A lo largo de una exposición de una hora y cuarenta minutos, Luzón abundó en la gravedad de la causa que ha llevado al banquillo al ex secretario de Organización del PSOE, a su ex asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama Leer A lo largo de una exposición de una hora y cuarenta minutos, Luzón abundó en la gravedad de la causa que ha llevado al banquillo al ex secretario de Organización del PSOE, a su ex asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama Leer
«La corrupción política organizada, nada menos que desde un Ministerio del Gobierno de España, está disminuyendo la confianza de los ciudadanos en unas instituciones democráticas que estos delincuentes pervierten, poniéndolas a su servicio». Así de categórico fue este miércoles el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, refiriéndose a la corrupción que anidó en el Ministerio de Transportes cuando lo dirigió el antaño todopoderoso José Luis Ábalos. «Nos encontramos con una corrupción orgánica, organizada, continuada», dijo.
A lo largo de una exposición de una hora y cuarenta minutos, el fiscal de Sala abundó en la gravedad de la causa que ha llevado al banquillo de los acusados al también ex secretario de Organización del PSOE, a su ex asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama. Describió el operativo de la presunta organización criminal y los roles desempeñados por cada uno de sus integrantes. El fiscal aseguró que los acusados «pronto vieron la oportunidad de obtener, un lucro, un beneficio mutuo, al abrigo, al socaire, del cargo que ostentaba José Luis Ábalos como ministro del Gobierno de España».
El jefe Anticorrupción agregó que la organización criminal nació con «innegable vocación de permanecer en el tiempo», estuvo operando «varios años» y «proyectando su actuación delictiva». «¿De quién es la iniciativa?», se preguntó Luzón para concluir que «probablemente fuera tanta la insistencia como poca la resistencia».
El fiscal abundó que «ya como líder de la organización, ya al menos como pieza clave, José Luis Ábalos en raras ocasiones descendía al terreno de juego, a la ejecución material de los delitos, porque para eso contaba con el fidelísimo Koldo García», al que calificó de «esencial» porque canalizada «las peticiones de terceros». Por último, Víctor de Aldama fue la persona que «en beneficio propio y de terceros aprovechó esa influencia que se garantizó mediante el pago continuado de elevadas cantidades de dinero».
El jefe Anticorrupción aludió al jurista, fiscal del Tribunal Supremo, Joaquín Francisco Pacheco, quien dijo que «el delito no surge a la realidad de la vida como Minerva, adulta y completamente armada, sino que recorre un camino». Y entonces Luzón añadió: «Con la corrupción ocurre exactamente eso, que la corrupción no aparece de un día para otro con la entrega de 10.000 € por parte de Aldama a Koldo García y a José Luis Ábalos, sino que comienza con favores, con pequeños regalos, con contactos, con un tratamiento, una moto o lo que fuera. El pago de la vivienda de la pareja de Ábalos, que es el primer, la primera dádiva identificada y, a partir de ahí, ya resulta mucho más natural el que unos y otros entreguen y reciban cantidades en metálico».
El fiscal repasó de forma concienzuda -enlazando los testimonios prestados en el juicio con los whatsapps incautados por la UCO- todos los sobornos y tráficos de influencias que durante un mes se han enjuiciado en el Salón de Plenos del Supremo: la contratación de las mascarillas; los enchufes de las amigas del ex ministro, Jésica Rodríguez y Claudia Montes, en empresas públicas; las gestiones para el rescate de Air Europa; el chalé de La Alcaidesa como contraprestación por la gestiones para favorecer a la empresa de hidrocarburos Villafuel; el piso de La Castellana como garantía de pago a Ábalos; el piso de lujo de Jésica en Plaza de España (Madrid); los 10.000 euros mensuales…
Y ahí llego una segunda reflexión demoledora del jefe de todos los fiscales Anticorrupción de España: «Como deslegitima el Estado de Derecho y el principio de separación de poderes las actuaciones de responsables públicos que normalizan o movilizan las conductas de corrupción o descalifican a quienes tienen la responsabilidad de perseguir la corrupción política está carcomiendo nuestro sistema democrático y solo una reacción contundente contra ella puede frenarla».
Luzón tampoco quiso perder la oportunidad en su informe para denunciar la situación que se vive en las empresas públicas «colonizadas», «casi parasitadas por el poder político, en contraste con lo ordenado en el artículo 103 de la Constitución, lo cual produce cierta desolación». Añadió que «el interés general es un concepto jurídico determinado que no puede quedar sometido a la voluntad política arbitraria» e hizo una clara defensa de quienes deciden denunciar la corrupción.
También abordó en su intervención el fiscal Anticorrupción la confesión de Aldama. Recordó la necesidad existente en política criminal de contar con investigados que «salen del entorno criminal y lo denuncian», añadiendo que si esta colaboración no se premia se «impondrá la ley del silencio». El fiscal de Sala -que eludió convertir en un choque público de trenes la orden de su jefa, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, de impedirle solicitar una mayor rebaja de pena para Aldama- defendió que «es posible apreciar la atenuante muy cualificada» para el comisionista.
Sobre este extremo, el representante del Ministerio Fiscal indicó que «la incentivación de la colaboración de personas que han tomado parte del delito mediante la rebaja sustancial o la exención de la pena es una cada vez mayor sentida necesidad de política criminal para conseguir la obtención de una prueba de unos delitos que de otra forma difícilmente puede ser alcanzado».
En este sentido, Luzón calificó de «decisiva» la colaboración de Aldama para descubrir aspectos que eran inicialmente desconocidos por los investigadores, en referencia a los amaños por adjudicaciones de obra pública que se investiga en la Audiencia Nacional; causa por la que entró en prisión el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Destacó además que sus manifestaciones «no han estado orientadas a ocultar o minimizar la intervención propia de estos hechos».
El fiscal también dejó claro que las declaraciones de Aldama no son palabra de Dios cuando señaló que «desde luego» el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no era el número 1 de la trama criminal, tal y como dijo el acusado.
Además, el fiscal negó haber firmado un pacto previo con el comisionista. «Frente a la cansina letanía del pacto con el fiscal, lo único que hay por parte de la Fiscalía es la estricta aplicación de la ley», subrayó el acusador público. Y aun acatando la orden de la fiscal general, que asumió sin querer generar polémica alguna, el jefe de Anticorrupción vio posible rebajar hasta en dos grados de la pena a Aldama, tal y como ha pedido su defensa y las acusaciones populares lideradas por el PP.
Junto a la atenuante muy cualificada -que permite llegar a una rebaja de la pena hasta en dos grados-, Luzón también aludió a la posibilidad de que la Sala le aplique el artículo 570 quater del Código Penal para rebajar hasta en dos grados sólo del delito de organización criminal.
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