Anticorrupción reclama al instructor del ‘caso Plus Ultra’ que sume este tipo penal a los delitos fiscales y de contrabando al considerar que no estaría prescrito en el caso de sus joyas Leer Anticorrupción reclama al instructor del ‘caso Plus Ultra’ que sume este tipo penal a los delitos fiscales y de contrabando al considerar que no estaría prescrito en el caso de sus joyas Leer
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El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Plus Ultra, José Luis Calama, ha requerido a la Subdirección General de Patrimonio del Estado que «a la mayor brevedad, y, en todo caso en el plazo de dos días» remita una copia del «acta de aceptación en el patrimonio de la Administración General del Estado, y afectación al Ministerio de la Presidencia, de los obsequios institucionales efectuados a la Presidencia del Gobierno durante las legislaturas 2004-2008 y 2008-2011″.
Se trata de la primera decisión del magistrado después de que la defensa del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero solicitara que se envíe una comisión rogatoria a Arabia Saudí para certificar que las joyas que le fueron intervenidas fueron un regalo oficial del monarca saudí durante su visita oficial a España en 2007. La decisión del juez ha sido acordada tras solicitarlo la Fiscalía Anticorrupción, que sigue investigando tanto la procedencia del ajuar intervenido como su valor de mercado, tasado provisionalmente en 1,3 millones.
En su providencia, Calama solicita esta documentación antes de resolver si finalmente acuerda requerir a las autoridades saudíes por el origen de las joyas que le fueron confiscadas a Zapatero el pasado mes de mayo en su despacho profesional.
La Fiscalía Anticorrupción solicita además al juez que no libre la referida comisión rogatoria al considerarla «injustificada y dudosamente operante» y que se le atribuya, además de los delitos fiscales y de contrabando, otro de malversación. A juicio de la fiscal Elena Lorente, este último tipo penal no estaría prescrito y «emerge de la consciente actuación desviada de la obligación normativa que le impelía a entregar las valiosas joyas recibidas a Patrimonio del Estado». Por lo que considera que el ex presidente español «consumó la sustracción con el acto de disposición de los caudales públicos».
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