Impulsa a creación de la Agencia Independiente de Integridad Pública para la prevención del fraude Leer Impulsa a creación de la Agencia Independiente de Integridad Pública para la prevención del fraude Leer
Audio generado con IA
El Gobierno ha iniciado la tramitación del paquete de medidas anticorrupción anunciadas por Pedro Sánchez tras la entrada en prisión de Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE entre 2021 y 2025, acusado de liderar un presunto entramado de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones de contratos para la realización de obras. En concreto, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes en primera vuelta el anteproyecto de Ley de Integridad Pública, cuya elaboración ha sido coordinada por el Ministerio de Hacienda.
De esta forma, siete meses después del escándalo que sacudió a la cúpula de Ferraz, el Ejecutivo impulsa, entre otras medidas, la creación de una agencia independiente que aglutinará «funciones dispersas» de otros organismos para «coordinar a España en la protección de los intereses financieros de la Unión Europea frente al fraude«. También plantea «endurecer el control y la transparencia» en las donaciones a partidos políticos y fundaciones al reducir al umbral de publicación de los 25.000 euros actuales a 2.500.
En la rueda posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha apuntado que la previsión es que el anteproyecto esté finalizado a lo largo de este semestre para que llegue después del verano al Congreso y pueda aprobarse antes de que acabe la legislatura a mediados de 2027 -aunque ha tenido un lapsus y ha situado las elecciones en el verano de este año antes de autocorregirse-. Asimismo, la también titular de la cartera Hacienda confía en el apoyo «unánime» a estas medidas por parte de los distintos grupos parlamentarios.
La creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública -incorporada por la coalición al frente de La Moncloa a instancias de Sumar– supondría que asumiera las funciones que actualmente desempeñan la Oficina de Conflictos de Intereses, la Autoridad de Protección del Informante y del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude. El Ejecutivo quiere reforzar su papel introduciendo cambios en el ámbito penal, al ampliar el plazo de prescripción de los delitos de corrupción de cinco a siete años para evitar que se genere una sensación de «impunidad».
También se plantea que el registro de empresas con prohibiciones de contratar con la Administración pase a ser público y accesible. Las compañías condenadas por prácticas corruptas, además, verían incrementada su pena máxima de inhabilitación de 15 a 20 años sin que pudieran recibir tampoco ni subvenciones ni beneficios fiscales.
Con esta ley, el Gobierno de Sánchez también pretende obligar a los partidos políticos a realizar auditorías externas e independientes de sus cuentas como la que anunció el propio líder del PSOE tras el informe de la Unión Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que apuntaba a cobros por el amaño de contratos por parte de Cerdán, su predecesor en la Secretaría de Organización, José Luis Ábalos, y la mano derecha de éste en el Ministerio de Transportes, Koldo García, -ambos procesados también por presunta corrupción- valorados en al menos 620.000 euros.
Además, se quiere regular el empleo de herramientas de análisis avanzado y de Inteligencia Artificial para modernizar la Plataforma de Contratación y la Base Nacional de Datos de Subvenciones; reforzar el papel de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) para localizar el dinero público robado e incorporar «figuras como el decomiso sin condena o el decomiso de riqueza no justificada» para actuar aunque no haya sentencia previa «con plenas garantías judiciales».
España // elmundo
