Feijóo quiere intensificar la deportación de quienes cometan delitos graves o reincidan en los leves Leer Feijóo quiere intensificar la deportación de quienes cometan delitos graves o reincidan en los leves Leer
El PP va perfilando poco a poco su plan de medidas sobre inmigración, que tiene previsto presentar el mes que viene. Después de que Alberto Núñez Feijóo anunciara el domingo que, si gobierna, instaurará el «visado por puntos», la vicesecretaria de Coordinación Sectorial de los populares, Alma Ezcurra, explicó cuáles serán los requisitos principales para obtener ese visado. En una rueda de prensa en Génova, enumeró algunos, casi una decena: compromiso de integración, conocimiento del idioma, edad, tener vínculos previos con el país, la formación y la experiencia laboral, el conocimiento de la cultura y estar en disposición de cubrir trabajos en sectores prioritarios.
Pero es el último de los que dijo, que no tiene que ver además con la persona, sino con su origen, el que tiene un mayor trasfondo político. Ezcurra -que es la autora intelectual del plan de inmigración del PP- asegura que, si llega al Gobierno, Feijóo cribará también a los inmigrantes en función de los acuerdos de España con su país de origen. Si ese país ayuda a España al retorno o repatriación de los inmigrantes -normalmente, de manera forzosa-, sus ciudadanos tendrían más puntos para el visado. De hecho, Feijóo quiere intensificar la deportación de quienes cometan delitos graves o reincidan en los leves.
También tendrán preferencia los países que ayuden a seleccionar a los mejores perfiles laborales para los empleos más necesitados en España. «Se habla de que unos países recibirán en justa correspondencia más cooperación en función de lo que ellos cooperen en el control de la inmigración irregular y en la mejor consecución del sistema. Esto es reciprocidad», explicó Ezcurra. Es decir, el PP priorizará, si llega a La Moncloa, a los países «que reciban a los retornados por las razones que correspondan».
Y también a los que ayuden a cribar bien a «los empleados que lleguen». Si el sistema funciona bien, la relación irá mejorando; si no, se irá enfriando». «Es un sistema por cuotas» y «se puede revisar anualmente» para ir «ajustando» el flujo migratorio.
El Partido Popular quiere incentivar la inmigración «legal y ordenada» y por eso propondrá «más cooperación» a los países que más ayuden al control de la inmigración irregular. Y, por el contrario, perderán «privilegios y ayudas» si «alientan» la inmigración ilegal y no aceptan a los nacionales que deban ser repatriados. «Reciprocidad», insistió Alma Ezcurra.
Actualmente, España aplica la política común de visados de la UE, que se articula en dos grandes regímenes. El primero, el de corta duración (hasta 90 días en un período de 180 días), está regulado por el Código de Fronteras Schengen y el Reglamento europeo de visados. La mayoría de los países de América Latina (salvo Cuba, Bolivia, República Dominicana y Ecuador), además de Estados Unidos, Canadá, Japón y Reino Unido, entre otros, están exentos de visado para estancias cortas. En este marco opera el principio de reciprocidad: si un país exige visado a los españoles, España (y la UE) puede imponerlo a sus nacionales.
El segundo visado es el de larga duración (más de 90 días). Éste se rige por la Ley de Extranjería y su reglamento. En este caso, España expide visados nacionales de residencia, trabajo o estudios. Aquí no se aplica Schengen, sino la normativa nacional española. Que se puede cambiar con iniciativas legislativas.
España, además, tiene convenios de doble nacionalidad con Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Y hay convenios de flujos migratorios laborales con Ucrania, Mauritania, República Dominicana, Marruecos, Ecuador, Colombia y Honduras. Además, con el vecino marroquí hay un acuerdo de readmisión en vigor desde 2012, que incluye mecanismos específicos para la prevención y retorno de menores no acompañados, además de cooperación en control fronterizo. Y con Senegal y Gambia España tiene acuerdos basados en memorandos y cooperación operativa (patrullas conjuntas, vigilancia marítima, retornos concertados), que permiten gestionar salidas irregulares hacia Canarias y ordenar retornos de migrantes interceptados.
Con este marco de acuerdos y convenios, el PP cree que puede establecer un sistema de «cuotas» anuales que le permita incentivar y mejorar ese concepto de «reciprocidad»: la idea del PP es que «para estar en esta sociedad hay que aportar».
Con estas medidas, Génova quiere distanciarse a la vez del PSOE y de Vox: «Ni brazos abiertos ni puños cerrados. Ni el buenismo falsario del PSOE ni la criminalización que hace Vox», resumió Ezcurra. «Si algo ha demostrado el fracaso de las políticas buenistas es que la integración no es un trámite, es el resultado de un proceso», remató.
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