Tras la prórroga de la actividad de los dos reactores de Almaraz, que continuarán en funcionamiento hasta 2030, el inicio de la próxima década verá cuatro desmantelamientos simultáneos Leer Tras la prórroga de la actividad de los dos reactores de Almaraz, que continuarán en funcionamiento hasta 2030, el inicio de la próxima década verá cuatro desmantelamientos simultáneos Leer
El 30 de noviembre de 2030 dejará de operar la central nuclear de Cofrentes (Valencia). Unas semanas antes, el 2 de octubre, lo habrá hecho Ascó I, en Tarragona (la segunda unidad seguirá en funcionamiento hasta 2032), mientras que los dos reactores de Almaraz, tras la prórroga aprobada por el Gobierno, cerrarán el 8 de junio de ese mismo año. 2030 se convertirá, por lo tanto, en el año del desmantelamiento en España, pues coincidirán cuatro procesos simultáneos, a los que habrá que sumar los trabajos que queden pendientes en Zorita y Garoña. Todo, eso sí, siempre que no se vuelva a modificar el calendario, ya sea por un cambio en el Gobierno tras las elecciones del 29-N (mucho antes de la prórroga, PP y Vox ya defendían la continuidad no solo de Almaraz, sino de todo el parque). O, por qué no, si un nuevo Ejecutivo con Pedro Sánchez al frente decide que hay que prorrogar otra vez la actividad de alguna de las centrales.
Pase lo que pase, no será la primera vez: España tiene una considerable experiencia en el desmantelamiento de instalaciones nucleares. El primer proyecto de este tipo fue el de la fábrica de Uranio de Andújar, entre 1991 y 1994, aunque fue un hito más importante Vandellós I, que sufrió un incendio en octubre de 1989 y fue desmantelada parcialmente entre 1998 y 2003. Supuso uno de los primeros desmontajes de una central nuclear de grafito-gas a nivel mundial y actualmente se encuentra en fase de latencia a escasos metros de Vandellós II, que sigue en funcionamiento.
A esto habría que sumar las mencionadas Zorita (oficialmente, la central nuclear José Cabrera) y Garoña (Santa María de Garoña), que, si bien son de menor tamaño, permiten hacerse una idea de la magnitud del proceso. En Zorita, la cantidad de materiales a gestionar estimada son unas 141.000 toneladas (aunque tan solo el 10% serán residuos radiactivos); en Garoña se calcula que serán tan solo 5.718 toneladas durante la primera fase, aunque la gran mayoría (4.027 toneladas) serán radiactivos.
Esto no quiere decir que en 2030 se vaya a proceder al desmantelamiento de Almaraz I y II, Ascó I y Cofrentes. De hecho, lo normal sería que ni en ese año ni en los posteriores se realizasen obras como tal. Sin embargo, las labores previas se habrían iniciado varios años antes. Zorita, por ejemplo, paró en 2006 y recibió la autorización de desmantelamiento en 2010, mientras que Garoña está en parada definitiva desde 2017, en 2019 se iniciaron las actividades preparatorias de desmantelamiento y en 2023 recibió la autorización de desmantelamiento Fase 1.
Sin embargo, a efectos de planificación y costes sí se prevé que las labores previas se inicien entre tres y -preferentemente- cinco años antes de la fecha de cese definitivo. El desmantelamiento corre a cargo de Enresa, que es la entidad encargada de gestionar los residuos radiactivos en España, pero se limita a cumplir la política energética del país, no a marcarla. Es decir, tienen un plan para el cierre agendado en 2030 porque es la fecha que se contempla ahora mismo y ya están trabajando en esa fase previa con Almaraz porque su actividad iba a terminar antes, en 2027. Si hay cambios en el calendario, se limitarán a reorganizar sus actividades para el año en el que se produzca el cierre.
El proceso de desmantelamiento como tal, por lo tanto, ya ha empezado en cierto modo, pues incluye también los trabajos técnicos y administrativos que ocurren antes del cese de la explotación. «Entre 3 y 5 años antes de la fecha de cese tenemos que empezar a trabajar», ilustra Manolo Rodríguez, director de Operaciones de Enresa, en conversación con EL MUNDO. En estos años se llevarán a cabo las actividades de vaciado de piscina -el combustible utilizado-, se gestionan los residuos operacionales -los que tiene acumulados el operador- y, «a su vez, nosotros estamos haciendo labores previas o preparatorias del desmantelamiento y obteniendo las autorizaciones necesarias». Por ejemplo, Enresa ayuda al titular a construir el Almacén Temporal Individualizado (ATI) en el que descansarán los residuos de alta actividad hasta, al menos, 2073, cuando se envíen a un Almacenamiento Geológico Profundo (AGP) que, de momento, no tiene emplazamiento.
