La polémica alrededor de eutanasia de Noelia Castillo continúa tras su muerte. La joven parapléjica de 25 años recibió la prestación de ayuda para morir el pasado jueves tras un insólito periplo judicial de casi dos años en los que su padre, representado por la organización ultracatólica Abogados Cristianos, intentó revocar su decisión. Hasta cinco instancias judiciales dieron la razón a la joven y avalaron su eutanasia, que se practicó hace una semana. Pero su caso sigue dando coletazos. El último, la investigación que, según el diario sensacionalista New York Post, ha iniciado la Embajada de Estados Unidos sobre este caso. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha salido al paso de estos movimientos exigiendo al presidente estadounidense Donald Trump que “deje de alimentar la agenda ultra internacional metiendo sus narices en cualquier sitio”: “España es un país serio, con un sistema sanitario sólido y un marco de derechos que protege y cuida a todas las personas, también a las que deciden pedir ayuda para morir dignamente en contextos regulados por ley, evaluados por comités clínicos y avalados por los tribunales”, ha escrito la ministra en la red social X.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, responde a una nueva denuncia de Abogados Cristianos y a la investigación que, según el ‘New York Post’, ha iniciado la Embajada de EE UU
La polémica alrededor de eutanasia de Noelia Castillo continúa tras su muerte. La joven parapléjica de 25 años recibió la prestación de ayuda para morir el pasado jueves tras un insólito periplo judicial de casi dos años en los que su padre, representado por la organización ultracatólica Abogados Cristianos, intentó revocar su decisión. Hasta cinco instancias judiciales dieron la razón a la joven y avalaron su eutanasia, que se practicó hace una semana. Pero su caso sigue dando coletazos y, según ha avanzado el diario New York Post, Estados Unidos ha abierto también una investigación para recabar información sobre cómo se gestionó el caso de Noelia y las decisiones que permitieron llevar a cabo el procedimiento.
Esta intervención de Estados Unidos, que según el New York Post ha pedido explicaciones a España a través de su embajada en Madrid, coincide con el anuncio por parte de Abogados Cristianos de que denunciará también a la médica que tramitó la eutanasia de Noelia por “prevaricación y conflicto de intereses”. En un mensaje en sus redes sociales, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha respondido a estas acusaciones: “Defenderemos con toda la firmeza a los y las profesionales de nuestro sistema sanitario ante cualquier ataque malintencionado que cuestione su valía y actuación. Defendemos el derecho a una muerte digna después de aprobar uno de los marcos legales más avanzados y ejemplares del mundo”.
Fuentes del Govern sitúan esta posición de Illa en el contexto de “amenazas”. El Govern interpreta tanto la denuncia de Abogados Cristianos como las informaciones procedentes de Estados Unidos como parte de una ofensiva más amplia para cuestionar la ley de eutanasia, reglamento impulsado en 2021 por el propio Illa cuando era ministro de Sanidad.
El Post asegura que funcionarios bajo anonimato informaron que el Departamento de Estado instruyó a la Embajada de Estados Unidos en Madrid para recabar información sobre cómo se gestionó la eutanasia de Noelia. Según el diario estadounidense, algunos funcionarios expresaron preocupación por posibles fallas en el sistema de protección a personas vulnerables y cuestionaron la aplicación de la ley de eutanasia en casos de sufrimiento no terminal o por dolencias psiquiátricas. Además, indicaron que Noelia Castillo había mostrado “dudas” sobre el procedimiento, pero que esas señales fueron ignoradas, generando inquietud sobre derechos humanos, según el cable diplomático citado por el diario.
EL PAÍS se ha puesto en contacto con la Embajada de Washington en Madrid, pero por el momento no ha podido confirmar la información que publica el diario estadounidense de manera independiente.
La vida de Noelia no fue sencilla. La desatención de sus padres le llevó a estar un tiempo tutelada por la Generalitat. También contó que sufrió diversos episodios de violencia sexual y trató de quitarse la vida en varias ocasiones. En octubre de 2022, poco después de haber sido víctima de una violación múltiple, intentó suicidarse arrojándose de un quinto piso de un edificio. Fue entonces cuando quedó parapléjica y solicitó la eutanasia, que le fue autorizada en julio de 2024: la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGAC), el órgano de la Generalitat que supervisa las peticiones de ayuda a morir, constató que Noelia presentaba una situación clínica “no recuperable” que le producía “una dependencia grave, dolor y sufrimiento crónico e imposibilitante”. Es decir, cumplía los requisitos de la ley para recibir la prestación.
Sin embargo, su decisión estuvo siempre en tela de juicio. La joven sufría dolores constantes y un sufrimiento psíquico intenso, y reiteró, a lo largo de todo el proceso judicial —su eutanasia estaba prevista para agosto de 2024 y la recibió 601 días después—, su deseo de recibir la prestación de ayuda para morir. Pero su padre, representado por Abogados Cristianos, intentó revocar su decisión alegando que no era competente para tomarla. Los exámenes médicos y diversas instancias judiciales determinaron que Noelia sí era capaz.
La joven catalana de 25 años murió el pasado jueves como quería y había decidido, pero su caso sigue levantando ampollas y la ofensiva judicial no ha cesado. Abogados Cristianos anunció que denunciaría a la médica que tramitó su caso por prevaricación y conflicto de intereses porque, según la organización ultracatólica, la facultativa era también coordinadora de trasplantes del hospital donde estaba ingresada la joven.
Este último movimiento de Abogados Cristianos espolea un bulo que circula cada tanto en redes sociales acerca del uso de la eutanasia como un instrumento del Estado para conseguir donaciones masivas de órganos. En realidad, la tramitación de la ayuda para morir y la donación de órganos son procesos completamente independientes. Según el Ministerio de Sanidad, en 2024 (último año del que se tienen cifras), 63 personas —esto es, el 14,79% de las prestaciones realizadas ese año— se acogieron al programa de donación de órganos.
Los bulos alrededor del caso de Noelia se intensificaron en los últimos días antes de su muerte y no han cesado. En redes circuló el bulo de que la joven fue violada “en manada” por un grupo de “menas” (acrónimo de menores extranjeros no acompañados) o de “inmigrantes ilegales” cuando estaba bajo la tutela de la Generalitat en un centro. Pero no hay evidencias de que ese episodio ocurriera y fuera la causa de su intento de suicidio. En la entrevista que dio Noelia antes de morir, la joven no sitúa ninguna agresión sexual en ese contexto y fuentes de la Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA) de la Generalitat confirmaron a este diario que no existía ”ningún incidente de agresión sexual registrado” en los dos centros residenciales donde Noelia permaneció entre julio de 2015 y febrero de 2019, cuando salió del sistema, ya mayor de edad, “de manera voluntaria”.
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