33 en contra (de la ultraderecha) y ninguna abstención.
Desde el PSOE también ha habido ya reacción, señalando a Feijóo: “Debe intervenir inmediatamente, al igual que ha hecho en las negociaciones de otras comunidades, para impedir una decisión que pone en riesgo la seguridad y la vida de miles de mujeres andaluzas y de sus hijos e hijas. Con su silencio, da pistas de cuál es su proyecto político para las españolas”.
En lo que va de año, 34mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Desde que arrancó la estadística oficial, en 2003, son 1.375mujeres.
El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.
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