Javier Gil, el investigador de la ‘generación inquilina’: «El Estado no está ayudando a la población, su intervención genera todo lo contrario»

La economía global está hoy capturada por el ladrillo. Tanto que el valor acumulado de bienes inmuebles equivale a más de 25 veces la capitalización conjunta de gigantes como Apple, Microsoft y Nvidia, lo que le ha convertido en el mayor depósito de riqueza del planeta… pero también en una «pirámide especulativa», un sistema que no produce un valor real, sino que se sustenta reciclando el dinero de los nuevos participantes para mantener las ganancias de quienes ya poseen activos. Este es el escenario que presenta Javier Gil (Madrid, 1985) en su libro Generación inquilina: Un nuevo paradigma de vivienda para acabar con la desigualdad (Capital Swing, 2026).

Para evitar que esta gran «burbuja» colapse, los gobiernos han implementado una «planificación rentista», donde las administraciones públicas dejan de ser actores pasivos para intervenir en favor de los mercados financieros, en lugar de priorizar la inversión productiva o el bienestar social. Gil, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y doctor en Sociología por la UNED, reflexiona en una entrevista con EL MUNDO sobre los efectos de esta intervención, tanto en la estabilidad democráctica como en el bienestar de la ciudadanía.

Si el Estado usa recursos públicos para evitar que la «burbuja» pinche, ¿cómo afecta esto a la estabilidad de la democracia?

El problema es que la intervención directa del Estado es la principal o una de las principales causas de esta crisis de vivienda. En el fondo, sus efectos provocan desafección hacia los valores democráticos y la sociedad. Vemos que es una crisis generada políticamente porque esta estabilidad financiera solo funciona a través de la creación de liquidez continua de los bancos centrales y una deuda estatal cada vez mayor, pero se trata de una intervención que no está generando bienestar para la población. Es una de las contradicciones centrales de la sociedad: el Estado no se está encargando de ayudar a la población, sino que su intervención genera todo lo contrario.

Entonces, ¿qué papel juega la narrativa de la escasez de oferta?

La narrativa de la escasez lo que busca es favorecer la especulación. Es el discurso dominante de los especuladores porque, primero tienes un terreno que no vale nada y, de repente, se hace urbanizable y ya vale muchísimo dinero. A la par de eso, esta narrativa hace que haya que construir más y entran en juego las promotoras, que van a ganar mucho dinero, y los bancos, que van a financiar esa operación. Es una narrativa que hace que muchos actores ganen dinero, pero la cuestión es que no siempre la crisis de vivienda y la subida de los precios responde a una situación de escasez. Por lo tanto, lo que yo planteo es que hay que determinar en qué lugares está esa escasez que causa la subida de los precios.

¿Y en el caso español?

Analizando los datos de España, en general, la crisis no es por la escasez, sino por una demanda no residencial de vivienda, una demanda especulativa. Aun así, en los sitios donde sí falta oferta, es necesario construir, pero sin dejar esa tarea en manos de especuladores. Estos son quienes más subirán los precios y no solucionarán el problema, aunque sean los que más pueden pagar por el suelo. Por eso, tiene que haber una regulación y, de hecho, el Estado sí tiene que intervenir para que se garantice que la construcción va a ser de vivienda asequible. Ahora mismo lo estamos viendo en los nuevos desarrollos al sureste de Madrid, donde se están construyendo miles de viviendas y sacándolas al mercado con precios de medio millón de euros en zonas donde no hay ni centro de salud ni colegios. Cabe preguntarse: ¿cómo en medio de la nada puedes construir vivienda nueva y miles de ellas valen medio millón de euros por dos habitaciones? ¿Quién puede pagar eso? Eso no soluciona el problema de la vivienda, solo genera que haya mucho beneficio para el sector inmobiliario y atraiga más inversión, pero siempre buscando una rentabilidad muy alta.

El concepto del ‘inquilino líquido’ describe una situación en que las personas han perdido la estabilidad debido a la hiperflexibilidad de los contratos y la subida de precios. Parece ser el fin de la promesa de que el trabajo duro garantiza una vida digna, ¿cómo está afectando esta desconexión entre el esfuerzo laboral y el acceso a la vivienda en las nuevas generaciones?

Este es uno de los grandes problemas. La meritocracia y el ascenso social por méritos propios -que sí que se les han dado a las generaciones previas- se rompe. Esto es un problema porque la idea de clases medias y de las aspiraciones es fundamental en los consensos sociales. las nuevas generaciones crecieron bajo la promesa de que su esfuerzo les garantizaría una vivienda en propiedad, pero esa promesa se ha roto. En el fondo, ya da igual cuánto te esfuerces, porque el bienestar de las nuevas generaciones va a depender de su capacidad de heredar una vivienda, porque los sueldos en una ciudad como Madrid están completamente desconectados con el precio de la vivienda. Esto genera esa desafección en la generación inquilina que deja de creer en el sistema al sentir que no les beneficia y empiezan a desarrollarse actitudes contrarias a los valores e impulsos de ruptura.

El Modelo de Viena es un referente de «planificación democrática» del mercado inmobiliario. ¿Qué es lo que hace que en este modelo la vivienda sea como un derecho estable y no un activo líquido que está sujeto a plataformas o a fondos de inversión?

La clave es que no deja el mercado en manos de especuladores, se controlan las rentabilidades y el Estado entra con mucha fuerza. Por un lado, pone muchos límites a la especulación a través de medidas fiscales, pero también interviene el mercado promoviendo un tipo de construcción. ¿Cómo lo hace? Dando incentivos fiscales a quien construye vivienda asequible y no sube los precios, dándole suelos también, avalándoles, y eso ya cambia todo. Si un banco de intervención pública diera financiación a construir vivienda asequible, haría estos proyectos más competitivos. Esa es la forma de garantizar un sistema basado en la «no» especulación y democrático, en el sentido de que todo el mundo pueda acceder a una vivienda y que pueda vivir de alquiler de manera digna.

¿Se ha logrado romper un estigma sobre el alquiler público?

Lo que vemos en lugares como Viena es que vivir de alquiler es una forma de vida digna y que la vivienda pública no es solo para población vulnerable, como sucede en el caso de España. ¿Por qué? Porque se tiene otra concepción de lo que significa la vivienda y del rol que tiene que tener el Estado y la vivienda pública. Una vez más, insisto, es porque de alguna manera el Estado ha entrado con mucha fuerza para favorecer ese tipo de dinámicas desde muchos frentes.

En el caso de España que ha sido un país tradicionalmente propietario, ¿cómo se puede romper la barrera cultural de la vivienda?

La idea de que la vivienda en propiedad es la única forma de vivienda digna en España viene desde el franquismo. Han sido décadas de intervención política destinada a fijar esa percepción de la vivienda. Pero este modelo se está rompiendo porque, tras la crisis de 2008, vimos que eso ya no puede ser así. La sociedad de propietarios llegó a su límite. Ante la imposibilidad de que las nuevas generaciones accedan a la propiedad en un mercado superespeculativo, hay que buscar alternativas. El Estado tiene que intervenir para fomentar este tipo de propiedad colectiva pública que garantice el bienestar a la mayoría de la población. Hay muchos jóvenes que no quieren ni necesitan una vivienda en propiedad, lo que quieren es poder vivir dignamente en una vivienda. De hecho, para muchas personas la vivienda en propiedad también es atarse unas hipotecas muy difíciles de pagar porque los precios son muy altos.