El Ministerio de Consumo intenta dibujar un mapa fiel de las ocho grandes asociaciones de consumidores del país y les ha exigido más transparencia para verificar su actividad y cuentas. Por primera vez en la historia, el Gobierno ha reclamado al movimiento de consumidores que detalle sus acciones desarrolladas en 2024, entre consultas y reclamaciones de los usuarios, para verificar que todas fueron reales. El objetivo de esta auditoría inédita, iniciada en noviembre, es descartar fraudes y comprobar el volumen de estas asociaciones, que el año pasado percibieron tres millones en subvenciones del Estado. Una década después del escándalo de Ausbanc —acusados de extorsionar a bancos y empresas—, el movimiento está atomizado y debilitado por la permanente dificultad de retener a miles de socios con poca fidelidad hacia las organizaciones que defienden sus derechos frente a los abusos de las compañías.
El Ministerio de Consumo escruta las consultas y reclamaciones de las ocho grandes organizaciones, que reciben tres millones en subvenciones estatales
El Ministerio de Consumo intenta dibujar un mapa fiel de las ocho grandes asociaciones de consumidores del país y les ha exigido más transparencia para verificar su actividad y cuentas. Por primera vez en la historia, el Gobierno ha reclamado al movimiento de consumidores que detalle sus acciones desarrolladas en 2024, entre consultas y reclamaciones de los usuarios, para verificar que todas fueron reales. El objetivo de esta auditoría inédita, iniciada en noviembre, es descartar fraudes y comprobar el volumen de estas asociaciones, que el año pasado percibieron tres millones en subvenciones del Estado. Una década después del escándalo de Ausbanc —acusados de extorsionar a bancos y empresas—, el movimiento está atomizado y debilitado por la permanente dificultad de retener a miles de socios con poca fidelidad hacia las organizaciones que defienden sus derechos frente a los abusos de las compañías.
“Se solicita que se aporte la documentación necesaria para justificar la trazabilidad del dato declarado por la asociación (…) para acreditar su veracidad”, requirió el pasado otoño el director general de Consumo, Daniel Arribas, a las asociaciones de consumidores, a las que advirtió de su obligación de “someterse a las actuaciones de comprobación”, impuestas mediante un oficio. Cada organización ha debido remitir al ministerio una relación de consultas de sus asociados, con el listado numerado de solicitantes, el canal utilizado, la temática y el resultado de la consulta. Además, han aportado la relación de reclamaciones de usuarios presentadas ante las compañías, con la identificación de las personas atendidas y todos los justificantes oficiales de registros de presentación. Una ingente documentación separada por carpetas que los funcionarios peinan ahora para encontrar lagunas y verificar el impacto real de la labor de estas organizaciones.
Entre las ocho organizaciones investigadas, la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) declaró haber atendido 122.825 consultas de consumidores durante 2024, la mayoría de ellas vinculadas a influencers (50.000), alimentación y bebidas (30.000), de contenido sexista (8.000) y televisivo (6.500), a pesar de contar con solo un empleado fijo, según su memoria anual. Su presidente, Alejandro Perales, alega que un equipo volante de seis personas contratadas atendió todas esas consultas y las 12.268 reclamaciones presentadas ante las grandes compañías. Es decir, que cada empleado de AUC estuvo al cargo de una media de 19.299 consultas y reclamaciones en solo un año. Unas 77 por cada día de trabajo efectivo, según sus datos.
“Trabajamos por lo que se llama el interés difuso. Cualquier anuncio o contenido audiovisual que analizamos para ver si cumple la normativa, lo tenemos asimilado a consultas [cuestiones concretas preguntadas por los consumidores a las asociaciones]”, señala Perales sobre su actividad. “Miramos páginas de pornografía para ver si aparecen o no indicaciones de edad. Es decir, que hacemos un barrido enorme. ¿Quién lo hace? Todos (…) El año pasado hicimos un esfuerzo muy grande con el tema de influencers porque miramos miles de posteos para el tema de la publicidad encubierta”.
El ministerio ha movido ficha tras las presiones de la asociación Facua, que le había exigido más transparencia para dimensionar el tamaño real de las asociaciones y así justificar el reparto de las ayudas públicas. “Llevamos décadas viendo cómo diferentes asociaciones han falseado su número de socios y la cantidad de consumidores a los que atienden para inflar las cuantías de las subvenciones que reciben. [Pablo] Bustinduy está haciendo lo que ningún ministro había querido hasta ahora: auditar los datos que presentan las asociaciones de consumidores cuando piden subvenciones”, ensalza Rubén Sánchez, secretario general de Facua.
Sin embargo, esta asociación de consumidores, la segunda en volumen tras la OCU, reclama al ministerio dar un paso más y verificar también las cifras de socios declaradas por estas organizaciones. Los socios son la puerta de entrada para estar presentes en el Consejo estatal de Consumidores y Usuarios (CCU), para lo que son necesarios 10.000 abonados, y contribuyen a poder recibir subvenciones estatales. Desde 2024, la ley obliga a todas las asociaciones de ámbito nacional a contar al menos con 3.000 socios al corriente de pago para ser incluidas en el registro estatal, llamado Reacu, condición previa indispensable para acceder al CCU. Tras esa criba, el Gobierno expulsó el año pasado del registro a cinco asociaciones, por lo que hoy quedan 11.
