El Consejo de Ministros también remite a la magistrada de la Audiencia Nacional nuevos informes del Centro Nacional de Inteligencia y otro de las Fuerzas Armadas Leer El Consejo de Ministros también remite a la magistrada de la Audiencia Nacional nuevos informes del Centro Nacional de Inteligencia y otro de las Fuerzas Armadas Leer
El jefe de la delegación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en Ceuta podrá declarar como testigo ante la juez de la Audiencia Nacional que investiga la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos del 30 y 31 de julio. Así lo autorizó el Consejo de Ministros del pasado martes, conforme a la respuesta enviada a la magistrada María Tardón.
La decisión supone que el miembro del CNI podrá dar detalles sobre las llamadas que mantuvo con el jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en la ciudad autónoma los días previos y de los mensajes que se cruzaron. Esa era una de las solicitudes incluidas en la exposición razonada remitida el 27 de octubre al Gobierno por parte de la juez, que consideró claramente insuficiente la información que le había aportado el CNI en su informe inicial.
El acuerdo remitido a la Audiencia está firmado por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y cumple el plazo de 15 días que había marcado la instructora del caso.
El CNI dispone de 26 agentes en Ceuta y la autorización para declarar alcanza a los dos que había reclamado la juez, identificados solo por su número de identificación personal (NIP). El primero es el jefe de la delegación en la ciudad autónoma, al que se le preguntará por las llamadas que tuvieron lugar el 27 de julio a las 11.20 horas, el 28 a las 10 horas y el 29 a las 21.34 horas.
En las tres llamadas el agente habló con Gonzalo Sanz, jefe de Gabinete del delegado del Gobierno, al que alertó del riesgo de una entrada masiva, con convocatorias en redes sociales que alcanzaban a al menos 180.000 usuarios. Así lo testificó el propio Sanz ante la juez, añadiendo que trasladó la alerta al delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano. Sanz dimitió cuando Pérez Triano afirmó públicamente que no le había trasladado el aviso, y el propio delegado abandonó posteriormente el puesto.
El segundo agente pertenece a los servicios centrales del CNI. Testificará, entre otros puntos, sobre la llamada que mantuvo el 29 de julio a las 14.41 horas con el comandante jefe del Grupo 3 de Inmigración Irregular de la Unidad Central Especial (UCE-3) de la Jefatura de Información de la Guardia Civil.
Según ha sabido este diario, se trata de la persona que en ese momento llevaba desde la capital todo lo relativo a la ciudad autónoma. Su testimonio es relevante porque durante los días previos a la violación de la soberanía territorial este agente fue quien mantiene contacto con la Guardia Civil y quien ordena al jefe de la delegación de Ceuta que haga extensivo al jefe de Gabinete de la delegación de Gobierno la alerta temprana del cruce masivo.
El Consejo de Ministros autoriza a ambos a declarar sobre la información «directamente vinculada con los hechos acaecidos los días 30 y 31 de julio de 2026». Y cancela la clasificación de secreto de lo necesario para que puedan hacerlo. La comparecencia se hará con el máximo grado de protección para que tenga lugar «sin merma de su seguridad personal, protegiendo su identidad y apariencia».
La autorización tiene unos límites, que los miembros de los servicios secretos tendrán que calibrar en sus respuestas. «Tales declaraciones, en todo caso, no podrán dar lugar a riesgos o perjuicios para la Seguridad del Estado, ni podrá comprometer los intereses fundamentales de la Nación en materia de Defensa Nacional, ni podrá poner en peligro la eficacia, las fuentes de información, los medios y los procedimientos operativos del CNI, ni la integridad física de quienes son o fueron fuentes o agentes operativas, colaboradores o de sus familiares y allegados, en todo lo cual se mantiene el carácter secreto de dicha información».
El acuerdo desclasifica además ocho notas que el CNI remitió a diferentes autoridades nacionales entre el 31 de julio y el 11 de septiembre, con sus listas de distribución y acuses de recibo, también reclamadas por la juez. Sin embargo, y a diferencia de la primera desclasificación acordada por el Gobierno, los documentos no serán de acceso público. Los remite a la juez, que anticipó que los llevaría a la pieza secreta de esta investigación.
En cuanto a Marruecos, el Ejecutivo levanta las tachaduras de la nota que el CNI envió el 29 de julio a los servicios de inteligencia marroquíes, con una alerta temprana sobre posibles intentos de entrar en Ceuta durante la semana de la Fiesta del Trono. Levantar «totalmente la tacha de esa Nota podría ayudar a la investigación judicial», sostiene el texto. También desclasifica otras cuatro notas posteriores remitidas a Rabat.
Lo que no llegará al juzgado son las respuestas marroquíes, elaboradas por la DGED -el servicio de inteligencia exterior- y la DGST -servicio de inteligencia interior-. El Gobierno alega la imposibilidad de transmitir información de un servicio extranjero sin su consentimiento, algo que podría acarrear «un ilícito internacional». Recuerda que los propios documentos de la DGED advierten expresamente de que la información no debe ser utilizada «para fines de procesos judiciales» sin su consentimiento «explícito».
El CNI trasladó la petición de desclasificación a las autoridades marroquíes el pasado 30 de octubre. Del documento remitido a la juez se desprende que no consta aún respuesta. Mientras no llegue una luz verde, los documentos permanecerán bajo secreto.
Tardón también reclamó la desclasificación de un informe del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Cifas), denominado «Evolución de la crisis en Ceuta» y fechado el 4 de agosto. El Gobierno acuerda desclasificarlo con la salvedad del pie de una fotografía. El Gobierno justifica la reserva en que revelaría «metodologías operativas o herramientas de ciberinteligencia».
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