El elevado número de requisitos energéticos hace más caro instalar un centro de datos en España Leer El elevado número de requisitos energéticos hace más caro instalar un centro de datos en España Leer
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El Real Decreto sobre centros de datos que el Gobierno pretende aprobar antes de las elecciones situaría a España como el país más restrictivo a la hora de facilitar la construcción de estas instalaciones en su entorno.
Los requisitos de eficiencia de España serían mucho más exigentes que en países como Francia, Portugal e Italia, que no aprobarán restricciones hasta que se apruebe el marco europeo al que el Gobierno se pretende adelantar con su normativa.
También será más dura que Alemania que ha establecido unos requisitos progresivos hasta 2030 en energía que son sensiblemente más laxos que los españoles (un índice de eficiencia PUE de 1,3 en 2030, frente al 1,15 que presentó España), según un informe elaborado por PwC para SpainDC al que ha tenido acceso EL MUNDO.
Este informe establece un índice que acumula las diferentes obligaciones y concluye que la legislación española sería la que más obligaciones impondría al inversor con 10 puntos, frente a 5 de Alemania e Irlanda y un nivel de 1 para la media de la UE.
«La diferencia española puede influir directamente en las decisiones de localización dentro de Europa», advierte la firma de servicios profesionales, que apunta a que los principales obstáculos como la correlación horaria del consumo de renovables o los exigentes requisitos de eficiencia energética son aspectos no contemplados por la normativa comunitaria en tramitación.
Tampoco tienen parangón con las normas locales. El decreto español es también el más exigente de las principales potencias europeas a la hora de acreditar el uso de renovables y supera incluso a Irlanda, un país donde los centros de datos ya superan el 20% del consumo energético y que da seis años a la industria para alcanzar el nivel de renovables que exigiría España de cara a la construcción de una nueva instalación.
El volumen es otro de los elementos llamativos de la comparativa. El Gobierno argumenta que estas medidas están pensadas para proteger la red eléctrica y el precio que pagan los españoles por la electricidad, sin embargo la capacidad instalada a final de año era de 439 megavatios, tres veces menos que la que hay en Londres y Frankfurt, sin contar el resto de Reino Unido y Alemania.
Al mismo tiempo, se establecen los regímenes más duros de retroactividad de la norma, una exigencia que solo comparte con Irlanda y Alemania, ya que el resto de países aplicarán las exigencias solo a centros de datos nuevos. El régimen sancionador, con hasta un 500% de recargo por el incumplimiento de las condiciones del suministro de energía es otro de los elementos que destacan por alto.
Este conjunto de factores ha sido criticado tanto por el sector como por la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que pidió mayor flexibilidad al Ejecutivo, especialmente en la parte energética y de aprovechamiento del agua.
Con todo, el Gobierno sigue manteniendo el plan de aprobar el decreto este mismo mes, lo que le situaría en uno de los dos próximos Consejos de Ministros. Para ello, tendrá que responder a las 600 alegaciones sobre la norma que se presentaron, entre ellas las de SpainDC.
«Rechazamos el proyecto actual porque, tal y como está diseñado, supone una prohibición de facto del sector en España y nos convierte en la regulación más restrictiva de toda Europa. Pone en riesgo nuevas inversiones y, lo que es aún más grave para la seguridad jurídica, proyectos que ya están en marcha», subraya Begoña Villacís, directora general de Spain DC.
Desde otras fuentes del sector se ve posible que se rebajen ciertos requisitos para aplacar a unas compañías en pie de guerra y que extienden cheques milmillonarios en regiones como Aragón y Extremadura que permiten diversificar las economías regionales.
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