Catorce autonomías han restringido los teléfonos en las aulas, aunque investigadores no ven mejora fuera del tiempo escolar Leer Catorce autonomías han restringido los teléfonos en las aulas, aunque investigadores no ven mejora fuera del tiempo escolar Leer
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Han pasado dos años y medio desde que la prohibición del móvil comenzó a extenderse por las autonomías, aunque la mayoría de regiones estableció salvaguardas para autorizar el uso educativo y supervisado por el profesorado. El 40% de los institutos españoles permite a sus alumnos de la ESO [de 12 a 16 años] utilizar los teléfonos con estos fines pedagógicos, aunque existen muchas diferencias territoriales. En La Rioja apenas se emplea como apoyo didáctico (17%), mientras que en Extremadura está en el 76% de los centros.
Entre medias se encuentran, con poco, Baleares (29%), Cataluña (31%), Galicia (35,%), Madrid (36%) y Andalucía (39%).Con uso moderado se sitúan la Comunidad Valenciana (41%), Cantabria (45%), Canarias (46%), Aragón (48%) y Castilla-La Mancha (51%). Y con uso elevado figuran Navarra (55%), Castilla y León (59%), Murcia (62%) y Asturias (63%). El móvil con fines educativos se utiliza mucho más en Bachillerato (50%) y en la Formación Profesional (entre el 55% y el 59%, según la etapa) que en la ESO.
Los datos corresponden a un estudio que acaba de publicar el Ministerio de Educación sobre la digitalización de las aulas. La estadística refleja que los centros privados son más restrictivos con el uso educativo del teléfono móvil: sólo el 29,9% lo permiten, frente al 47,5% de los públicos. Igualmente usan menos los ordenadores, que abundan más en la escuela pública (con una media de 1,9 alumnos por portátil, tableta u ordenador de sobremesa) que en la privada (con 2,7 alumnos). Esta brecha, en el covid, fue menor: 2,3 alumnos por ordenador en la pública y 2,8 en la privada.
El uso del móvil por parte de menores sigue generando controversia. El propio Gobierno, que en noviembre de 2023 descartaba restringirlo con el argumento de que era «poner puertas al campo», cambió de opinión tan sólo un mes después, cuando la entonces ministra de Educación, Pilar Alegría, propuso un pacto de Estado para consensuar restricciones entre todas las CCAA ante «la inquietud de las familias». Ese acuerdo nacional no se llegó a articular, pero la mayoría de regiones pusieron vetos.
Según la consulta realizada por EL MUNDO en todas las consejerías educativas, sólo tres autonomías no tienen regulado el empleo de estos dispositivos a nivel autonómico. País Vasco ha dado unas pautas genéricas a los centros, que son los que tienen que encargarse de decidir qué hacer, en el marco de su autonomía. Asturias ha convertido lo que antes eran unas instrucciones en orientaciones porque un recurso judicial cuestionó la obligatoriedad de la prohibición. Y Navarra se toma con calma la aprobación de un decreto foral de convivencia donde se aborda esta cuestión.
El resto coincide en poner límites, pero con matices. En los colegios de Infantil y Primaria de Madrid está prohibido, pero en la ESO son los centros los que delimitan cuánto. Otras regiones vetan el uso del móvil durante la jornada lectiva salvo que esté previsto en el proyecto educativo del centro para determinados momentos o cuando sea una actividad educativa previamente programada (Castilla y León), con criterios debidamente justificados (Andalucía y Aragón), con la supervisión del profesor (Galicia, Comunidad Valenciana, Canarias y La Rioja) o cuando aporte un valor añadido (Murcia).
Castilla-La Mancha, Cantabria y Baleares no autorizan el uso en Primaria como norma general, pero en la ESO admiten algunas de estas salvedades educativas. Extremadura va más allá y exige que haya una autorización de los padres por escrito, aunque en los próximos días publicará una nueva instrucción «más amplia y rigurosa con la realidad de la sociedad», según indican en la Consejería de Educación. En Cataluña, los dispositivos móviles «no están permitidos en toda la etapa obligatoria, ni en las aulas ni en el resto de espacios, incluyendo los usos pedagógicos».
Las primeras investigaciones que han evaluado la prohibición no ven que haya servido de mucho. Las consejerías aseguran que «ha mejorado la convivencia» y se han reducido los conflictos. Pero un estudio publicado en The Lancet tras comparar los efectos en 1.227 adolescentes de 12 a 15 años de 30 centros ingleses (unos restrictivos y otros permisivos) ha visto que quitarlos del aula reduce su uso sólo durante el horario escolar, pero no mejora el bienestar mental ni reduce el tiempo de uso fuera del aula.
«Nuestros hallazgos sugieren que las políticas escolares restrictivas, en su forma actual, no influyen de manera significativa en el uso del teléfono ni conducen a mejores resultados para los adolescentes en diversos ámbitos de la salud mental, física y cognitiva», concluyen los autores de la Universidad de Birmingham, que llaman a aplicar políticas «en un contexto más amplio para permitir un enfoque integral que reduzca el uso general del teléfono entre los adolescentes, abordando el uso tanto dentro como fuera de la escuela».
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