Seis de los nueve magistrados consideran que abusó de la ley de emergencia económica para aplicar su medida estrella y deja en manos de cortes inferiores la gestión de los reembolsos Leer Seis de los nueve magistrados consideran que abusó de la ley de emergencia económica para aplicar su medida estrella y deja en manos de cortes inferiores la gestión de los reembolsos Leer
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha propinado hoy el mayor revés a la administración Trump desde su regreso al poder hace un año. Tras fallar sistemáticamente a favor del Ejecutivo en casi todas las cuestiones relevantes, seis de los nueve jueces han tumbado los aranceles impuestos por Estados Unidos al resto del mundo, al considerar que el presidente excedió sus competencias al invocar una ley de emergencia económica (IEEPA en sus siglas en inglés) que, según la sentencia, no le otorga ese poder.
El presidente, según la cadena CNN, ha reaccionado con furia al conocer la noticia, calificando la decisión de «disgrace», una palabra que se puede usar como desgracia, pero también como vergüenza o ignominia. Y arremetiendo contra el Tribunal. El calendario ha querido que el próximo martes los jueces estén invitados al Discurso sobre el Estado de la Unión en el Capitolio. La última vez que se cruzaron, el presidente dio las «gracias por todo» al presidente del Supremo.
El fallo llega apenas dos horas después de conocerse el decepcionante dato de crecimiento del último trimestre de 2025. Y puede obligar al Gobierno a renegociar decenas y decenas de acuerdos comerciales firmados contrarreloj en los últimos meses. «Tomamos nota del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos y lo estamos analizando detenidamente. Mantenemos un estrecho contacto con la Administración estadounidense para aclarar las medidas que pretenden tomar en respuesta a este fallo. Las empresas de ambos lados del Atlántico dependen de la estabilidad y la previsibilidad de la relación comercial. Por lo tanto, seguimos abogando por aranceles bajos y trabajando para reducirlos», ha reaccionado con cautela la Comisión Europea.
La sentencia de hoy sostiene que Donald Trump se extralimitó no sólo en los mal llamados «recíprocos» aplicados globalmente, sino también en los dirigidos específicamente contra China, Canadá y México bajo el pretexto de combatir el tráfico de fentanilo. Pero no se posiciona sobre aranceles sectoriales, como los de los automóviles o el aluminio, que se aplicaron a través de otros mecanismos. «El Presidente afirma tener la facultad extraordinaria de imponer unilateralmente aranceles de monto, duración y alcance ilimitados. Considerando la amplitud, la historia y el contexto constitucional de dicha facultad, debe identificar una autorización clara del Congreso para ejercerla«, dice el Supremo.
Recordando que ni la Constitución especifica esas competencias, y que ningún presidente hasta hoy había intentado algo parecido, la mayoría destaca que «el Gobierno no señala ninguna ley en la que el Congreso haya utilizado la palabra «regular» para autorizar la imposición de impuestos». Y concluye: «No reivindicamos ninguna competencia especial en materia económica ni de relaciones exteriores. Reivindicamos únicamente, como es nuestro deber, el papel limitado que nos asigna el Artículo III de la Constitución. En cumplimiento de dicho papel, sostenemos que la IEEPA no autoriza al presidente a imponer aranceles»-
El tribunal rehúsa pronunciarse por ahora sobre el asunto más espinoso: las compensaciones. Las devoluciones —que decidirá una corte inferior— podrían alcanzar 170.000 millones de dólares, más de la mitad de lo recaudado mediante estos aranceles, según Bloomberg. Serían175.000 millones de dólares según el Modelo Presupuestario de Penn-Wharton, un grupo de investigación fiscal no partidista de la Universidad de Pensilvania, que encargó Reuters. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos recaudó más de 250.000 millones de dólares en derechos de aduana en 2025, y aproximadamente la mitad de estos fueron aranceles IEEPA.
El fallo va más allá del comercio. Los aranceles son el eje tanto de la política económica y fiscal como de la política exterior del presidente. Han sido su instrumento para forzar acuerdos desequilibrados y para presionar, intimidar o doblegar a aliados, socios y rivales. En abril, Trump celebró desde los jardines de la Casa Blanca el «día de la liberación», una exhibición proteccionista en la que anunció aranceles desproporcionados del 15%, 20% y hasta el 70% a casi todos los países, fijados de forma arbitraria mediante una fórmula sin sustento económico basada únicamente en la balanza comercial. Las semanas siguientes quedaron marcadas por rectificaciones, negociaciones y ajustes, con numerosos países aceptando el encarecimiento de sus exportaciones entre amenazas y presiones.
