El próximo 2 de agosto, Europa dará otro paso decisivo en materia de supervisión de contenidos de inteligencia artificial con la entrada en vigor de las “obligaciones de transparencia” de la pionera Ley de IA europea. Su objetivo principal es ayudar a los usuarios a reconocer cuándo están interactuando con un sistema generado por IA o están viendo algo creado o modificado con IA. Todo ello con el objetivo, subraya Bruselas, de “reducir el riesgo de engaño y manipulación”.
La Comisión Europea publica las directrices sobre transparencia para sistemas de inteligencia artificial como los populares chatbots y para detectar ‘deepfakes’ que entrarán en vigor el 2 de agosto
El próximo 2 de agosto, Europa dará otro paso decisivo en materia de supervisión de contenidos de inteligencia artificial con la entrada en vigor de las “obligaciones de transparencia” de la pionera Ley de IA europea. Su objetivo principal es ayudar a los usuarios a reconocer cuándo están interactuando con un sistema generado por IA o están viendo algo creado o modificado con IA. Todo ello con el objetivo, subraya Bruselas, de “reducir el riesgo de engaño y manipulación”.
De cara a este nuevo paso, la Comisión Europea ha publicado este lunes unas directrices para ayudar a entender mejor estas normas de transparencia a los responsables de aplicarlas: los proveedores y los responsables de la implantación de sistemas de IA. El 2 de agosto se cumplirán dos años y un día después de la entrada en vigor de la Ley de IA, considerada pionera en el mundo y que ha tenido una implantación gradual.
Las obligaciones afectan a dos tipos de empresas: los proveedores y los responsables de sistemas de IA. Los proveedores son las grandes compañías globales que han creado estos sistemas: OpenAI con ChatGPT, Anthropic con Claude o Google con Gemini, aunque también a generadores de imágenes como Midjourney o herramientas de síntesis de voz u otros sistemas que permiten usar la IA para crear. Luego están los responsables, que son las empresas que usan estos sistemas para beneficio propio: un medio que publica artículos generados con IA sin revisión editorial, una empresa con un chatbot de atención al cliente, una agencia que difunde un deepfake como un anuncio o un banco que aplica reconocimiento de emociones en sus llamadas.
La ley deja fuera el uso personal de la IA. En WhatsApp, de momento, no será necesario avisar de que has creado con IA un meme del abuelo esquiando. Pero cuando ese uso personal puede implicar beneficio económico, ya entra en los supuestos legales. Los proveedores además están obligados a introducir marcadores que permitan a otras máquinas identificar contenido artificial.
Las redes sociales podrán ser tanto proveedoras de herramientas de IA (Meta AI, los filtros generativos de Instagram o los avatares publicitarios de TikTok), como responsables del despliegue cuando usan sistemas de IA bajo su autoridad. Pero respecto al contenido que suben los usuarios, la obligación es de quien crea y publica el deepfake, no en la plataforma que lo aloja. Aun así, varias redes ya etiquetan el contenido generado con IA, anticipándose en parte a estas obligaciones.
Estas directrices permitirán una aplicación “fluida y eficaz” de la Ley de IA para que los sistemas de inteligencia artificial que interactúan con las personas sean “más transparentes y fiables”, confía la vicepresidenta de la Comisión para Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen. “Estas directrices ayudan a los proveedores y a los responsables de la implantación a cumplir con las obligaciones que les impone la Ley de IA, al tiempo que permiten a los ciudadanos saber cuándo están interactuando con la IA”, asevera en un comunicado.
En lo que a transparencia se refiere, empieza a aplicarse el artículo 50 de la Ley de IA. Este obliga a los proveedores a diseñar los sistemas de IA de tal forma que se garantice que las personas sean informadas explícitamente cada vez que interactúen directamente con un sistema de IA.
Estas novedades tienen una pequeña moratoria de aplicación de cuatro meses: en el marco de uno de los paquetes de “simplificación” de normas emprendidos por la Comisión Europea, se acordó que los sistemas de IA comercializados antes del 2 de agosto solo deberán cumplir con las obligaciones de etiquetado a partir del 2 de diciembre de 2026.
La supervisión de estas obligaciones recaerá en las autoridades nacionales de vigilancia del mercado, en la Oficina de IA europea y en el Supervisor Europeo de Protección de Datos cuando los proveedores o responsables del despliegue son instituciones de la UE. El incumplimiento puede acarrear multas de hasta 15 millones de euros o el 3% de la facturación anual mundial de la empresa y de hasta 750.000 euros en el caso de instituciones, órganos y agencias de la UE.
Los responsables de la implantación de sistemas de IA estarán obligados a informar a las personas cuando estas se vean expuestas a herramientas de reconocimiento de emociones y categorización biométrica, a deepfakes o a publicaciones de texto sobre asuntos de interés público sin revisión humana ni control editorial.
Las directrices complementan el código de buenas prácticas sobre el marcado y el etiquetado de contenidos generados por IA que el Ejecutivo europeo publicó en su versión final el pasado 10 de junio. Aunque tiene carácter voluntario, el código, como las directrices, no son un paso banal. Según han recordado responsables comunitarios implicados en la elaboración de estas guías, un reciente Eurobarómetro reveló que dos tercios de los europeos creen haber estado expuestos a desinformación o noticias falsas durante la semana anterior. La desconfianza en la capacidad personal para distinguir si se está viendo un contenido generado por IA también es alta: casi cuatro de cada 10 ciudadanos de la UE no confían en su capacidad para reconocer las noticias falsas. A ello se une, indican las fuentes, los estudios independientes que muestran que solo en la mitad de los casos la gente es capaz de detectar de manera eficaz contenidos generados o manipulados por IA. “Esto demuestra que, por lo general, las personas sobreestiman su capacidad para hacerlo”, señalan desde Bruselas, y de ahí la necesidad de contar con normas y directrices que obliguen a los responsables de estos contenidos a ser transparentes sobre su origen.
La transparencia “es fundamental para preservar un ecosistema de información fiable y para que las personas puedan tomar decisiones con conocimiento de causa”, subrayan las fuentes.
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