Una acusada de asesinado, un presunto violador… España les da un asilo político y humanitario que detiene la extradición, en ocasiones concedida por la Audiencia Nacional, y cuando se revierte quedan en busca y captura, en territorio español Leer Una acusada de asesinado, un presunto violador… España les da un asilo político y humanitario que detiene la extradición, en ocasiones concedida por la Audiencia Nacional, y cuando se revierte quedan en busca y captura, en territorio español Leer
Son presuntos criminales en Venezuela, que ha solicitado su extradición para que sean juzgados en su país, algunos por delitos de sangre, pero España, aunque la Audiencia Nacional haya concedido la extradición, les protege desde hace años primero como refugiados políticos y después por «razones humanitarias».
Sus casos aprovechan los agujeros legislativos españoles, cuya normativa no distingue a la hora de acoger: aunque Venezuela les reclama para juzgarles y la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha tramitado sus extradiciones, las leyes migratorias españolas han abortado el proceso y les permiten acogerse temporalmente, en suelo español, a la protección diseñada para perseguidos políticos, y a razones humanitarias.
Después, se quedan en España de una forma u otra. La Audiencia Nacional termina decidiendo sobre si tienen derecho al asilo o no, pero entonces, según fuentes judiciales, ya es tarde. Si se les concede, acaban residiendo en España legalmente. Si no se les concede, según estas mismas fuentes, se convierten en residentes ilegales, al no ser localizados habitualmente. Consiguen ganar el tiempo necesario utilizando espuriamente la normativa de asilo.
EL MUNDO ha documentado, en pleno debate sobre las políticas migratorias españolas, ocho casos de ciudadanos venezolanos protegidos en España durante años como asilados cuando en realidad su país les reclama como criminales o delincuentes.
En ningún caso son víctimas de persecución política, tal y como este diario ha contrastado tanto con fuentes solventes del exilio venezolano en España, como con fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Se trata, para Venezuela -y también para la Justicia española, que es quien debe aprobar o no el regreso a su país-, de simples delincuentes y criminales, que al final se las arreglan para permanecer legalmente en suelo español.
Entre los ocho casos, una mujer reclamada por asesinato, un presunto violador acusado también de robo, y tres personas buscadas por estafas y malversaciones. Tres de estos ocho presuntos delincuentes están, tras acogerse al asilo y luego a la protección humanitaria, en busca y captura en suelo español, uno de ellos con la extradición ya concedida.
Medios venezolanos, o bien del país o bien del exilio, se han hecho eco de los delitos de varias de estas ocho personas. El caso más llamativo es el de Elis Margarita V.S., detenida en Madrid hace ahora algo más de tres años, en marzo de 2023. La policía venezolana la involucra en el secuestro y asesinato, en 2020 en el estado de Carabobo, de un empresario cuyo cuerpo fue hallado en una carretera a las pocas horas de desaparecer.
Según la acusación, la mujer es integrante del grupo que ejecutó el crimen, de móvil económico y orquestado por el hermano de la víctima, y logró escapar a España después de que las autoridades detuvieran a otras cinco personas.
España, al igual que en otros casos, ha accedido a la extradición solicitada por Venezuela. Pero las leyes migratorias se han interpuesto: la mujer, presumiblemente aleccionada por su defensa legal, ha pedido asilo, y dicha solicitud paraliza temporalmente el resto de procedimientos. Tres años lleva en España, sin visos de que vaya a ser devuelta.
Moisés Ricardo B.L. fue detenido en Caracas en 2009, después de que una mujer le acusara de violación y robo agravado. El hombre, presuntamente, abordó a su víctima cuando ella bajaba de su coche, y a punta de pistola la llevó a una zona apartada. Allí preguntó a la mujer si prefería «por las buenas o las malas», antes de violarla. La dejó tirada en una carretera, y la encontraron unos vecinos de la zona.
Tras su detención y después de un tiempo en prisión mientras avanzaba el procedimiento en su contra, B.L. quedó en libertad a la espera de juicio. Se le perdió la pista. Venezuela emitió en 2013 y 2019 dos órdenes de busca y captura sin éxito. En 2020, ante la sospecha de su huida, fue incluido en una base internacional de agresores sexuales, el Sistema de Notificación de Alerta Roja Internacional.
