Hay 23 acusados: los dueños de la funeraria El Salvador y 19 empleados. Durante 20 años, un trabajador retrató cómo se incineraba a los difuntos sin sus cajas. Apareció ahorcado en 2024 Leer Hay 23 acusados: los dueños de la funeraria El Salvador y 19 empleados. Durante 20 años, un trabajador retrató cómo se incineraba a los difuntos sin sus cajas. Apareció ahorcado en 2024 Leer
«Caja robada incinerada en cementerio. Tiene dos fotos, la 28 y la 29. No se le ve la cara, solo el pelo, pues la han tirado en la caja de cualquier manera y está boca abajo. No la puedo volver pues pesa bastante». Este es el contenido de una de las cientos de notas que Justo M. tomó durante las dos décadas que trabajó en el Grupo Funerario vallisoletano El Salvador. El ex empleado rellenó hasta 26 libretas con escritos similares en los que daba cuenta de cómo en la funeraria presuntamente despojaban a los muertos de sus ataúdes antes de incinerarlos para revender luego las cajas. «Los meten al horno, cuando se van [los familiares] los vuelven a sacar, pues el horno no se encienden los quemadores, solo los ventiladores para que hagan ruido y parezca que están incinerando. Todo mentira», recogió Justo en otra nota. Similar cambiazo se hacía supuestamente con coronas y adornos florarles que también se volvían a reutilizar.
El juicio por estas graves acusaciones, el conocido como caso ataúdes, arranca este lunes en la Audiencia Provincial de Valladolid con 23 personas sentadas en el banquillo -la familia propietaria de la empresa funeraria, casi una veintena de empleados- y dos grandes ausencias entre los acusados: Justo M., el hombre que destapó el caso, quien tenía 73 años cuando, en agosto de 2024, fue hallado ahorcado en el patio de su casa de Santovenia de Pisuerga (Valladolid); y el dueño de El Salvador, Ignacio Morchón, quien falleció en octubre de 2022, con 77 años, de causas naturales.
La nota de Justo que acompaña este artículo y otras cuantas las publicaron Íñigo Arrúe y Alba Camazón en EL MUNDO Castilla y León a finales de febrero de 2019. Unas semanas antes, el 31 de enero concretamente, el caso había estallado de repente al desplegar la policía la llamada Operación Ignis («fuego» en latín), que supuso el registro de las instalaciones del Grupo funerario en Valladolid y de los domicilios de los miembros de la familia Morchón y de otros empleados.
Las 26 libretas manuscritas las guardaba Justo M. en una bolsa en el sótano de su casa. Era muy meticuloso en sus registros: recogía la fecha de la incineración el nombre completo del difunto, su DNI, la edad, el estado civil, la ciudad de donde provenía y escribía al lado «C. SI» si se le había dado el cambiazo de ataúd o «C. NO» en caso contrario. Tomaba además fotografías de los difuntos junto a un cartel con su nombre y los retrataba entrando en el horno crematorio -ya sí encendido- dentro de cajas que se habían desechado o sobre tapas de féretros. Todo esto se hacía, según Justo, por orden de la familia propietaria de la funeraria, que siempre ha negado los hechos. No se sienta en el banquillo de los acusados el fallecido Ignacio Morchón, pero sí su esposa, María del Rosario V. L. y sus tres hijos: Ignacio, Laura y María del Rosario. La Fiscalía pide un total de 20 años de prisión para cada uno de ellos por constitución de organización criminal, por un delito continuado de apropiación indebida en relación de concurso medial con el delito continuado de estafa, por un delito continuado contra el respeto a los difuntos y por blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil. Para el resto de los acusados -19, muchos de ellos familiares de los propietarios- las penas oscilan entre los nueve y los dos años de cárcel.
La actividad presuntamente delictiva de reventa del material funerario documentada por Justo habría supuesto unos beneficios de 3.667.711,95 euros por el valor de los ataúdes de los que fueron desposeídos 5.973 difuntos y de 381.056,14 euros por los 3.174 motivos florales reutilizados, es decir, un total de 4.048.768,09 euros, según el ministerio público.
Justo M. entró a trabajar en el cementerio privado que el Grupo Salvador tenía en su pueblo, Santovenia, y donde se realizaban la mayoría de las cremaciones, en 1995. Tomó las primeras fotografías de los cambiazos de ataúdes con cámaras analógicas -24 carretes se hallaron en su casa-y continuó con cámaras digitales y móviles según fue avanzando la tecnología hasta que en 2015, veinte años después, se jubiló.
Su labor documental tenía un objetivo y el dueño de la empresa lo descubriría pronto. Justo no estaba satisfecho con la cuantía de su pensión de jubilación y entendía que merecía una compensación económica por lo que el jefe habría ganado con los cambiazos en los que él participó. Así se lo hizo saber. Como el dueño no le hizo caso, continuó enviándole por teléfono -finales de 2015- algunas de las fotografías que había tomado. Ignacio Morchón no sólo continuó ignorándolo sino que además le bloqueó en whatsapp. Justo no cejó y recurrió a enviarle cartas en las que le amenazaba directamente con divulgar el material fotográfico y contar todo si no se avenía a sus peticiones. En 2017, el empresario, cansado del chantaje, decidió denunciarlo y un año después la Justicia le daba la razón: Justo fue condenado por extorsión.
La denuncia sin embargo puso en marcha la maquinaria policial y supuso el arranque de la Operación Ignis, que culminó en enero de 2019 con la detención de los propietarios y de una veintena de trabajadores. En la casa del patriarca se halló casi un millón de euros en efectivo, cantidad que justificó achacándolo al afán de las personas mayores por tener el dinero en efectivo y a la desconfianza en los bancos.
Todo ello deberá aclararse en el juicio que comienza hoy con las cuestiones previas y que será larguísimo , ya que está previsto que ocupe 35 sesiones y que no quede visto para sentencia hasta el próximo 9 de junio. La semana que viene comenzaran a declarar los testigos -nada menos que 239 más 17 peritos están convocados-, de modo que a los 23 acusados no les tocará el turno de hablar hasta el 20 de mayo.
«Afirmo que todos los datos reseñados y escritos en esta libreta por su puño y letra son verdad», escribió Justo en uno de sus cuadernos refiriéndose a él mismo en tercera persona. «Y por tanto lo firmo por si algún día son de interés para alguna cuestión a 1 de enero de 1998. Hay otra libreta como esta con datos iguales a estos del año 1996 y 1997. ‘C. Sí’ quiere decir que se quita la caja para el jefe. ‘C. No, que no se cambia», escribió en otra nota junto a su nombre completo y su DNI.
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