A quienes se conceda el asilo, se quedarán, y a los menores se les escuchará primero Leer A quienes se conceda el asilo, se quedarán, y a los menores se les escuchará primero Leer
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Del diálogo abierto con Rabat tras la entrada de 80.000 personas en Ceuta, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ensalzó ayer que ambos países están «comprometidos» en «que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos» -entre 8.000 y 11.000 migrantes seguirían allí, según el Gobierno ceutí-. Sin embargo, la legislación española no permite efectuar esas devoluciones sin antes cumplir una serie de procedimientos y requisitos, garantistas de los derechos humanos, especialmente en el caso de los menores. La normativa vigente aleja así la viabilidad de que esa repatriación de «hasta la última persona» que haya entrado en Ceuta sea finalmente una realidad.
Son el colectivo más protegido, y para el que el procedimiento de repatriación exige mayores garantías. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, dibujó anteayer como «prioridad» el «reagrupamiento familiar» -que los niños y niñas llegados a Ceuta vuelvan con sus familias-, pero en paralelo el Ministerio de Infancia ha iniciado el proceso para reubicar a los 1.527 menores que siguen en la ciudad, consciente de que esos procesos de «reagrupamiento familiar» requieren tiempo y de que puede que no todos los niños puedan acogerse a ellos.
La Ley de Extranjería fija, lo primero, que ante «un extranjero indocumentado cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad», los servicios de protección de menores deberán asistirle, y el Ministerio Fiscal, junto a instituciones sanitarias, iniciará el proceso para determinar su edad. Si, efectivamente, no tiene 18 años, el joven quedará bajo responsabilidad de los servicios de protección de menores.
En este punto todavía no sería posible iniciar un procedimiento de repatriación, sino que primero es necesario recabar, del país de origen, un informe sobre las «circunstancias familiares» del niño. Si procede, entonces sí, se iniciará el procedimiento, que en todo caso debe ser individualizado. Se escuchará al joven -si tiene suficiente juicio- y los servicios de protección de menores y el Ministerio Fiscal tendrán que exponer su propio análisis. Con esto, la Administración del Estado será quien determine si procede el retorno, o no, en cuyo caso España se haría cargo.
Albares aseguró ayer que se trabaja para devolver a todos los migrantes bajo el amparo de que Marruecos quiere acogerlos. Sin embargo, esto no basta -la legislación está por encima, como reconoció- y, en particular en el caso de los menores, hay un precedente que lo constata. Tras la entrada masiva a Ceuta de 2021, «los menores -o, al menos, una parte de ellos- fueron enviados de retorno a Marruecos en grupos de varias decenas de personas» sin que constara que se realizara un análisis individualizado de sus casos, «más allá de tomar nota de los nombres», apuntó el Tribunal Supremo en la sentencia de 2024 que decretó ilegal aquella devolución -se condenó a dos altos cargos-. Se había hecho en virtud del acuerdo hispano-marroquí de 2007, pero el Alto Tribunal lo creyó insuficiente: por encima estaba, y está, lo que fija la ley.
El procedimiento es distinto en caso de los adultos -más rápido-, aunque también hay migrantes mayores de 18 años que pueden tener derecho a quedarse en España: aquellos a los que se les conceda protección internacional -asilo-. «Lo primero que tiene que hacer el Gobierno es practicar el triaje», explica Patricia Fernández, de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, y explica que en ese primer punto se busca «detectar vulnerabilidades» y se abren dos cauces, en función de si el migrante manifiesta que quiere solicitar protección internacional. Si su voluntad es pedir asilo, toda posibilidad de devolución queda parada hasta que se resuelva la solicitud. Y, si al final se le concede, no podrá ser repatriado. Fernández apunta que entre los migrantes que siguen en Ceuta hay «casos claros de protección internacional», como son «casi 600 sudaneses» o «casi 200 yemeníes». Personas a las que, por tanto, es probable que se conceda asilo y puedan quedarse.
En caso de que el migrante no solicite protección internacional o no se le conceda, entonces se inicia «un procedimiento de devolución». Para la evaluación del caso, la persona deberá contar, explica Fernández, con asistencia letrada y con intérprete si lo requiere. Si las autoridades deciden que procede retornar al migrante al país de origen, «esa decisión de devolución se debe ejecutar en el plazo de 72 horas» -a contar desde el inicio del triaje, no desde su entrada a España-, pues éste es el tiempo máximo de detención cautelar. Si en ese tiempo no fuera posible materializar la devolución, se trasladaría al migrante a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) hasta que pueda ser repatriado.
Así, para toda circunstancia, el procedimiento queda fijado detalladamente en la ley. Y la disposición de Rabat a acoger a sus ciudadanos está, pues, supeditada a la normativa.
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