Economistas, diplomáticos, gobiernos y empresas protestaron. Dos compañías —una juguetera de Illinois y una importadora de alcohol de Nueva York— abrieron un litigio que pronto sumó a otros afectados y a varios estados gobernados por demócratas. El caso llegó por la vía rápida al Supremo, que celebró una vista clave en noviembre centrada en una cuestión de fondo: hasta dónde puede llegar el Ejecutivo al imponer aranceles masivos amparándose en la IEEPA, la ley de poderes de emergencia de 1977.
Trump defendió que la Casa Blanca puede imponer aranceles al declarar una emergencia nacional. Ayer mismo, en un discurso en Georgia, insistió en ello, manifestando que estaba seguro de que podía hacer lo que quisiera, comercialmente hablando. «Tengo que esperar esta decisión. Llevo esperando una eternidad. Una eternidad. Y el texto es claro: tengo derecho a hacerlo como presidente. Tengo derecho a imponer aranceles por motivos de seguridad nacional«, reiteró.
Los denunciantes replicaron y han mantenido que los aranceles son, en esencia, impuestos, y por tanto una potestad constitucional del Congreso, incluso si este ha ido cediendo terreno con los años. «La IEEPA autoriza al presidente a «investigar, bloquear durante la tramitación de una investigación, regular, ordenar y obligar, anular, invalidar, impedir o prohibir… la importación o exportación. En esta larga lista de facultades no se mencionan aranceles y esta omisión es notable a la luz de las facultades significativas, pero específicas, que el Congreso se tomó la molestia de mencionar. Es lógico que, si el Congreso hubiera tenido la intención de otorgar la facultad distintiva y extraordinaria de imponer aranceles, lo hubiera hecho expresamente, como lo ha hecho sistemáticamente en otras leyes arancelarias», dice la sentencia.
En su texto particular, el juez Neil Gorsuch, que fue nombrado por Trump trata de explicar a los ciudadanos, y en cierto modo al presidente, el razonamiento y los motivos, así como el funcionamiento del Estado y la separación de poderes. En un tono didáctico y quizás condescendiente incluso. «Para quienes consideran importante que la Nación imponga más aranceles, entiendo que la decisión de hoy será decepcionante. Lo único que puedo ofrecerles es que la mayoría de las decisiones importantes que afectan los derechos y responsabilidades del pueblo estadounidense (incluido el deber de pagar impuestos y aranceles) se canalizan a través del proceso legislativo por una razón. Sí, legislar puede ser difícil y llevar tiempo. Y sí, puede ser tentador eludir al Congreso cuando surge un problema apremiante. Pero la naturaleza deliberativa del proceso legislativo fue la esencia de su diseño. A través de ese proceso, la Nación puede aprovechar la sabiduría combinada de los representantes electos del pueblo, no solo la de una facción o un hombre. Allí, la deliberación modera los impulsos y el compromiso transforma los desacuerdos en soluciones viables. Y dado que las leyes deben obtener un apoyo tan amplio para sobrevivir al proceso legislativo, tienden a perdurar, permitiendo a la gente común planificar sus vidas de maneras que no pueden cuando las reglas cambian día a día. En definitiva, el proceso legislativo ayuda a garantizar que cada uno de nosotros tenga un interés en las leyes que nos rigen y en el futuro de la Nación. Para algunos hoy, el peso de esas virtudes es evidente. Para otros, puede que no parezca tan obvio. Pero si la historia sirve de guía, la situación cambiará y llegará el día en que quienes se sientan decepcionados por el resultado de hoy apreciarán el proceso legislativo como el baluarte de la libertad que es», dice en su voto particular.
La administración ya trabaja en alternativas y advierte de que podría recurrir a otros mecanismos, aunque su capacidad de maniobra dependerá de un Congreso que podría cambiar de mayoría tras las elecciones de noviembre. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha mencionado en algunos discursos algunas opciones, como la Ley de Comercio de 1962, en sus secciones 301, 122 y 232. Lo mismo ha hecho el responsable comercial, Jamieson Greer, recordando que se pueden multiplicar los aranceles sectoriales o como represalia por prácticas comerciales desleales, algo que Trump ya usó contra China durante su primer mandato. La Sección 122 es más complicada, porque afecta a desequilibrios en la balanza de pagos, y sólo vale para un arancel ad hoc del 15% y durante 150 días.
