Entre septiembre y el 6 de noviembre el Ejecutivo autonómico remitió tres cartas alertando del escenario Leer Entre septiembre y el 6 de noviembre el Ejecutivo autonómico remitió tres cartas alertando del escenario Leer
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El Gobierno de Canarias informó hasta en tres ocasiones a Fernando Grande-Marlaska de que la crisis migratoria que asfixia a las islas, especialmente a El Hierro, podría producirse. Lo hizo entre septiembre y principios de noviembre a través de cartas que el Ministerio del Interior ignoró. La primera comunicación, fechada el 10 de septiembre, emitía una alerta ante una «posible reprecusión migratoria que pudiera afectar a Canarias» derivada de la crisis de Ceuta. En las dos comunicaciones siguientes – del 20 de octubre y del 6 de noviembre- reclamaba la convocatoria de la Junta de Seguridad Estado-Canarias para abordar el repunte de la inmigración irregular y coordinar una respuesta policial.
Todas las misivas las firmó la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto. Cabe recordar que el 6 de noviembre El Hierro ya soportaba una presión extraordinaria por la llegada de cayucos. Interior no había fijado todavía una fecha para celebrar la Junta cuando el Gobierno central anunció la convocatoria de la Comisión Interministerial de Inmigración, que se reunió por primera vez el 10 de noviembre en Madrid. Ayer, una semana después, celebró otra a la que también acudió el presidente canario Fernando Clavijo y en la que el Ejecutivo central anunció la aprobación mediante un real decreto-ley urgente de cinco millones de euros adicionales para El Hierro. Esta cantidad se suma a los 15,18 millones de euros de fondos de emergencia aprobados la semana pasada.
El intercambio de comunicaciones entre ambos gobiernos revela que Canarias llevaba semanas reclamando una respuesta coordinada del Estado antes de que la crisis alcanzara su momento más crítico en El Hierro. No se trataba únicamente de una petición de más efectivos policiales. El Ejecutivo autonómico reclamaba activar un mecanismo institucional previsto para coordinar las políticas de seguridad entre ambas administraciones y compartir información sobre la evolución de las llegadas.
En la primera advertencia formal de la consejera del 10 de septiembre al Ministerio del Interior, Barreto trasladaba su preocupación por la información policial disponible sobre la evolución de los movimientos migratorios y por el riesgo de que se produjera un incremento de las llegadas a Canarias. Entre los elementos que estaban sobre la mesa figuraban los datos del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), dependiente de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional.
La alerta de este organismo tenía, además, un antecedente concreto. El 31 de julio, apenas un día después de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, el CENIF había elaborado una nota informativa dirigida a la Jefatura Superior de Policía de Canarias en la que consideraba necesario establecer una alerta ante la posibilidad de nuevas entradas. El documento identificaba expresamente tres posibles zonas de salida en la costa africana: Agadir, Tan-Tan y El Aaiún. La nota no anticipaba, sin embargo, una llegada masiva inminente. De hecho, precisaba que, a fecha de 31 de julio, no existían evidencias digitales suficientes para concluir que fuera a producirse una entrada a corto plazo. Pero sí consideraba necesario mantener una vigilancia preventiva sobre la posible repercusión de Ceuta en la ruta canaria.
El documento fue desclasificado el 9 de septiembre, en el marco de la publicación de información relacionada con la crisis migratoria de Ceuta. Al día siguiente, el Gobierno canario trasladó su preocupación a Interior. La segunda petición llegó el 20 de octubre. Esta vez, la consejera elevó el tono y reclamó expresamente la convocatoria de la Junta de Seguridad Estado-Canarias ante el incremento de la presión migratoria y la necesidad de que ambas administraciones compartieran información y acordaran medidas. La preocupación no se limitaba a solicitar una conversación entre responsables políticos si no que reclamaba activar el órgano institucional de coordinación en materia de seguridad.
La tercera comunicación se produjo el 6 de noviembre. Para entonces, la situación había empeorado de forma considerable. Barreto insistió en la necesidad de convocar la Junta. «Me dirijo nuevamente a usted», comenzaba para volver a pedir que se celebre la reunión pendiente. La carta incorporaba, además, una exigencia inmediata de refuerzos extraordinarios de Policía Nacional y Guardia Civil en El Hierro. La consejera reclamaba un incremento de los efectivos y de los medios materiales para atender las labores de vigilancia, identificación, custodia y traslado de las personas migrantes, así como para colaborar con los servicios de emergencia y asistencia. La dimensión de la presión que soportaba el archipiélago quedaba reflejada en las cifras que manejaba entonces el Gobierno autonómico. Entre el 1 y el 6 de noviembre habían llegado a Canarias 49 embarcaciones con aproximadamente 4.587 personas. De ellas, 35 habían arribado a El Hierro. En el mismo periodo del año anterior, la isla había recibido solo dos embarcaciones.
La Junta de Seguridad es el instrumento bilateral de coordinación entre el Estado y Canarias en materia de Seguridad, mientras que la Comisión Interministerial reúne a distintos departamentos del Gobierno central para articular una respuesta estatal a la crisis migratoria. En la última comisión interministerial, celebrada ayer, se aprobó la dotación de cinco millones de euros adicionales a la isla de El Hierro por la presión migratoria.
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