El cerco de Bruselas sobre internet es cada vez más estrecho y en ese camino la Comisión Europea lanzó este miércoles su propuesta para la Ley de Equidad Digital (DFA, por sus siglas en inglés), un paquete regulatorio diseñado para actualizar la normativa comunitaria de consumo y garantizar que las compras en línea tengan el mismo nivel de protección que las transacciones en tiendas físicas. Es decir, nada de trampas por comprar por internet. De forma paralela, el Ejecutivo europeo ha propuesto la reforma del Reglamento sobre la Cooperación para la Protección de los Consumidores (CPC), dotando a las autoridades de nuevas herramientas de supervisión transfronteriza.
Según las estimaciones oficiales de la Comisión, la eliminación de estas prácticas desleales y el establecimiento de un entorno digital transparente permitirán a los consumidores de la Unión Europea ahorrar hasta 13.700 millones de euros anuales. Al mismo tiempo, la medida «busca simplificar los trámites para el tejido empresarial y asegurar una competencia justa y equilibrada en todo el mercado único», explican.
Para asegurar la máxima uniformidad legislativa, la Ley de Equidad Digital convertirá, sostiene el Ejecutivo comunitario, la actual Directiva sobre prácticas comerciales desleales en un Reglamento de aplicación directa en todos los Estados miembros. «Esta transformación jurídica eliminará la fragmentación regulatoria entre países y reducirá los costes administrativos que sufren las empresas al adaptarse a normativas nacionales heterogéneas», añade la explicación de la Comisión.
En el núcleo de la norma se sitúa la prohibición expresa de las «trampas» en internet o dark patterns, definidas como tácticas comerciales y de diseño destinadas a manipular las decisiones del usuario. La lista negra de la legislación vetará de forma tajante los falsos avisos de urgencia (como el uso del reclamo «última unidad disponible»), la inclusión automática de artículos en la cesta de compra, las casillas preseleccionadas y las técnicas de persuasión que avergüenzan al usuario cuando intenta cancelar un servicio. En cuanto al diseño adictivo, la ley introduce el principio de «equidad desde el diseño», garantizando el derecho del consumidor a desactivar las funciones que fomentan el uso compulsivo de plataformas y aplicaciones. Entre estas opciones se incluye la capacidad de detener la reproducción automática de vídeos o pausar las notificaciones persistentes no vinculadas directamente a la actividad en curso.
La protección de la infancia cobra un protagonismo especial en el sector de los videojuegos, donde la norma prohíbe las mecánicas de pago aleatorias y de apuestas dirigidas a menores, como las cajas de botín (loot boxes) y los sistemas pay-to-win. Además, las compras con monedas virtuales deberán mostrar siempre su equivalencia en dinero real y estarán desactivadas por defecto para los usuarios menores de edad.
Foco también en los influencers
El texto aborda también la regulación del único mercado de influencers, exigiendo que cualquier contenido patrocinado o publicitario se identifique con total claridad para no confundirlo con recomendaciones personales. Asimismo, se prohíbe a todas las páginas web y aplicaciones dirigir publicidad o precios personalizados a menores de edad, así como utilizar datos sensibles (como salud o religión) con fines comerciales.
Respecto a la transparencia de precios, la regulación acaba con los costes ocultos añadidos al final del proceso de reserva (drip pricing) y exige mostrar el importe íntegro desde el inicio. En las colas virtuales y la reventa de entradas para eventos culturales o deportivos, las plataformas deberán mostrar la evolución del precio en tiempo real, la tarifa máxima posible y la ubicación exacta asignada. Para combatir las suscripciones engañosas, Bruselas exige que el procedimiento para darse de baja de un servicio digital sea tan ágil y sencillo como el de alta. La ley requerirá una confirmación explícita antes de transformar un periodo de prueba gratuito en una suscripción de pago, prohibirá las renovaciones automáticas no deseadas y garantizará la atención por un agente humano.
En materia de control e inspección, la Comisión Europea asumirá competencias directas de sanción ante infracciones de gran escala que afecten al menos a dos tercios de los Estados miembros y procedan de empresas no pymes. En estos casos de impacto masivo, la Comisión podrá imponer multas de hasta el 6% de la facturación global anual de la compañía. Por otra parte, la revisión del marco de cooperación CPC exigirá que las empresas procedentes de fuera de la Unión Europea designen un representante legal en territorio comunitario. Esta medida busca asegurar «que las grandes plataformas extracomunitarias cumplan estrictamente las reglas del mercado europeo y no compitan en situación de ventaja desleal».
En general, sostiene Bruselas, esta Ley de Equidad Digital actúa «como una red de seguridad que complementa el marco normativo digital» de la UE, compuesto por la Ley de Servicios Digitales (DSA), la Ley de Mercados Digitales (DMA), la Ley de IA y la EU KIDS Act. Tras su tramitación en el Parlamento Europeo y el Consejo, la norma culminará el ecosistema de protección digital de la Unión.
«El mercado único se nutre de sus 450 millones de consumidores. Nuestra legislación debe adaptarse a la forma en que la gente vive, compra y hace negocios hoy en día. Esta reforma hará que la vida cotidiana sea más sencilla, más justa y más segura para los consumidores, al tiempo que proporcionará a las empresas la claridad y la confianza que necesitan para prosperar», reaccionó tras el anuncio la vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de la Soberanía Digital, Henna Virkkunen.
