El australiano Byron Haddow tenía 23 años cuando murió en una lujosa villa de Bali, en Indonesia. Su cuerpo fue hallado el 26 de mayo y mostraba diversos traumatismos y arañazos. El examen forense determinó una elevada ingesta de alcohol sumada a un antidepresivo. Hasta aquí, parece la terrible historia de una mala noche con final atroz. Pero la ulterior pesadilla comenzó a tomar forma meses después, cuando los familiares de Byron descubrieron que a su cuerpo le faltaba el corazón. Y ahora, surgen una serie de preguntas y una espantosa duda.
Primera incongruencia: la policía balinesa fue conocedora del suceso cuatro días más tarde de su fallecimiento. Desde el hotel afirmaron que Byron se había ahogado en la piscina y, al no sospechar de una muerte violenta, no avisaron antes a las autoridades. La familia cree que durante esos días de vacío legal la escena pudo haberse adulterado. Segunda incongruencia: el cuerpo de Byron llegó a Australia en junio. Al realizarse una nueva autopsia allí, se descubrió que le faltaba el corazón. El director del hospital indonesio ha asegurado que el procedimiento se llevó a cabo según su legislación, y explicó que el órgano fue devuelto más tarde porque todavía estaba siendo examinado.
A estas dos secuencias se suma la sensación de una investigación errática en la que ni se llevaron a cabo los interrogatorios a quienes estuvieron con Byron la noche que murió, ni se informó a la familia de la extracción de su corazón. Ahora, asola la duda de un posible caso de tráfico de órganos que, desde el hospital, se niega en rotundo.
Indonesia no figura entre los países señalados como principales focos de turismo de trasplantes y mercado negro, aunque existen casos documentados de redes que operan desde ese país. Los donantes, considerados víctimas, suelen proceder de zonas de Asia, África, Sudamérica u Oriente Medio, y los países con mayor incidencia siguen siendo China, India, Pakistán, Irak y Filipinas. En los últimos años, se ha puesto el foco también en Egipto, Bangladesh, Nepal o Turquía.
El precio por un órgano en el mercado negro ronda los 150.000 y 200.000 euros, pero el donante recibe apenas el 5% de la suma o incluso menos. En la mayoría de casos se produce por medio del engaño, coacción o secuestro. Los traficantes se aprovechan de situaciones de desamparo o pobreza extrema, por eso suelen estar en el punto de mira los focos de conflicto latente. Un ejemplo son los refugiados que para costearse su viaje a Occidente acuden a este tipo de mercado. A veces, se ven obligados a vender un riñón por solo 2.000 euros, que terminan en las manos de las mafias que les prometen alcanzar las ansiadas costas de Europa.
Aunque haya víctimas que parecen consentir la extracción, se entiende que la aceptación no es válida al sustentarse en situaciones de abuso y fraude. Otra línea de negocio es la trata de personas sin su consentimiento, redes sofisticadas que secuestran a personas vulnerables y les practican las operaciones en condiciones de insalubridad. Suelen llevarse a cabo en hospitales clandestinos o con la complicidad de sanitarios corruptos. Según la OMS, entre el 5% y el 10% de los trasplantes se realizan de manera ilegal, pero los compradores no siempre saben que están acudiendo al mercado negro. Esto ocurre porque algunas empresas, instituciones u hospitales ocultan sus prácticas bajo una fachada legal.
Así surgen páginas web que prometen evitar las largas esperas, el comprador firma un documento en el que no aparece que se esté pagando al donante y el precio se justificaría como gastos de gestión. La compraventa de órganos humanos es ilegal en prácticamente todos los países en virtud de las directrices de la OMS, y solo se aceptan intercambios altruistas.
Pocos pueden costearse el trámite, por eso los clientes suelen proceder de zonas ricas de todas partes del mundo, desde Arabia Saudí o Qatar hasta Japón, Australia, Israel o Europa occidental. De momento, el caso de Byron se sigue investigando y las acusaciones de presunto tráfico de órganos permanecen en la línea del rumor. A menudo la desesperación por salvar la vida lleva a algunos a vender y a otros a comprar, porque, aunque anualmente se realicen más de 150.000 trasplantes en todo el mundo, esa cifra cubre menos del 10% de la demanda mundial. Un problema que se nutre de otros, y que deja una marca indeleble que no tiene retorno.
El precio por un órgano en el mercado negro ronda los 150.000 y 200.000 euros, pero algunos donantes llegan a venderlos, bajo coacción o engaño, por menos de 5.000 euros.
