«El ostracismo no puede sustituir a la sanción judicial. Al mismo tiempo, su regreso no puede implicar una restauración moral automática o un tratamiento palaciego» Leer «El ostracismo no puede sustituir a la sanción judicial. Al mismo tiempo, su regreso no puede implicar una restauración moral automática o un tratamiento palaciego» Leer
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Las monarquías revelan lo que la política convencional trata de ocultar: que el temperamento lo marca todo. Un monarca constitucional carece de poder ejecutivo, pero tiene la delicada misión de encarnar al Estado durante décadas. Y esa continuidad confiere al estilo personal -discreción o imprudencia, moderación o expansividad- una gravedad simbólica que supera la autoridad formal. Mientras otras instituciones rotan personalidades a través de gobiernos y partidos, la monarquía se ata a una sola biografía durante una generación. Cada reinado es una apuesta entre el temperamento y las circunstancias.
El temperamento que permitió a Juan Carlos traicionar a Franco era idóneo para desmantelar un régimen, pero quizá inadecuado para habitar un orden constitucional consolidado. Un cínico podría decir que los reyes son instrumentos históricos, no ejemplos morales. Pero en democracia, ningún servicio prestado te compra la impunidad. Juan Carlos fue un agente necesario, pero la necesidad, diga lo que diga Pedro Sánchez, no arrastra la virtud.
Vuelvo a dar vueltas a estos asuntos cada vez que retomamos la conversación sobre el posible regreso del rey emérito a España. Unos dicen que tiene derecho a volver por lo que le debemos como sociedad. Otros que no, por lo que él nos debe. Reconocer que ambos tienen algo de razón no es abogar por la decisión salomónica de soltarlo en el Mar Negro, sino asumir la complejidad de un asunto donde se mezclan lo político y lo humano, la justicia del reconocimiento y la exigencia de ejemplaridad. No es fácil para un país metabolizar a un hombre que fue históricamente necesario pero personalmente imprudente. Quizá esta sea una nueva prueba de la madurez psicológica de nuestra democracia.
Juan Carlos quiere volver. Y leo en este diario que Casa Real no se niega pero pone condiciones: «Para salvaguardar su imagen de posibles críticas y especulaciones, y la de la Corona como institución, Don Juan Carlos debería recuperar la residencia fiscal en España». Parece una exigencia razonable. La extrema derecha, que reprocha a Felipe VI su supuesta pasividad, aprovecha las tensiones poco menos que para acusar al hijo de maltrato. Es una estrategia ruin. Porque no hay crueldad en la exigencia de cumplir las normas. Es, de hecho, su única vía a la redención.
Juan Carlos ha de asumir que para muchos españoles no es insignia de sacrificio y democratización sino del privilegio y el escándalo. Desde el punto de vista legal, Juan Carlos ha regularizado su situación fiscal y no tiene cargos pendientes. En un Estado de derecho, esto es importante. El ostracismo no puede sustituir a la sanción judicial. Al mismo tiempo, su regreso no puede implicar una restauración moral automática o un tratamiento palaciego. Y Juan Carlos debería ser el primero en comprenderlo: no se puede reclamar el honor de fundar una democracia mientras se resiste a cumplir con las obligaciones ordinarias que esta impone. La insistencia de la Casa Real en la transparencia fiscal y la ausencia de privilegios no es hostilidad, sino coherencia.
Hay tiempos que necesitan ruptura y tiempos que necesitan contención. Juan Carlos fue el temperamento de la ruptura; Felipe encarna el de la contención.
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