Las centrales acusan al ministro, Óscal López, de «ocultar las cifras y el reparto de personal Leer Las centrales acusan al ministro, Óscal López, de «ocultar las cifras y el reparto de personal Leer
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Por primera vez en sus casi ocho años de mandato, el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobará hoy en el Consejo de Ministros la Oferta de Empleo Público (OEP) sin haber siquiera comunicado previamente sus cifras a los sindicatos mayoritarios.
Los representantes de los trabajadores acusan abiertamente al Ministerio de Función Pública que dirige Óscar López de «ocultar» la OPE de este año y de una «absoluta falta de transparencia y respeto», por lo que será la segunda ocasión, tras lo sucedido con la de 2025, en la que el Gobierno tenga que sacar adelante la oferta sin el aval de los sindicatos.
«Tampoco tiene sentido seguir creciendo eternamente», afirmó ayer durante una entrevista en RTVE el ministro de Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López quien se defendió: «Nos mantenemos en ese pico de la montaña, con una creación neta de empleo al final, y a la vez estamos digitalizando, sin destruir empleos».
El malestar sindical ha ido en aumento en las últimas semanas. El Gobierno les ha citado al menos a cuatro reuniones técnicas para intentar encauzar un acuerdo, hasta la última celebrada el pasado 22 de abril. En todas ellas, el Ejecutivo se ha negado a poner sobre la mesa una cifra concreta.
La principal hipótesis que maneja en CSIF es que el secretario de Estado ha optado por blindar el anuncio para «vender» las cifras ante los medios y hacer control de daños frente a lo que pronostican como una oferta similar a la de 2025 o menor.
La oferta del año pasado fue de un total de 36.588 plazas, incluyendo Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y Fuerzas Armadas, lo que supuso casi un 9% menos respecto a la de 2024, de 40.146.
A esta corriente de críticas se ha sumado Comisiones Obreras (CCOO), que ha calificado la OEP como una propuesta «incierta» y carente de una negociación real. Desde el sindicato apuntan que, tras el anuncio del ministro, el Gobierno pretende aprobar este martes una oferta que oculta las cifras reales de creación de empleo neto y que, bajo el pretexto de la digitalización y el uso de la IA, podría abrir la puerta a la externalización de servicios públicos en beneficio de empresas tecnológicas.
A su vez, la incertidumbre en torno a las cifras se agrava ante dos frentes que tienen desbordada a la Administración. Por un lado, las largas colas detectadas en distintos puntos del país a raíz del proceso de regularización masiva de extranjeros, que ha superado con creces la capacidad de atención al público.
Por otro, la aplicación de la jornada laboral de 35 horas semanales, una medida que obliga irremediablemente a robustecer el número de efectivos para poder afrontar la demanda en áreas ya críticas, como el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) y la Seguridad Social
Sobre este escenario de saturación, CSIF y la CCOO han sido tajante al señalar que la actual coyuntura «ha puesto de manifiesto una vez más la necesidad apremiante de reforzar las plantillas ya de por sí tensionadas por los nuevos servicios como la regularización que se está llevando a cabo y en la que están implicados organismos de la Administración General del Estado».
Ante lo que consideran una falta de previsión, desde el CSIF concluyen que el peso del sistema recae sobre los trabajadores: «Sin este refuerzo importante de plantilla será imposible hacer frente a estos y a otros trabajos que solamente salen adelante en la actualidad gracias a la profesionalidad y al interés personal que se toman nuestros empleados y empleadas públicas».
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