La Junta y el Gobierno se repartieron la tarea en 2011 y calcularon que devolver la playa a su estado original costaría 7,1 millones / Greenpeace propone convertir el derribo en un proyecto de investigación y formación sobre el reciclaje de residuos y la restauración del paisaje Leer La Junta y el Gobierno se repartieron la tarea en 2011 y calcularon que devolver la playa a su estado original costaría 7,1 millones / Greenpeace propone convertir el derribo en un proyecto de investigación y formación sobre el reciclaje de residuos y la restauración del paisaje Leer
¿Cómo se echan abajo 42.000 metros cuadrados de hormigón del hotel ilegal? ¿Qué se hace con los 60.000 metros cúbicos de residuos que generará la demolición? ¿Quién pagará los trabajos para la recuperación total del entorno de la playa del Algarrobico, en Carboneras (Almería)? El largo y tedioso proceso judicial que ha terminado sentenciando el controvertido proyecto urbanístico de este rincón del Cabo de Gata, símbolo de los desmanes urbanísticos en la costa, ha dado tiempo sobrado a las administraciones para definir la compleja operación que habrá de ponerse en marcha para hacer desaparecer la mole y recuperar completamente el entorno. Pero precisamente por el tiempo transcurrido durante la espera, los cálculos de los costes -que se llegaron a estimar en 7,1 millones de euros en un informe elaborado por Tragsa- han quedado obsoletos.
Lo que sí sigue en vigor mientras las partes no digan lo contrario es la asignación de tareas que en 2011 negociaron el Gobierno central y la Junta de Andalucía y que adjudica al primero la demolición y retirada de los residuos y a la segunda, la restauración ambiental del entorno.
Según el informe elaborado por Tragsa en 2012 a petición del que se llamaba entonces Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (con Miguel Arias Cañete a la cabeza), la partida más voluminosa sería la de la demolición y el tratamiento de los residuos, con un coste cuantificado de 3,9 millones de euros. Los estudios previos y la redacción del proyecto costarían 304.920 euros, mientras que la dirección de la obra y los trabajos de seguridad y salud se llevarían 217.800 euros. El coste de la restauración ambiental del paraje de El Algarrobico sería de 1,5 millones de euros. Estos cálculos se realizaron contando con que el hotel tiene 43.840 metros cuadrados de superficie construida y 142.480 metros cúbicos de volumen aparente. A partir de estos valores, se considera que el volumen de residuos de construcción y demolición, incluyendo la cimentación, es de unos 60.000 metros cúbicos.
Los trabajos de restauración ambiental (los que competen a la Junta de Andalucía según el acuerdo de 2011) comenzarán una vez finalizados los de demolición y la gestión de los residuos (que son responsabilidad del Gobierno central). La restauración se llevará a cabo en los terrenos que han sufrido alteración, tanto por la construcción directa del hotel como por movimientos de tierra o por el trazado del viario.
Para ello, se han establecido tres zonas distintas: la zona A, ocupada por el hotel y con una extensión de 3,28 hectáreas; zona B, afectada por movimientos de tierras; y la zona C, parcialmente afectada por movimientos de tierras y viario.
El proceso de restauración se llevará a cabo en cuatro etapas: en la primera de ellas (en la zona A y B) se diseñará una «geoforma armónica con el paisaje y creación del relieve final». La segunda etapa es la de preparación, distribución sobre el terreno y estabilización del substrato. Estas dos primeras etapas de la restauración ambiental tienen un presupuesto de 1 millón de euros. La tercera etapa, para la que se prevé una inversión de 319.000 euros, consiste en el desarrollo a corto plazo de una cubierta vegetal suficientemente protectora para evitar la erosión del substrato instalado recientemente, intentando fomentar la biodiversidad con el uso de especies autóctonas de la zona. Por último, la cuarta etapa de la restauración ambiental incluiría el riego de las siembras y plantaciones, control de especies agresivas e invasoras que puedan comprometer la regeneración del ecosistema natural, así como control del posible inicio de procesos de erosión en los taludes. El coste de estas tareas de control y mantenimiento se estima en 84.000 euros.