El australiano Byron Haddow tenía 23 años cuando murió en una lujosa villa de Bali, en Indonesia. Su cuerpo fue hallado el 26 de mayo y mostraba diversos traumatismos y arañazos. El examen forense determinó una elevada ingesta de alcohol sumada a un antidepresivo. Hasta aquí, parece la terrible historia de una mala noche con final atroz. Pero la ulterior pesadilla comenzó a tomar forma meses después, cuando los familiares de Byron descubrieron que a su cuerpo le faltaba el corazón. Y ahora, surgen una serie de preguntas y una espantosa duda.
Primera incongruencia: la policía balinesa fue conocedora del suceso cuatro días más tarde de su fallecimiento. Desde el hotel afirmaron que Byron se había ahogado en la piscina y, al no sospechar de una muerte violenta, no avisaron antes a las autoridades. La familia cree que durante esos días de vacío legal la escena pudo haberse adulterado. Segunda incongruencia: el cuerpo de Byron llegó a Australia en junio. Al realizarse una nueva autopsia allí, se descubrió que le faltaba el corazón. El director del hospital indonesio ha asegurado que el procedimiento se llevó a cabo según su legislación, y explicó que el órgano fue devuelto más tarde porque todavía estaba siendo examinado.
A estas dos secuencias se suma la sensación de una investigación errática en la que ni se llevaron a cabo los interrogatorios a quienes estuvieron con Byron la noche que murió, ni se informó a la familia de la extracción de su corazón. Ahora, asola la duda de un posible caso de tráfico de órganos que, desde el hospital, se niega en rotundo.
Indonesia no figura entre los países señalados como principales focos de turismo de trasplantes y mercado negro, aunque existen casos documentados de redes que operan desde ese país. Los donantes, considerados víctimas, suelen proceder de zonas de Asia, África, Sudamérica u Oriente Medio, y los países con mayor incidencia siguen siendo China, India, Pakistán, Irak y Filipinas. En los últimos años, se ha puesto el foco también en Egipto, Bangladesh, Nepal o Turquía.
El precio por un órgano en el mercado negro ronda los 150.000 y 200.000 euros, pero el donante recibe apenas el 5% de la suma o incluso menos. En la mayoría de casos se produce por medio del engaño, coacción o secuestro. Los traficantes se aprovechan de situaciones de desamparo o pobreza extrema, por eso suelen estar en el punto de mira los focos de conflicto latente. Un ejemplo son los refugiados que para costearse su viaje a Occidente acuden a este tipo de mercado. A veces, se ven obligados a vender un riñón por solo 2.000 euros, que terminan en las manos de las mafias que les prometen alcanzar las ansiadas costas de Europa.
Aunque haya víctimas que parecen consentir la extracción, se entiende que la aceptación no es válida al sustentarse en situaciones de abuso y fraude. Otra línea de negocio es la trata de personas sin su consentimiento, redes sofisticadas que secuestran a personas vulnerables y les practican las operaciones en condiciones de insalubridad. Suelen llevarse a cabo en hospitales clandestinos o con la complicidad de sanitarios corruptos. Según la OMS, entre el 5% y el 10% de los trasplantes se realizan de manera ilegal, pero los compradores no siempre saben que están acudiendo al mercado negro. Esto ocurre porque algunas empresas, instituciones u hospitales ocultan sus prácticas bajo una fachada legal.
Así surgen páginas web que prometen evitar las largas esperas, el comprador firma un documento en el que no aparece que se esté pagando al donante y el precio se justificaría como gastos de gestión. La compraventa de órganos humanos es ilegal en prácticamente todos los países en virtud de las directrices de la OMS, y solo se aceptan intercambios altruistas.
Pocos pueden costearse el trámite, por eso los clientes suelen proceder de zonas ricas de todas partes del mundo, desde Arabia Saudí o Qatar hasta Japón, Australia, Israel o Europa occidental. De momento, el caso de Byron se sigue investigando y las acusaciones de presunto tráfico de órganos permanecen en la línea del rumor. A menudo la desesperación por salvar la vida lleva a algunos a vender y a otros a comprar, porque, aunque anualmente se realicen más de 150.000 trasplantes en todo el mundo, esa cifra cubre menos del 10% de la demanda mundial. Un problema que se nutre de otros, y que deja una marca indeleble que no tiene retorno.
20MINUTOS.ES – Internacional
