La presidenta ha tenido vínculos con varios miembros del Gobierno, como Ábalos, o del PSOE, como Zapatero, y protagonizó un episodio en Barajas nunca explicado por el Ejecutivo Leer La presidenta ha tenido vínculos con varios miembros del Gobierno, como Ábalos, o del PSOE, como Zapatero, y protagonizó un episodio en Barajas nunca explicado por el Ejecutivo Leer
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El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado este viernes que España solicitará formalmente a la Unión Europea que retire las sanciones contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras la amnistía para presos políticos aprobada por la Asamblea Nacional.
«Las sanciones nunca son un fin, son un medio para alcanzar fines, para que se produzca este diálogo amplio, pacífico y democrático en Venezuela. Si se están dando pasos hacia ello, la Unión Europea también tiene que darlos. Al mismo tiempo, quiero recordar que Nicolás Maduro no tenía sanciones de la Unión Europea», aseguró Albares en declaraciones a la prensa en Barcelona, recogidas por la agencia Efe.
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves una histórica ley de amnistía para presos políticos condenados en episodios de crisis política entre 2002 y 2025 y que excluye a personas que promovieron o participaron en acciones armadas o de fuerza contra los ciudadanos, la soberanía y la integridad del país suramericano.
Albares ve ahí «una señal fuerte de que Venezuela camina por el camino adecuado». Y de ahí salta a reclamar el perdón para la máxima dirigente chavista. Se ha mostrado partidario de que la Unión Europea «envíe un signo de que se está yendo por el buen camino», retirando las sanciones a la presidenta encargada del país suramericano. «Es fundamental acompañar en este momento a Venezuela», concluyó el ministro.
Sólo unas horas ha tardado el Gobierno español en tomar esta iniciativa. La Unión Europea mantiene desde 2017 un régimen de sanciones contra Venezuela en respuesta al deterioro democrático y a las denuncias de violaciones de derechos humanos. Las medidas, de carácter selectivo, no están dirigidas al conjunto de la economía venezolana, sino a personas y entidades consideradas responsables de socavar el Estado de Derecho.
El paquete incluye la congelación de activos dentro del territorio comunitario y la prohibición de poner fondos a disposición de los sancionados. Además, se les impide entrar o transitar por países miembros de la UE. Justo esta medida fue rota por España en el año 2020, cuando la entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, aterrizó en España. José Luis Ábalos acudió aquel 20 de enero de urgencia al aeropuerto y subió en el avión de Delcy. El episodio, bautizado como ‘delcygate‘, nunca ha sido explicado del todo por el Ejecutivo español. Tampoco investigado por Bruselas.
Asimismo, la presidenta ha tenido una relación fluida con José Luis Rodríguez Zapatero, durante más de una década, desde que el ex presidente acudió por primera vez como observador para unas elecciones. Desde entonces, se convirtió en un avalista del chavismo, como mediador en momentos comprometidos para el régimen.
La lista de sancionados —que ha variado con el tiempo— abarca altos cargos del Gobierno, miembros de las fuerzas de seguridad, autoridades electorales y representantes del poder judicial. El Consejo de la UE revisa periódicamente estas medidas y las ha prorrogado en varias ocasiones, argumentando que persisten los problemas institucionales y las restricciones a la oposición. El veto europeo también supone un embargo de armas y de equipos susceptibles de ser utilizados para la represión interna, vigente desde noviembre de 2017.
Bruselas ha venido sosteniendo que el objetivo es promover una salida negociada y democrática a la crisis venezolana, incentivando reformas políticas y garantías electorales, al tiempo que mantiene la presión sobre quienes considera responsables de la situación.
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