Sostiene que ambos fenómenos están retirando viviendas del mercado y disparando los precios, mientras acusan al Ejecutivo de «amparar» a quienes incumplen la ley Leer Sostiene que ambos fenómenos están retirando viviendas del mercado y disparando los precios, mientras acusan al Ejecutivo de «amparar» a quienes incumplen la ley Leer
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«El Gobierno, ha pervertido la legalidad, ampara a quienes cometen delitos y desprotege a quienes los sufren». Bajo esta premisa, el Partido Popular vuelve a llevar el tema de la ocupación ilegal al próximo pleno del Senado. Esta vez, con una moción donde insta al Gobierno de Pedro Sánchez a dar marcha atrás «urgentemente» sus políticas de vivienda, que «amparan las conductas intrínsecamente delictivas de la ocupación y la inquiocupación«.
El escrito registrado en la Cámara Alta, al que ha tenido acceso EL MUNDO, el Grupo Parlamentario Popular defiende que estos casos están teniendo un impacto «demoledor» tanto en la oferta disponible de viviendas para alquilar -por lo que se disparan los precios- como en la «fractura social y desconfianza en el estado de derecho»; sobre todo por la «actual inoperancia» junto con la dilación de los procesos y la percepción ciudadana de una justicia eficaz. «Genera un sentimiento de agravio comparativo en la población que reside legalmente y hace enormes esfuerzos por pagar sus alquileres, y porque introducen en la sociedad una sensación de inseguridad jurídica que saca las viviendas del mercado del alquiler», advierte el documento.
Según argumentan, una de cada tres viviendas del alquiler se han retirado como resultado de la inquiocupación (cuando un inquilino con contrato deja de pagar), lo que ha provocado el alza de los precios «hasta hacerlos inalcanzables». Por otro lado, la ocupación «condena a los más débiles»; explica, ya que tiene consecuencias en los barrios más humildes, con más necesidad de vivienda social y altera la convivencia en las comunidades. «Y el Gobierno sigue haciendo como que no existe», denuncia el Grupo Popular.
«En este momento, en nuestro país es más fácil ocupar una casa que comprarla o incluso que poder alquilarla», asegura Alicia García, portavoz del PP en la Cámara Alta. «Y de eso solo hay un único responsable: Pedro Sánchez y sus políticas radicales en materia de vivienda». Justifican que las políticas promovidas por el Gobierno empujan peligrosamente a la sociedad hacia la autodefensa o incluso a contratar a empresas desokupa. De hecho, precisan que la vía extrajudicial para recuperar la posesión de la vivienda se ha convertido en lo habitual y que el 80% de los casos se han resuleto mediante el pago al okupa.
Además, el PP recalca la inseguridad jurídica en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que «esperan que sus gobernantes hagan lo correcto, no que propaguen el desorden y debiliten la autoridad, como está haciendo el Gobierno». Insta al Ejecutivo a proporcionar el respaldo legal y medios materiales suficientes a los cuerpos de seguridad para combatir eficazmente estos casos.
Sin embargo, este «drama inadmisible» es «perfectamente evitable». Lo que pretenden los populares es sacar adelante las reformas legislativas incluidas en la Ley Antiokupas, que se encuentra en el Congreso de los Diputados (gracias a la abstención de Junts y el PNV), donde consta el desalojo de los okupas en 24 horas, el incremento de penas y la nulidad del empadronamiento. Además, insta al Gobierno a hacer suyas las reformas en materia de seguridad jurídica, que incluyen la distinción de la verdadera necesidad social de la falsa y facilitar la recuperación de la posesión por el legítimo propietario.
El Grupo Popular exige al Gobierno «dejar de minimizar, de mirar para otro lado y de interpretar capciosamente» los datos que muestran el impacto de la ocupación ilegal y la inquiocupación en el mercado del alquiler, sobre todo al «hundir la oferta» y el «encarecer los precios» por la inseguridad jurídica para los propietarios. «Sánchez ya no tiene mayoría social ni parlamentaria para seguir gobernando», apunta García. «Y eso se visualiza especialmente en materia de vivienda, donde una vez más los grupos que estamos en favor de la seguridad jurídica y contra los okupas le recordaremos a Sánchez que somos más que los que defienden la política de la patada en la puerta».
Además, dedica un apartado a los propietarios al pedir al Gobierno que asuma que, en España, las viviendas son ofrecidas mayoritariamente por pequeños propietarios y no especuladores. Todo esto para favorecer que pongan sus viviendas en el mercado bajo la protección de «los delincuentes», en lugar de «aprovechar sus viviendas para cubrir la atención a inquilinos que no pagan sus rentas y tapar así la ineficacia de la actual política de vivienda».
Los populares ya habían señalado al Senado que Cataluña fue la comunidad autónoma de España en la que más delitos de usurpación y allanamiento de morada se produjeron en 2024, con un total de 7.009 casos, o lo que es lo mismo, «el 42% de los ocurridos en el país». Le seguían Andalucía (2.207), Comunidad Valenciana (1.767) y Madrid (1.451).
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