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El Tribunal de Cuentas ha abierto ya la instrucción para intentar recuperar dinero público malversado en contratos amañados de Adif, según ha podido confirmar EL MUNDO en fuentes conocedoras de la institución.
La presidenta de la sección de enjuiciamiento, Rebeca Laliga, ha lanzado el proceso tras la posición a favor de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. La institución fiscalizadora se activa así basándose en un informe que aprobó ella misma el pasado diciembre con hallazgos por los que se ha interesado también la Fiscalía Europea. Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil acudieron el viernes a la sede del Tribunal de Cuentas con «una solicitud de información», según un portavoz oficial de la institución, que recuerda el mencionado informe sobre Adif del que este diario informó ya el pasado 28 de diciembre.
Los indicios se centran en adjudicaciones a una constructora de la llamada trama Koldo, pero la investigación puede llevar a más caladeros tras lo que se va conociendo del funcionamiento interno de Adif tras los graves accidentes de este año.
Hay así dos vías de investigación en marcha: la propia del Tribunal de Cuentas confirmada a este diario y la judicial de la Fiscalía Europea.
La instrucción parte de encargos a OPR, grupo de la ‘trama Koldo’
El objetivo del Tribunal de Cuentas es cuantificar el perjuicio al Estado del amaño de adjudicaciones de Adif a constructoras y que los responsables devuelvan el dinero. El Tribunal de Cuentas actúa al margen de la vía penal y su único objetivo es recuperar dinero público y que los malversadores respondan con el embargo preventivo de sus bienes si es preciso. Ésta parte del informe en el que el consejero del Tribunal de Cuentas, José Manuel Otero Lastres, detectó serias irregularidades en contratos financiados por la Unión Europea durante una fiscalización ordinaria de Adif.
El documento muestra cómo hubo ya empleados públicos que denunciaron trato de favor en Adif a una constructora que la investigación judicial ha situado después en la trama del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, y de su asesor, Koldo García. Será complejo identificar a los responsables últimos del amaño, sobre todo si los cargos de Adif que participaron en las adjudicaciones cumplieron órdenes. En la vía penal se señala a Ábalos como responsable final, pero aún es prematura cualquier conclusión en instrucción del Tribunal de Cuentas.
El presidente saliente de Adif ha negado las irregularidades
Según el documento fiscalizador, Adif recibió dos denuncias internas en 2022 en su llamado «canal ético» sobre «falsificación de puntuaciones en licitaciones de contratos de obras para favorecer a una empresa», pero las archivó con «laxitud» y «sin el rigor exigible». Se trata de la constructora Obras Públicas y Regadíos (OPR) y el informe señala al menos dos contratos con cargo a fondos europeos por valor de 85 millones de euros, aunque es prematuro en la fase inicial de instrucción del Tribunal de Cuentas identificar qué adjudicaciones han sido amañadas y con qué perjuicio para las arcas públicas en comparación con ofertas competidoras.
La cúpula de Adif confía en que finalmente se archive el caso. El ya ex presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, defendió en un escrito al Tribunal de Cuentas las adjudicaciones y negó que hubiera habido amaño. Relativizó que «con fecha 13 de abril de 2023 se recibió en Adif una solicitud de información cursada por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)», según el informe del Tribunal de Cuentas, con el argumento de que la Fiscalía Europea no había abierto investigación, pero ya lo ha hecho.
Se da la circunstancia de que fue otra empresa pública, Ineco, la que denunció la manipulación, aunque se desdeñó su acusación. «Un empleado de Adif supuestamente habría dado instrucciones a dos empleados de Ineco para cambiar sus valoraciones sobre las ofertas técnicas presentadas en tres licitaciones, justificando su petición en una orden de su superior jerárquico en Adif», se afirma en el documento, que fue aprobado no sin tensión entre Otero Lastres, propuesto por el PP, con la mayoría de consejeros del PSOE.
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