Desde que se elaborara este estudio en 2012 hasta hoy, el coste de las tareas de demolición ha podido sufrir un incremento de hasta el 50%, teniendo en cuenta el aumento del precio de la energía, de la mano de obra o de la gestión de residuos.
Pero el de Tragsa no fue el único informe que ofrece una propuesta técnica sobre cómo deberían desarrollarse los trabajos. La organización ecologista Greenpeace, que ha sido un agente activo en todo el proceso, encargó también un estudio para convertir la demolición del Algarrobico en «una oportunidad».
Publicado en junio del mismo año, el proyecto elaborado por arquitectos y urbanistas de la organización n’UNDO, partió de un presupuesto (7,3 millones de euros), similar al que había calculado Tragsa por encargo de las administraciones, pero con una propuesta enfocada en convertir un símbolo de la destrucción del entorno en una oportunidad para la investigación y la formación de profesionales en la gestión de residuos y la restauración del paisaje.
Frente a la demolición clásica, que supondría verter casi 40.000 metros cúbicos de residuos no seleccionados a los vertederos locales, el trabajo de Greenpeace propone reciclar hasta un 98% el material de demolición. «El proyecto plantea convertir el hotel de la playa del Algarrobico en un centro de recuperación del entorno, donde durante dos años se generen más de 60 actividades en las diferentes áreas: congresos, exposiciones, cursos e investigaciones», plantean los redactores. La operación generaría 380 puestos de trabajo, 530 horas de cursos, 150 personas formadas, 39.200 m3 de material recuperado, 71 toneladas de CO2 no emitido y, sobre todo, una playa recuperada. «Se modificará la imagen del Algarrobico, hoy en día ejemplo de ilegalidad y mala práctica, convirtiéndose en un proyecto de referencia que propone un modelo replicable y sostenible», afirma el estudio de n’UNDO.
Tanto la propuesta técnica de Tragsa como la de Greenpeace necesitan una revisión de precios pero siguen siendo válidas en la definición y detalle de la operación. Lo que no está tan claro es en qué momento podrían las administraciones tomar posesión del suelo para dar la orden de meter la piqueta. La prudencia exasperante que tanto la Junta como el Gobierno vienen mostrando a la hora de dar ese paso tiene que ver con la reclamación millonaria que la empresa promotora del hotel, Azata del Sol, viene planteando desde la paralización del proyecto en febrero de 2006, hace ya más de 20 años. Tanto el Consejo Consultivo de Andalucía como la Audiencia Nacional han negado a Azata el derecho de indemnización porque la empresa conocía la complejidad del proceso de deslinde que comprometía el uso del suelo y las dudas sobre la legalidad de la licencia de obras que se le había concedido. Y, aun así, siguió adelante con la construcción. Pero la compañía insiste en que volverá a pelear en los tribunales y la experiencia demuestra que, en lo que afecta al Algarrobico, siempre hay un recoveco jurídico que justifica una nueva demora. De hecho, el Gobierno planteó en 2025 un proceso de expropiación parcial, que también ha recurrido la promotora.
Aun así, el PSOE de Almería sorprendió la pasada semana exigiendo al Gobierno andaluz el inicio inmediato del derribo, ignorando expresamente, no ya sólo el acuerdo de reparto de funciones entre las administraciones, sino también que la vía administrativa para resolver el conflicto no está del todo expedita. Ha sido precisamente el PSOE de Carboneras (Almería) el que con más ahínco ha contribuido a impedir que ese complejísimo entuerto quede del todo deshecho, hasta el punto de que varios concejales han sido expulsados del partido por poner obstáculos, una y otra vez, a la anulación de la licencia de obras que le exigió reiteradamente el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Y fue también un alcalde socialista el que concedió esa licencia en 2003 amparando, con el beneplácito del gobierno socialista de la Junta de aquel entonces, la urbanización completa de una playa virgen del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar.
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