Bruselas y el país africano siguen separados por 20 millones a mes y medio del vencimiento, mientras el sector reclama una prórroga de un año para evitar el amarre de los barcos Leer Bruselas y el país africano siguen separados por 20 millones a mes y medio del vencimiento, mientras el sector reclama una prórroga de un año para evitar el amarre de los barcos Leer
«Las familias de los tripulantes me llaman todos los días para preguntarme qué va a pasar y yo ya no sé qué responderles. No tenemos alternativa, no hay ‘plan B’ ni otro caladero donde puedan faenar nuestros barcos». La armadora gallega María José de Pazo lleva más de dos décadas ligada al sector pesquero, pero desde hace meses arrastra un quebradero de cabeza que la obliga a echar cuentas para saber cuánto tiempo podrá resistir cuando el próximo 14 de noviembre expire el acuerdo de pesca que la Unión Europea mantiene con Mauritania y la embarcación de la que depende toda su actividad tenga que echar el ancla indefinidamente.
«Nos jugamos poder salir adelante», advierte. Y no sólo ella. Una eventual paralización afectaría a buques españoles de distintas comunidades, entre ellos los cuatro gallegos que actualmente pescan merluza negra en esas aguas y sostienen alrededor de 40 empleos directos. A ellos se sumarían otros 16 marisqueros de Huelva, vinculados a unas 480 personas.
Sólo en el mar, por tanto, cerca de medio millar de trabajadores españoles se quedarían sin una alternativa clara para seguir faenando. «Y eso sin contar que, por cada puesto directo en el mar, tendríamos que multiplicar la cifra por cinco para hacernos una idea de las repercusiones en tierra», explican desde la Confederación Española de Pesca (Cepesca). Con ese cálculo, la patronal estima que el impacto total podría alcanzar a unos 2.600 trabajadores.
La amenaza ha extendido entre el sector una sensación de «desidia y abandono», sobre todo por el peso que tiene este caladero para la flota europea. Bruselas y Mauritania mantienen relaciones pesqueras desde 1987 y el protocolo firmado en 2021 es actualmente el más importante de cuantos mantiene la UE fuera de sus aguas, tanto por el volumen de capturas como por su dimensión económica. Permite faenar allí a barcos de 10 Estados miembros (Francia, España, Portugal, Alemania, Lituania, Letonia, Polonia, Países Bajos, Irlanda e Italia) a cambio de una aportación comunitaria de 60,8 millones de euros al año.
Su renovación, sin embargo, lleva meses encallada. Bruselas y las autoridades mauritanas han celebrado ya cuatro rondas de negociaciones sin conseguir cerrar el siguiente protocolo y el principal escollo continúa siendo económico. Fuentes conocedoras de las conversaciones consultadas por EL MUNDO cifran en unos 20 millones de euros la distancia que todavía separa a ambas partes.
«Y lo peor es que han dejado pasar demasiado tiempo. Aunque mañana hubiera un acuerdo, dos meses no bastan para completar toda la tramitación. Todavía tendría que pasar por el Consejo y por el Parlamento Europeo, y toda esa burocracia lleva tiempo. Pero los bancos no esperan y nosotros tenemos hipotecas que seguir pagando», denuncia De Pazo.
Por eso el sector ha empezado a reclamar una solución intermedia que evite que los barcos tengan que amarrar el 14 de noviembre aunque el nuevo protocolo siga sin estar listo.
La patronal pesquera Europêche y la sección de Pesca de la Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF) enviaron el pasado 17 de septiembre una carta al comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, para pedirle que intervenga en «desbloquear las negociaciones» y promueva, mientras tanto, una prórroga de al menos un año del marco actual. De esta forma, la flota podría continuar faenando mientras Bruselas y Mauritania terminan de negociar y tramitar el siguiente texto.
Una salida que consideran «indispensable» y que, pese a la proximidad del vencimiento, no consta que se haya puesto todavía sobre la mesa. «No nos entra en la cabeza que el Ministerio de Agricultura y Pesca, sabiendo hasta qué punto nos afecta, todavía no haya impulsado la prórroga. Nos hemos hartado de escuchar al ministro, Luis Planas, decir que se trata de una relación fundamental para España, pero luego no vemos movimientos. No hay ni rastro de interés por parte del Gobierno», lamenta De Pazo.
Además, la falta de avances desconcierta al sector porque existen precedentes muy recientes. En 2019, ante una situación similar y con el propio Luis Planas al frente del departamento, España convirtió en una prioridad evitar que la flota tuviera que detenerse y consiguió extender el protocolo durante un año. Solo 12 meses después volvió a reclamar la misma solución y logró prolongarlo de nuevo «a petición expresa de España». De ahí que ahora se pregunten qué ha cambiado.
«Deberíamos quemar todos los cartuchos posibles. Es fundamental lograr la prórroga porque Mauritania es prácticamente nuestra última puerta de entrada a las aguas africanas», advierte José Ramón Muriel, presidente de la Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesca de Marisco (Anamar).
No es una exageración. El acuerdo que la UE mantenía con Marruecos expiró en 2023, el de Senegal en 2024, el de Gambia en 2025 y el de Gabón el pasado junio. A los marisqueros todavía les queda Guinea-Bisáu, pero para los merluceros como el de De Pazo ya no existe otro caladero al que trasladar su actividad.
Y si los barcos paran, el problema acaba inevitablemente llegando a tierra. Los marisqueros de Huelva dejarían de abastecer a buena parte de los mercados que reciben sus productos y los cuatro buques gallegos interrumpirían el suministro semanal que desde hace cuatro generaciones descargan en la lonja de Cádiz, la cuarta de España por volumen de capturas y facturación y el único punto del país donde se subasta la merluza negra procedente del norte de África.
«Perderíamos un sabor que sentimos como propio y del que viven miles de familias. Es el pescado con el que se crio mi padre, con el que me he criado yo y con el que estoy criando a mis hijos. Sería una desgracia perder algo así», lamenta Ignacio Parada Vargas, ‘El Remendao‘, presidente de la Asociación de Comerciantes del Mercado Central de Abastos de Jerez de la Frontera (Cádiz).
De los 42 puestos que componen la zona, asegura que alrededor de 30 se abastecen habitualmente de la lonja gaditana y cifra en torno al 70% el peso que este pescado tiene en sus ventas. «Seguramente tendrían que cerrar muchos y los que aguantasen acabarían vendiendo un género distinto y mucho más caro. Habría menos pescado para los mismos compradores y los precios subirían. Pero, además, perderíamos un sabor de toda la vida de Cádiz. Puedes traer otras especies, pero ese sabor no lo sustituyes».
LUIS PLANAS. El ministro ha pedido a la Comisión que «intensifique sus contactos» para evitar que la flota comunitaria, y en especial la española, tenga que abandonar el caladero. Por ahora, sin embargo, no ha hecho ninguna referencia a la prórroga, la única salida inmediata que permitiría evitar varios meses de parón mientras se completa la nueva tramitación.
COMPETENCIA. El sector reprocha su «inexplicable silencio» sobre una posible extensión temporal y alerta de que una interrupción de la actividad empujaría a algunos buques a cambiar de bandera, dando terreno a China, Rusia o Turquía, cuyas flotas están sometidas a menores exigencias de sostenibilidad y control pesquero.
Actualidad Económica // elmundo
