Las mujeres que habían denunciado previamente y aún así fueron asesinadas han superado el número de las que lo hicieron en los tres años anteriores. El 78% había roto con su agresor Leer Las mujeres que habían denunciado previamente y aún así fueron asesinadas han superado el número de las que lo hicieron en los tres años anteriores. El 78% había roto con su agresor Leer
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Silvia tenía 49 años cuando fue tiroteada en las calles de Zaragoza por su ex marido, que después se disparó en la cabeza para quitarse la vida. En Miranda de Ebro, Dolores (58) murió calcinada junto a su madre y una vecina en el edificio en el que vivía: su ex pareja le prendió fuego y bloqueó la salida con colchones para evitar que escapara. Desde que arrancó 2026, los medios de ejecución de los últimos asesinatos machistas llaman la atención, más aun cuando el número de asesinadas en el primer trimestre ha vuelto a dispararse con fuerza.
Entre el 1 de enero y el 23 de marzo, 14 mujeres han sido asesinadas en España por su pareja o ex pareja, según la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. La cifra es dramática: duplica la registrada para este mismo periodo en los dos años anteriores y es, a su vez, la más alta desde 2020, cuando murieron 19, justo antes del confinamiento por el covid. También es el noveno valor más alto del registro histórico en 24 años.
«Son cifras muy alarmantes, pero llevamos sufriendo esa violencia mucho tiempo», esclarece Timanfaya Hernández, psicóloga sanitaria y forense y decana del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. «Los datos indican no sólo una escalada de violencia, sino de las formas de ejercerla en el día a día con el control o el acceso a la información de las víctimas. No sólo aumentan las muertes sino que hay muchos factores que inciden en la forma en que se ejerce la violencia».
Lo más alarmante: el 71,4% de las víctimas de 2026 ya no convivía con su agresor, un porcentaje del todo inusual; 10 de las 14 asesinadas no compartía vivienda con su asesino, lo que evidencia que el peligro trasciende el núcleo de convivencia y apunta a fallos en la protección. «En determinados perfiles la separación suele ser un factor que aumenta el riesgo porque es una situación de pérdida de control y poder sobre la víctima, por lo que suele suceder que se aumenten estas conductas violentas e impulsivas», explica Hernández.
Nunca antes esta característica había registrado un valor tan alto. En 2025, el peligro se localizó en casa: el 81% convivía con su agresor. El porcentaje de crímenes perpetrados mientras víctima y agresor no convivían tocó su techo en 2021: de las 49 mujeres asesinadas, 16 (32,7%) no compartía hogar con el asesino. Ahora la cifra es 38 puntos mayor.
La separación física no blinda. Tampoco las denuncias. De las víctimas en 2026, el 64,3% no denunció. Pero también asesinaron a mujeres que habían alertado, lo que abunda en grietas en el sistema de protección. Esto «indica que a veces la valoración del riesgo no es acertada y hay que mejorarla. Estamos normalizando datos alarmantes cada día», incide Timanfaya Hernández.
Cinco de las 14 víctimas de 2026 denunciaron antes: un 35,7%. Sin ser muy alto, el porcentaje ya es mayor que el balance de las denunciantes asesinadas en 2025: 20,8%. El porcentaje de denunciantes de estos tres primeros meses supera también a las que lo hicieron en 2024 (32,7%) y en 2023 (25,9%). Sólo una mujer de las cinco que habían denunciado en 2026 decidió no continuar con el proceso tras la apertura del caso. En los cuatro casos restantes se interpusieron medidas que estaban en vigor en el momento de su muerte y que fueron quebrantadas. Según el tipo de vínculo, sólo 3 de las 14 asesinadas (21,4%) mantenía una relación de pareja con su agresor, frente al 78,6% que no.
Tanto víctimas como agresores eran, en su mayoría, nacidos en España (78,6%). En ambos casos el 21,4% de cada uno había nacido en otro país. Son porcentajes que tampoco cuadran con la tendencia de los últimos años, cuando la presencia de extranjeros era más alta. Esta circunstancia había sido enarbolada desde sectores políticos de la derecha radical para justificar su ruptura con el consenso en violencia de género.
Si se tienen en cuenta los menores de edad muertos en estas circunstancias, sube a 17 el total de víctimas. Fueron tres los vástagos asesinados: la misma cifra que todos los de 2025 y la más alta registrada para este periodo desde que se empezaron a recoger estos datos en 2013. «Necesitamos personas especializadas que valoren este riesgo. Ante la mínima alerta el foco tiene que estar en los menores». El asesinato de Aitana (3 años) en Torrevieja a manos de su padre, que después se quitó la vida, es el caso más reciente. Consideraciones, todas ellas, que ahondan en los fallos sistémicos ya reseñados.
Desde el Gobierno, se han centrado en los últimos meses en tratar de cerrar la crisis de los fallos de las pulseras antiagresores -otra quiebra en el sistema de protección-, mientras subrayan la apuesta por desplegar todos los recursos. La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, afirmó la semana pasada que a diciembre de 2025 el Gobierno había destinado más de 82 millones a medidas directas, y que de las 461 que comprende el Pacto de Estado contra la Violencia de Género (renovado en febrero de 2025), se habían activado 235 (51%).
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