España integra el grupo de países de la UE que no quieren bajo ningún concepto que se suspenda o desmantele el sistema que penaliza las emisiones de dióxido de carbono. No obstante, sí que pide que se tenga en cuenta las especificidades propias del sector cerámico, una industria que en estos momentos no tiene alternativas a la emisión de CO₂. Y lo hace a través de una carta que ha enviado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, a la Comisión Europea, que este viernes presentará la revisión del sistema a que obliga la propia norma.
Aagesen defiende que el sistema de penalización por contaminar es la “piedra angular de la política climática” de la UE
España integra el grupo de países de la UE que no quieren bajo ningún concepto que se suspenda o desmantele el sistema que penaliza las emisiones de dióxido de carbono. No obstante, sí que pide que se tenga en cuenta las especificidades propias del sector cerámico, una industria que en estos momentos no tiene alternativas a la emisión de CO₂. Y lo hace a través de una carta que ha enviado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, a la Comisión Europea, que este viernes presentará la revisión del sistema a que obliga la propia norma.
Esta revisión del sistema de emisiones es una de las grandes batallas que se está dando esta semana en Bruselas. Este miércoles los países más detractores de ese mercado de derechos de emisión que busca incentivar la inversión en descarbonización obligando a pagar a quien contamina dejaron clara su postura al reclamar más flexibilidad. Son un grupo de 10 Estados miembros entre los que están buena parte de los situados más al este de la UE junto con el Gobierno de Giorgia Meloni: Bulgaria, Chipre, Chequia, Estonia, Grecia, Hungría, Italia, Polonia, Rumania y Eslovaquia.
Un día después de ese movimiento el Estado que ha salido en defensa del sistema es España, que con Portugal y varios países nórdicos defiende lo que ellos vienen a llamar “la piedra angular de la política climática de la UE”. Más que la geografía o la ideología, lo que viene a determinar en qué posición se encuentra cada país es el desarrollo de las renovables (o de la energía nuclear), y que la generación eléctrica no es una actividad exenta de pagar por los derechos de emisión.
No obstante, hay un punto en el que España e Italia se encuentran: la industria cerámica y de azulejos. Ambos países tiene un sector potente en esta industria que, por el momento, no tiene una alternativa, de aquí que Madrid reclame en esa carta enviada al comisario de Clima, Wopke Hoekstra, y a la vicepresidenta de la Comisión para una Transición Limpia, Teresa Ribera, “que los nuevos valores de referencia alternativos se traduzcan en valores específicos para los sectores afectados, en particular la industria cerámica” en la asignación gratuita de derechos hasta 2030.
“La evolución prevista de determinados sectores hace necesario contemplar la existencia de emisiones residuales más allá de 2039, mientras las soluciones tecnológicas alcanzan el grado de madurez y despliegue necesarios”, justifica Aagesen.
La revisión que se presenta este viernes del sistema (ETS, por sus siglas en inglés) estaba pensada para adaptarlo a los objetivos de reducción al 90% las emisiones en 2040. En el sistema actual hay un doble sistema de distribución de estos derechos, que vienen a medirse por tonelada de CO₂″. El 57% de ellos se adjudica mediante subasta y el resto es gratuito. Además no afecta a todas las actividades, por ejemplo, ni la aviación ni el transporte marítimo (no intraeuropeo) están afectados por el momento.
Sobre esto último, España defiende que la descarbonización del sector marítimo sea una “prioridad estratégica”. Ante esta revisión, España pide que “se ”minimicen los riesgos de fuga de carbono», es decir, evitar que los altos estándares europeos acaben por expulsar fuera de la UE una actividad económica. En el caso de los barcos, esto se traduciría en que se desviaran grandes cargueros de transporte internacional a en puertos cercanos (Marruecos) en los que se reorganizaran las cargas. Por eso, Aagesen afirma que “la revisión de la definición de escala portuaria constituye un avance positivo, que debería complementarse con medidas adicionales, entre ellas mecanismos específicos como descuentos en la entrega de derechos de emisión para determinadas rutas transoceánicas”.
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