El embarazo de Silvia se complicó desde el principio. Cuando llegó la vigésima semana —el quinto mes—, se hizo evidente que aquella gestación era “inviable”, según sus informes médicos a los que ha tenido acceso este periódico. El bebé sumaba una serie de malformaciones que la obligaban a abortar. Pero se negaron a hacerlo en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, ciudad cuyos centros públicos no ofrecen esta prestación.
Una paciente de Valladolid relata cómo, pese a que su gestación era “inviable”, tuvo que irse a otra provincia para que su vida no corriera riesgo
El embarazo de Silvia se complicó desde el principio. Cuando llegó la vigésima semana —el quinto mes—, se hizo evidente que aquella gestación era “inviable”, según sus informes médicos a los que ha tenido acceso este periódico. El bebé sumaba una serie de malformaciones que la obligaban a abortar. Pero se negaron a hacerlo en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, ciudad cuyos centros públicos no ofrecen esta prestación.
La noticia de que no podría tener a su hijo se la dio el ginecólogo en su última revisión, en junio. “Les pregunté qué tenía que pasar y me dijeron que había que hacer interrupción, que lo habitual es dar a luz de manera controlada y que había diferentes protocolos en función de si había latido fetal o no”, relata Silvia, un nombre ficticio para no revelar su identidad. Después de esta explicación, el ginecólogo la remitió a la asistente social del hospital, que le dijo que “mientras hubiera latido del feto” la tenían que derivar a una clínica privada.
La explicación le resultó confusa. ¿Qué tenía que ver el latido si su gestación no era viable? No le dijeron que en su hospital, ni en el otro público que hay en Valladolid, la objeción de conciencia de los profesionales no permite realizar abortos. Ni siquiera por causas que pongan en riesgo la vida de la madre o el feto, como era el caso.
La ley del aborto en vigor, de 2023, establece la obligación de que la sanidad pública garantice el servicio, pero no que se tenga que realizar necesariamente en hospitales públicos. Puede concertarse con clínicas privadas. “La prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo se realizará en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma”, reza la norma.
Esto es menos problemático en las interrupciones por voluntad de la madre, la gran mayoría (94,6%) de las que se realizan en España. Generalmente, son decisiones tempranas, que no están precedidas de revisiones ginecológicas de seguimiento, en las que desde un primer momento se deriva a la mujer a la clínica concertada, en las que se realizan un 79% de todas las interrupciones en España, según el último informe, del año pasado con datos de 2024.
Resulta más traumático en casos como el de Silvia. Desde el principio le hicieron un seguimiento muy detallado en su hospital, ya que era un embarazo de riesgo. Tras firmar un papel, acudió a la clínica privada, “desconociendo las condiciones y el procedimiento que allí se realizaban”. Los médicos le confesaron que un aborto allí, con su historial médico, no era recomendable. “Me explicaron que había riesgo de sangrado, que no tenían medios para una transfusión y que ante cualquier complicación me tendrían que llevar en ambulancia al hospital público. Además, allí cierran por la tarde; ni siquiera podía quedarme ingresada en caso necesario”, cuenta.
Lo que decidieron, a pesar de lo avanzado de la gestación, fue esperar. Una semana más, por si el latido se paraba y podía interrumpir su embarazo con todas las medidas para su seguridad en el Río Hortega. “Psicológicamente te puede destrozar saber que sigues embarazada y no quieren atenderte en tu hospital. Y estar esperando que el latido se pare es una tortura. Cada día que pasaba tenía más riesgo”.
Mientras esperaba, tuvo un sangrado. Fue a urgencias de su centro público de referencia, la exploraron y le dijeron que la causa era un hematoma del feto que ya se conocía. “Pero como no estaba de parto y como seguía el latido, que me fuera a mi casa”, asegura.
Tras visitar la clínica privada, Silvia empezó a informarse. Fue tocando contactos aquí y allá y dio con alguien en un hospital público de otra provincia de Castilla y León ―cuyo nombre prefiere que no se publique para evitar represalias― que le dijo que allí podía interrumpir su embarazo, que era su derecho. “Tuve suerte porque tenía contactos”, reconoce. “Pero no creo que nadie tenga que pasar por esto. Incluso si fuera voluntario, es tu derecho, pero en mi caso ni siquiera lo era; yo quería tener el bebé, se trataba de una necesidad médica. El simple aborto fue un disgusto tremendo, pero que encima no me permitan hacerlo de forma respetuosa en mi hospital…”.
El PSOE de Castilla y León registró el pasado junio una proposición en las Cortes para exigir a la Junta que garantice que las mujeres de la provincia de Valladolid puedan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en su hospital público de referencia. Este diario ha preguntado en reiteradas ocasiones a la Consejería de Sanidad cuáles son los planes al respecto, pero ha ignorado las peticiones.
Son muchos los hospitales públicos donde no se realizan abortos. Hay servicios enteros de ginecología que de facto se declaran objetores y no los hacen. En ocasiones, ni siquiera sucede que todos los médicos lo sean. Como contaban varios profesionales en un reportaje publicado en este periódico tras un caso similar al de Silvia ocurrido en Madrid, se trata de una prestación que, por lo general, no es la que más gusta a los facultativos y temen que, si son los únicos que se prestan a realizarla en un hospital, acaben dedicándose exclusivamente a eso. “No supone ninguna satisfacción ni reto quirúrgico, no es agradable, así que nadie va a luchar por hacerlo de forma sistemática”, aseguraba una ginecóloga.
Ante esta realidad, la ley del aborto de 2023 obligó a crear un registro de objetores cuyo protocolo fue aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en diciembre de 2024. Se trata de una lista interna destinada a organizar los servicios de forma que se puedan realizar abortos en todos los hospitales públicos. Sin este registro, sin saber qué profesionales están dispuestos y cuáles no, es imposible garantizarlo.
Todas las comunidades crearon ese registro, menos Madrid, que fue llevada a la justicia por el Ministerio de Sanidad. En marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenó al Gobierno de Ayuso que iniciase “de inmediato” los trámites para elaborarlo.
Pero el registro por sí mismo tampoco garantiza que los hospitales realicen el aborto. Es solo un primer paso que permitiría a las consejerías saber con qué sanitarios cuenta. No solo médicos, también de enfermería y auxiliares. A partir de ahí, tendría que organizar los servicios. Pero eso ya depende de la voluntad política, puesto que la ley realmente no les obliga a ello.
En Castilla y León, gobernada en coalición por PP y Vox, no parece haber esa voluntad de garantizar la prestación en centros públicos. Ni siquiera para casos como el de Silvia, que tras el aborto no pudo seguir las revisiones en su ciudad: “Me dijeron que tenía que irme donde me lo habían realizado; parece que me estuvieran castigando”.
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