En enero, Trump advirtió en un mensaje público que las devoluciones derivadas de un fallo adverso ascenderían a «cientos de miles de millones de dólares», y que si se suman las inversiones de empresas y países para esquivar aranceles, el coste llegaría a «billones de dólares». Recurrió incluso al dramatismo: «si la Corte Suprema falla en contra… ¡ESTAMOS JODIDOS!», en evidente contradicción con la tesis de sus abogados, que sostuvieron en las vistas que la devolución sería sencilla y casi automática.
En la vista de noviembre, cuatro de los nueve jueces —incluido uno designado por Trump— se mostraron muy críticos con la posición del Gobierno. Otros dos magistrados conservadores expresaron dudas, aunque con menor vehemencia. Solo Samuel Alito pareció receptivo a los argumentos legales del Ejecutivo, aunque también matizó distancias. El juez Brett Kavanaugh, en una opinión concurrente, alertó de que el proceso de reembolso «probablemente sería un ‘desastre’», compartiendo una preocupación que había surgido ya en los argumentos orales. Él, Clarence Thomas y el propio Alito fueron los tres disidentes. Sin embargo, tres jueces conservadores se alinearon con las tres magistradas progresistas, formando la mayoría que ha frenado uno de los pilares centrales del proteccionismo trumpista.
La Reserva Federal de Nueva York publicó hace unos días un paper en el que estimaba que las empresas y los consumidores estadounidenses son los que han soportado la peor parte de los gravámenes de los que Trump presume todo el tiempo. Utilizando los datos de importación hasta noviembre, calcularon que casi el 90 % de los costes adicionales asociados a los aranceles han recaído en las empresas y sus clientes. Según un informe reciente del Instituto Kiel, que analizó más de 25 millones de envíos por un valor cercano a los 4 billones de dólares, las empresas y los consumidores estadounidenses soportan el 96% de los costos arancelarios, no los exportadores extranjeros.
Agathe Demarais, del Council of Foreign Relations, explica los datos comerciales estadounidenses de todo el año 2025, publicados precisamente ayer, muestran «cómo los aranceles han fracasado según las propias métricas de Trump. Para empezar, el déficit comercial de bienes de EEUU creció un 2,1%, hasta alcanzar los 1,23 billones de dólares el año pasado, un récord histórico. Lejos de disminuir, las importaciones estadounidenses crecieron un 4,5% (o 145.000 millones de dólares)
Combatir ese déficit ha sido el argumento principal de Trump desde el principio. Desde hace décadas, en realidad, porque sostiene desde los años 80 que EEUU está siendo esquilmada por el resto del mundo. Y precisamente, la fórmula utilizada para calcular los aranceles concretos a cada país en abril era simplemente un reflejo de la balanza comercial. Si un país vende más a EEUU de lo que compra, algo lógico especialmente cuanto más pequeños son, más duro era el castigo de la administración. Y aun así, lejos de conseguir revertir esa tendencia, se ha profundizado. «El panorama es similar incluso al incluir el comercio de servicios, un área tradicionalmente fuerte de EEUU.: el déficit de bienes y servicios de EEUU se estancó el año pasado, reduciéndose tan solo un 0,2 %, un error de redondeo estadístico», dice la experta.
Pero hay otro elemento más. EEUU quería, con sus aranceles, castigar a China y forzar al resto del mundo a que deje de comprar productos del gigante asiático. Tampoco lo ha conseguido. Al insultar, ofender y castigar a todos sus socios, el efecto ha sido otro. «Fuera de EEUU, tanto aliados como adversarios están reestructurando sus lazos comerciales. China registró un superávit comercial global de 1,2 billones de dólares en 2025, el mayor registrado en la historia de cualquier país, lo que pone de relieve cómo las empresas chinas redirigieron con éxito sus exportaciones a otros mercados. Mientras tanto, la UE redobla sus esfuerzos en los acuerdos de libre comercio, especialmente con India y las economías del Mercosur», concluye Demarais
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