Las estrategias de los gobiernos para abordar el uso del cannabis es un debate constante en las últimas décadas en el ámbito de la regulación y la salud pública. Se sabe que el consumo, sobre todo a edad temprana, aumenta el riesgo de psicosis. Al mismo tiempo, las experiencias de países que han cambiado sus leyes muestran que no todas las formas de legalización producen los mismos resultados: las experiencias donde es comercializado libremente en el mercado conllevan un aumento de consumo problemático, pero no es así en lugares donde es el Estado el que controla la venta.
Dos revisiones publicadas al mismo tiempo refrendan los problemas que la sustancia genera en la salud mental y muestran el complejo debate de la regulación
Las estrategias de los gobiernos para abordar el uso del cannabis es un debate constante en las últimas décadas en el ámbito de la regulación y la salud pública. Se sabe que el consumo, sobre todo a edad temprana, aumenta el riesgo de psicosis. Al mismo tiempo, las experiencias de países que han cambiado sus leyes muestran que no todas las formas de legalización producen los mismos resultados: las experiencias donde es comercializado libremente en el mercado conllevan un aumento de consumo problemático, pero no es así en lugares donde es el Estado el que controla la venta.
Estas son las principales conclusiones de dos revisiones internacionales que acaba de publicar The Lancet Psychiatry. Una analiza la relación entre el cannabis y distintos trastornos mentales; la otra estudia qué ha ocurrido después de los cambios regulatorios introducidos entre 2000 y 2025. Leídas juntas, dibujan una cadena compleja: la regulación modifica la accesibilidad, el precio, la potencia y la oferta; esos factores pueden favorecer el consumo frecuente, y es precisamente ese patrón el que presenta una relación más sólida con la psicosis, aunque no hay pruebas de una causalidad, de que la legalización ocasione un aumento de los brotes.
La revisión sobre salud mental concluye que existe evidencia creíble de que el consumo regular de cannabis es una causa contribuyente de psicosis. Esta expresión es importante: no significa que el cannabis sea necesario ni suficiente para provocar un trastorno psicótico, sino que puede actuar junto con factores genéticos, ambientales y personales. El riesgo aumenta cuanto antes comienza el consumo, mayor es su frecuencia, más tiempo se mantiene y más elevada es la concentración de THC, su sustancia psicoactiva.
En otras palabras: la mayor parte de las personas que consumen cannabis no desarrollará una psicosis, pero en algunas de ellas actuará como “detonador”, según Celso Arango, jefe del Departamento de Psiquiatría del Niño y del Adolescente del Hospital Universitario La Paz. “Algunos tienen una predisposición que quizá nunca se habría manifestado, pero el consumo precipita un primer episodio. En ocasiones los síntomas remiten; en otras, el trastorno persiste incluso después de abandonar el cannabis y evoluciona hacia una enfermedad crónica”, explica el psiquiatra, que no ha participado en los estudios.
En la unidad de Arango, alrededor del 70% de los adolescentes ingresados por un episodio psicótico dan positivo en cannabis. Se trata de la experiencia de un servicio especializado y no de una cifra extrapolable a toda la población, pero ilustra la frecuencia con la que ambos fenómenos coinciden en la práctica clínica. Sus estudios longitudinales con pacientes que han sufrido primeros episodios psicóticos también han observado un mejor pronóstico entre quienes dejan de consumir que entre quienes continúan.
La causalidad es más difícil de establecer en la depresión y la ansiedad. “Algunas personas consumen cannabis porque perciben que reduce temporalmente el malestar, el miedo o el bajo estado de ánimo. Esta hipótesis de la automedicación puede explicar una parte de la asociación”, subraya Rafael Maldonado, catedrático de Farmacología de la Universidad Pompeu Fabra, quien alerta sobre sacar conclusiones precipitadas, ya que una misma vulnerabilidad genética puede favorecer tanto el consumo como el trastorno mental, y determinadas circunstancias sociales o ambientales pueden aumentar ambos riesgos.
El trastorno bipolar ocupa una posición intermedia. El cannabis se asocia con una aparición más temprana, episodios más frecuentes, síntomas más graves y una respuesta peor al tratamiento, pero existen menos estudios y se han controlado peor los posibles factores de confusión. Maldonado considera que esta relación merece mucha más atención, porque apenas está presente en el debate público.
La segunda revisión muestra que el cambio legal, por sí solo, explica poco. Lo determinante parece ser la forma en que se organiza el acceso.
Uruguay estableció un sistema sometido a un fuerte control estatal: limita los canales de distribución, los productos, los precios y la potencia del cannabis vendido en farmacias. Los dos estudios disponibles no encontraron aumentos del consumo entre adolescentes y adultos jóvenes, y uno de ellos observó reducciones en varios indicadores de consumo de riesgo.
Canadá y buena parte de Estados Unidos han desarrollado mercados mucho más comerciales, aunque con diferencias importantes entre territorios. La expansión de tiendas, la reducción de precios y la llegada de productos con concentraciones elevadas de THC se han asociado con un aumento del consumo entre adultos y del trastorno por consumo de cannabis.
“Las consecuencias del cambio de estatus legal dependen de cómo se haga”, señala Maldonado. A su juicio, cualquier reforma debería aprender de los países que ya han recorrido ese camino y situar la salud pública por delante de los intereses económicos.
Las revisiones no permiten afirmar que legalizar provoque automáticamente más esquizofrenia. No existe una asociación consistente con la incidencia general de los trastornos psicóticos. Sí se han observado aumentos de las visitas a urgencias y de las hospitalizaciones relacionadas con psicosis en lugares como Ontario y Colorado, especialmente durante las fases de mayor comercialización.
“Cuanto más fácil sea comprarlo, administrarlo y servírselo, mayor será la accesibilidad, aumentará el consumo y habrá más consecuencias perjudiciales”, resume Celso Arango.
Esto aplica también al llamado cannabis medicinal. Un acceso médico poco regulado puede aportar escasos beneficios, aumentar los daños y facilitar en la práctica el uso no médico. Para Arango, la condición de medicamento no debería decidirse mediante una votación parlamentaria ―“es como si los políticos votaran sobre el efecto del ibuprofeno”, ejemplifica―, sino a través de ensayos clínicos y de los procedimientos ordinarios de evaluación.
Eso que critica el psicólogo ha sucedido en algunos lugares, como en algunos Estados de EE UU. Allí se ha permitido la venta de cannabis para ciertas patologías sin que haya superado las pruebas que se les exigen a otros medicamentos. En España está aprobado el consumo de fármacos derivados del cannabis para uso terapéutico, pero de forma muy limitada y solo en aquellos casos en los que ha demostrado evidencia.
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