Cuatro años más tarde, en enero de 2023, fue detenido en Madrid, y la Audiencia Nacional dictó auto de extradición el 22 de septiembre de ese mismo año: Venezuela asumió ante «el Reino de España» el «firme compromiso» de juzgarle «con las debidas garantías constitucionales y procesales». Pero el proceso se detuvo, y así sigue, por su solicitud de asilo. El hombre lleva tres años en España y no hay horizonte de salida.
La mayoría de venezolanos que emigra a España opta por el asilo político como forma de establecerse, pero la mayor parte de solicitudes son, a la larga, rechazadas. No vale sólo con invocar la ausencia de garantías legales en el país de origen: la persona debe ser perseguida por su raza, su religión, sus ideas, su género, su orientación sexual, etcétera.
La misma ley que regula el asilo, la 12/2009, establece un estatus llamado protección subsidiaria, para los casos en que no existe esa persecución personal, pero sí una situación en el país que pone en peligro su vida. Tampoco esto les ha valido a los venezolanos hasta ahora, pero sí por ejemplo a los sirios durante la guerra en su suelo.
Ante la avalancha de venezolanos que emigraban a España y la imposibilidad de acogerles legalmente, en febrero de 2019 la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, adscrita al Ministerio de Interior, inventó un remedio: propuso conceder una autorización temporal de residencia por «razones humanitarias de protección internacional» para todos los solicitantes de asilo venezolanos.
Para establecerlo, Interior emitió una nota el 5 de marzo de ese año, con base en una ley orgánica de tiempos de Aznar, la 4/2000, «sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social», que faculta al Ministerio a abrir la puerta «por razones de protección internacional».
Así, se estableció una suerte de ‘pasarela’ que da estatus oficioso de refugiado político a solicitantes de asilo venezolanos como estos ocho casos reclamados por el país caribeño: de ahí se les pasa automáticamente a protegidos por «razones humanitarias». Este último estatus se concede con duración de un año, pero de facto se renueva siempre que se solicite con carácter previo a su expiración.
Entre los ocho casos está también el de Antonio Carmelo G.O., acusado de estafa en Venezuela tras engañar a dos personas con una inversión económica fantasma, y que tras viajar a España y regularizar su situación pidiendo asilo -lo cual detuvo el proceso de extradición solicitado por el país latinoamericano-, se encuentra ahora en busca y captura.
También el de Mervi Marilú B.P., perseguida en Venezuela por tráfico de drogas, a lo que la Audiencia Nacional ha dado suficiente crédito como para conceder en 2025 la extradición… Suspendida por la solicitud de asilo consiguiente.
El caso de Andrys Guillermo S.P. es particular, por haber participado presuntamente en una sonada estafa y malversación de caudales públicos en el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat venezolano, en la que hasta 1,3 millones de dólares fueron derivados indebidamente. Fue detenido en España en abril de 2024, se le concedió a Venezuela su extradición cinco meses después, pero el procedimiento de asilo solicitado la paralizó.
Igualmente acusado de estafa en Venezuela se encuentra Jonatan Smit S.A., detenido en 2013 con una maleta con cerca de 80.000 dólares, presuntamente de una estafa, y cuya extradición fue concedida pocos meses después de su detención en España, en 2024. De nuevo, la solicitud de asilo se interpuso y desactivó su regreso a Venezuela.
¿Cómo se valoran estas situaciones desde el exilio venezolano en España? «Es cierto que es un tema muy espinoso», explica un abogado muy prominente en el colectivo de nacionales venezolanos presente en el país, y que prefiere mantenerse en el anonimato. «En ninguno de los casos hemos encontrado elementos de persecución por razones de expresión política, pero también es cierto que posiblemente existan violaciones de derechos fundamentales durante el desarrollo de los procesos en Venezuela, y potenciales riesgos de graves violaciones de DDHH en caso de retorno al país, como un efecto sistémico y estructural del sistema venezolano».
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