Pero también se crea. O, mejor dicho, se adapta: algunas de las instalaciones de la central adquirirán un nuevo papel durante este proceso, ya que no tendría sentido construir edificios nuevos que después deberían demolerse igualmente. Desde el punto de vista del papeleo, que no es poco, cuando para la planta se presenta «la documentación soporte de la solicitud de autorización de desmantelamiento», explica Rodríguez. «Una vez que el Consejo de Seguridad Nuclear ha hecho la evaluación y ha verificado que todo es correcto se puede producir la transferencia de titularidad», continúa el director de Operaciones. Ahí empezaría el desmantelamiento más físico.
Según resume Mariano Navarro, director técnico de Enresa, «el reto es hacer el trabajo con mucho orden». Es decir, «conocer bien previamente lo que vas a hacer» para saber qué ocurre después con cada elemento -del reactor, al suelo, pasando por la pared o una tubería- «y no mezclar una cosa que está limpia con una contaminada». De este modo, se consigue que el desmantelamiento termine con la menor cantidad posible de residuos radiactivos, entre un 10% y un 15% del total.
Los elementos más peligrosos -de alta actividad- son los cercanos a la vasija del reactor, que es donde se coloca el combustible durante el funcionamiento de la central, aunque también hay otros de media, baja o muy baja actividad. Mientras, otros pueden dar origen a residuos durante el proceso de desmantelamiento, de ahí que en todo momento se mida con precisión la actividad. Por ejemplo, para el hormigón se suelen utilizar escarificadoras, unos equipos que arañan las paredes y retiran la contaminación superficial, que solo está presente en los primeros milímetros o centímetros. También se utiliza hilo de diamante para realizar cortes limpios y precisos. «Imagínate el destrozo que te hace si entras con un martillo neumático», apunta Navarro.
Otros componentes se cortan en las propias piscinas en las que se enfría el combustible, donde una capa de agua de varios metros de profundidad blinda por completo de la radiación. «Hasta ahora hemos elegido métodos de corte mecánico, porque lo que queda aquí no es polvo, son virutas metálicas», expone Rodríguez. Esas virutas caen a la mesa de corte, se recogen y se meten en los contenedores junto con el residuo correspondiente.
Es, a todas luces, un proceso complejo y minucioso, basado en la experiencia internacional y en lo que se ha aprendido -y se sigue aprendiendo- en Vandellós, Zorita o Garoña. «Desde hace muchos años tenemos estudios genéricos sobre el desmantelamiento de nuestros reactores, basados en las experiencias internacionales en muchos de ellos y luego acercándonos a nuestro caso particular», detalla Navarro. «De este modo, cuando llega la posibilidad de desmantelar Almaraz o Cofrentes, tenemos un camino recorrido; luego hay que intensificarlo en los últimos años, pero tenemos una base de conocimiento», insiste.
En José Cabrera han trabajado en torno a 300 personas en este proceso, aunque en una central de mayor tamaño los picos pueden ser de 350 o 400 personas. «En España las empresas tienen las habilidades necesarias para acompañarnos en el desmantelamiento», tranquiliza Rodríguez. Porque, a pesar de lo complejo, la idea subyacente es muy sencilla: «Al final, en un desmantelamiento, lo que tienes es un proceso de actividades para pasar de la planta a tener un solar que puedas devolver al propietario».
El coste de la obra lo asume Enresa, que se financia mediante una tasa que cobra a las centrales durante toda su actividad por la electricidad producida. Pero, ¿cuánto cuesta desmantelar una central? «En el caso de Zorita estamos hablando de unos 300 millones de euros«, calcula Rodríguez, que concede que «es una central pequeñita». «En el caso de Garoña, el presupuesto que tenemos estimado es de 475 millones», continúa, aunque el presupuesto se reevaluará en la fase 2. Para Almaraz I y II, la «primera estimación» -a falta de realizar el proyecto- es de «unos 960 millones de euros» entre los dos reactores. Aunque, en teoría, coincidan en año, no hay de momento un coste aproximado para Ascó y Cofrentes.
Navarro no oculta que «es un reto para todos: para nosotros y para la industria». Pero, al mismo tiempo, explica que todos los tiempos están publicados, no será algo que ocurra de un día para otro y «está claro que lo sabe toda la industria». «Y también es un reto para ellos el prepararse para dar una respuesta llegado ese momento», argumenta. Porque «lo bueno de tener esas fechas publicadas es que a todos nos permite planificarlos y organizarnos, no solamente a Enresa». «Nosotros tenemos el reto de llevarlo adelante, pero las empresas que están en este sector o quieran entrar en este sector tienen una oportunidad clara de actividad, de negocio, de trabajo», celebra Navarro: «Ahí estamos todos».
Fuente de los gráficos: Enresa, Foro Nuclear, ANAV y elaboración propia.
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