La Junta recibió hace un año en sus centros a 40 niños inmigrantes tras una petición de auxilio del gobierno de la ciudad autónoma, que ya tenía sus centros saturados Leer La Junta recibió hace un año en sus centros a 40 niños inmigrantes tras una petición de auxilio del gobierno de la ciudad autónoma, que ya tenía sus centros saturados Leer
El Gobierno andaluz tendrá que resolver en las próximas semanas una complicada disyuntiva política y jurídica derivada del giro drástico que ha imprimido a su discurso en materia de menores extranjeros a raíz de su acuerdo con Vox. El pacto que hizo posible la investidura de Juanma Moreno se opone tajantemente a aceptar los repartos solidarios entre comunidades autónomas de los menores no acompañados. Y, sin embargo, la Junta firmó hace sólo dos años un convenio de colaboración con la Ciudad Autónoma de Ceuta en el que ambos gobiernos autonómicos se comprometen a auxiliarse mutuamente en caso de crisis migratoria.
Ese acuerdo, firmado el 11 de enero de 2024 por la consejera andaluza de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, y el titular de Presidencia y Gobernación de Ceuta, Alberto Ramón Gaitán, tiene vigencia de cuatro años (prorrogables), es decir está plenamente en vigor en la actualidad.
Su objeto es «coordinar» las actuaciones entre Ceuta y Andalucía «para la protección de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados afectados por la contingencia migratoria», y pretende «ser un instrumento de cooperación interautonómico que permita la derivación e integración de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados entre las partes firmantes de forma ágil y que sea estable en el tiempo, mientras continúe desarrollándose la crisis migratoria que afecta a la Ciudad de Ceuta». Entonces se acordó que el número de menores que serían trasladados a Andalucía sería «el que se establezca sucesivamente en función de los criterios de reparto recogidos en el Plan de Respuesta aprobado por Acuerdo de la Conferencia Sectorial de la Infancia y la Adolescencia, de 5 de octubre de 2022».
Precisamente en virtud de ese convenio firmado con Ceuta, la Junta atendió una llamada de auxilio de la ciudad autónoma en julio de 2025 y recibió entonces a unos 40 menores inmigrantes que literalmente no cabían en las ya saturadas instalaciones ceutíes. En ese momento, también existía un contexto de enfrentamiento por el reparto de los menores que llegaban de forma masiva a Canarias.
Pero ese modelo de colaboración saltaría por los aires si se aplica la literalidad de lo pactado entre el PP y Vox para la investidura de Juanma Moreno, donde se recoge que Andalucía «se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad». Y «no participará en reformas normativas ni acuerdos presupuestarios destinados a facilitar, financiar o consolidar su entrada, acogida o permanencia en Andalucía, no habilitando nuevos centros ni creando plazas en los existentes, así como reduciendo el gasto en esta materia al mínimo imprescindible».
Fuentes de la vicepresidencia segunda de la Junta (en manos de Vox) consideran que el citado convenio con Ceuta habría quedado superado por el acuerdo de investidura: «Apelamos al pacto de Gobierno posterior a este convenio, que es claro en todo lo referente a la gestión de la inmigración», apuntan en la consejería que dirige Manuel Gavira.
El Gobierno andaluz participó el pasado jueves en la reunión técnica que se celebró en el Ministerio de Infancia, aunque, como otras comunidades del PP, se negó a aceptar que en la conferencia sectorial del 27 de agosto se incluya un punto sobre el reparto de menores procedentes de Ceuta. Sí dio luz verde a que se apruebe una ayuda extraordinaria de 25 millones de euros para atender la crisis humanitaria que afecta a los menores en ciudad autónoma.
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