Plantea también la Comisión poder sancionar con hasta el 6% de la facturación global a las grandes multinacionales que vulneren los derechos de los usuarios.
El cerco de Bruselas sobre internet es cada vez más estrecho y en ese camino la Comisión Europea lanzó este miércoles su propuesta para la Ley de Equidad Digital (DFA, por sus siglas en inglés), un paquete regulatorio diseñado para actualizar la normativa comunitaria de consumo y garantizar que las compras en línea tengan el mismo nivel de protección que las transacciones en tiendas físicas. Es decir, nada de trampas por comprar por internet. De forma paralela, el Ejecutivo europeo ha propuesto la reforma del Reglamento sobre la Cooperación para la Protección de los Consumidores (CPC), dotando a las autoridades de nuevas herramientas de supervisión transfronteriza.
Según las estimaciones oficiales de la Comisión, la eliminación de estas prácticas desleales y el establecimiento de un entorno digital transparente permitirán a los consumidores de la Unión Europea ahorrar hasta 13.700 millones de euros anuales. Al mismo tiempo, la medida «busca simplificar los trámites para el tejido empresarial y asegurar una competencia justa y equilibrada en todo el mercado único», explican.
Para asegurar la máxima uniformidad legislativa, la Ley de Equidad Digital convertirá, sostiene el Ejecutivo comunitario, la actual Directiva sobre prácticas comerciales desleales en un Reglamento de aplicación directa en todos los Estados miembros. «Esta transformación jurídica eliminará la fragmentación regulatoria entre países y reducirá los costes administrativos que sufren las empresas al adaptarse a normativas nacionales heterogéneas», añade la explicación de la Comisión.
En el núcleo de la norma se sitúa la prohibición expresa de las «trampas» en internet o dark patterns, definidas como tácticas comerciales y de diseño destinadas a manipular las decisiones del usuario. La lista negra de la legislación vetará de forma tajante los falsos avisos de urgencia (como el uso del reclamo «última unidad disponible»), la inclusión automática de artículos en la cesta de compra, las casillas preseleccionadas y las técnicas de persuasión que avergüenzan al usuario cuando intenta cancelar un servicio. En cuanto al diseño adictivo, la ley introduce el principio de «equidad desde el diseño», garantizando el derecho del consumidor a desactivar las funciones que fomentan el uso compulsivo de plataformas y aplicaciones. Entre estas opciones se incluye la capacidad de detener la reproducción automática de vídeos o pausar las notificaciones persistentes no vinculadas directamente a la actividad en curso.
La protección de la infancia cobra un protagonismo especial en el sector de los videojuegos, donde la norma prohíbe las mecánicas de pago aleatorias y de apuestas dirigidas a menores, como las cajas de botín (loot boxes) y los sistemas pay-to-win. Además, las compras con monedas virtuales deberán mostrar siempre su equivalencia en dinero real y estarán desactivadas por defecto para los usuarios menores de edad.
El texto aborda también la regulación del único mercado de influencers, exigiendo que cualquier contenido patrocinado o publicitario se identifique con total claridad para no confundirlo con recomendaciones personales. Asimismo, se prohíbe a todas las páginas web y aplicaciones dirigir publicidad o precios personalizados a menores de edad, así como utilizar datos sensibles (como salud o religión) con fines comerciales.
Respecto a la transparencia de precios, la regulación acaba con los costes ocultos añadidos al final del proceso de reserva (drip pricing) y exige mostrar el importe íntegro desde el inicio. En las colas virtuales y la reventa de entradas para eventos culturales o deportivos, las plataformas deberán mostrar la evolución del precio en tiempo real, la tarifa máxima posible y la ubicación exacta asignada. Para combatir las suscripciones engañosas, Bruselas exige que el procedimiento para darse de baja de un servicio digital sea tan ágil y sencillo como el de alta. La ley requerirá una confirmación explícita antes de transformar un periodo de prueba gratuito en una suscripción de pago, prohibirá las renovaciones automáticas no deseadas y garantizará la atención por un agente humano.
En materia de control e inspección, la Comisión Europea asumirá competencias directas de sanción ante infracciones de gran escala que afecten al menos a dos tercios de los Estados miembros y procedan de empresas no pymes. En estos casos de impacto masivo, la Comisión podrá imponer multas de hasta el 6% de la facturación global anual de la compañía. Por otra parte, la revisión del marco de cooperación CPC exigirá que las empresas procedentes de fuera de la Unión Europea designen un representante legal en territorio comunitario. Esta medida busca asegurar «que las grandes plataformas extracomunitarias cumplan estrictamente las reglas del mercado europeo y no compitan en situación de ventaja desleal».
En general, sostiene Bruselas, esta Ley de Equidad Digital actúa «como una red de seguridad que complementa el marco normativo digital» de la UE, compuesto por la Ley de Servicios Digitales (DSA), la Ley de Mercados Digitales (DMA), la Ley de IA y la EU KIDS Act. Tras su tramitación en el Parlamento Europeo y el Consejo, la norma culminará el ecosistema de protección digital de la Unión.
«El mercado único se nutre de sus 450 millones de consumidores. Nuestra legislación debe adaptarse a la forma en que la gente vive, compra y hace negocios hoy en día. Esta reforma hará que la vida cotidiana sea más sencilla, más justa y más segura para los consumidores, al tiempo que proporcionará a las empresas la claridad y la confianza que necesitan para prosperar», reaccionó tras el anuncio la vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de la Soberanía Digital, Henna Virkkunen.
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