Una asociación de las varias que atraviesan serias dificultades es UNAE, la federación de asociaciones de consumidores y amas de casa, que ha caído desde los 16.403 socios a finales de 2022 hasta los 5.500 que tiene hoy, un 67% menos, según reconoce su presidente, José Ramón Lozano. De esos 5.500 asociados, solo 3.250 son de pleno derecho y pagan su cuota de unos 30 euros al año, lo que le reporta a UNAE solo 8.650 euros a sus arcas, ya que el grueso se lo quedan las asociaciones regionales. Unos ingresos que palidecen ante los 214.303 euros que recibió del ministerio, 24 veces más, entre subvenciones para el fomento [estructura] de la organización (148.590 euros) y dos programas para el uso responsable de dispositivos electrónicos por menores y para la formación de personas vulnerables en nuevas tecnologías (65.713 euros).
“Muchas socias eran personas mayores y con la pandemia dejaron de participar, y algunas asociaciones como Baleares o Asturias han desaparecido. Estamos haciendo un plan para duplicar los socios antes de 2027”, avanza Lozano. El próximo año se renueva el CCU y, con sus 5.500 miembros actuales, UNAE sería excluida por primera vez. La última gran asociación estatal que desapareció fue Asgeco en 2021, a pesar de que hasta entonces aseguraba contar con 383 sedes y 216.400 socios, y en 2017 cerró sus puertas la Confederación Ceaccu, compuesta por amas de casa, que decía estar presente en 41 provincias.
La AUC también ha sufrido un descenso de socios hasta caer a los 13.000, de los cuales solo 3.132 pagan su cuota de tres euros al año, según su propia web. Esta asociación declaró al ministerio ingresos de 8.000 euros gracias a los socios en 2021 y 2022, una cantidad que no es múltiplo de tres. “Hay gente que no paga tres euros, que paga un euro”, precisa su presidente. La AUC recibió el año pasado subvenciones por 293.754 euros, 36 veces más que la cuantía percibida por las cuotas de sus asociados. “Nuestro trabajo es realizar programas específicos de seguimiento de publicidad y publicidad ilícita, y cobramos por esos proyectos que hacemos”, responde Perales.
Debido a la flaqueza de ingresos económicos desde los socios y a que las subvenciones del ministerio y de las autonomías no han aumentado en los últimos años, cinco de estas ocho asociacionesinvestigadas firman cada año convenios con grandes compañías para engordar sus arcas, lo que genera un conflicto de intereses para poder denunciar prácticas abusivas de empresas que al mismo tiempo las financian.
Entre estas organizaciones sobresale la OCU, la mayor asociación del país —con 192.000 abonados—, que ha amenazado con demandas colectivas a grandes empresas, que luego ha retirado tras cerrar acuerdos económicos confidenciales a través de su sociedad paraguas Euroconsumers, algo que sucedió, por ejemplo, con gigantes como Google o Hewlett-Packard. Hace tres años, el ministerio indagó 47 de estos convenios, pero concluyó que eran legales. La Organización Europea de Consumidores (BEUC), que aglutina 44 asociaciones de consumidores de 31 países, expulsó el pasado noviembre a la OCU y sus organizaciones hermanas en Italia y Bélgica por este tipo de acuerdos con grandes corporaciones.
La OCU suaviza la ruptura y la achaca a “enfoques distintos”: “Esta salida se ha producido de forma amistosa y no responde a ningún conflicto concreto. A medida que las organizaciones evolucionan, también lo hacen sus estrategias para proteger y empoderar a los consumidores”, aduce una portavoz. Por el contrario, el organismo europeo es más tajante: “Las estrategias de estas tres organizaciones y la del BEUC son ya incompatibles. La independencia es la piedra angular del BEUC y nuestro único propósito es promocionar los intereses de los consumidores europeos que difunden nuestros miembros, libres de todo interés comercial”, zanjan fuentes del BEUC.
La federación UNAE de amas de casa recibió el año pasado 41.745 euros solo de Mercadona y Ecoembes. “La ley lo permite y son convenios que no son publicidad. Se recibe dinero únicamente para realizar encuestas; eso no afecta a la objetividad, no veo ningún conflicto ético”, defiende Lozano.
La abogada Francisca Sauquillo presidió el consejo estatal de consumidores (CCU) durante ocho años (2005-2013) y siempre vio el movimiento “muy flojo” y sin un apoyo real desde los sucesivos Gobiernos, a diferencia de otros países. “Debería estar en un ministerio fuerte como Economía o Presidencia para poder ser un contrapeso a las empresas multinacionales y porque el consumo nos afecta a todos. Pero las asociaciones de consumidores no están reconocidas en la Constitución como organismos consultores. Necesitan apoyo económico y buenos técnicos para afrontar la complejidad de estos temas, desde la gasolina a la telefonía”, reflexiona.
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