La falta de planificación genera conflictos con los propietarios de los cultivos afectados por las expropiaciones: La Campiña Norte de Jaén lidera las protestas: «Nadie quiere vivir en medio de un cementerio de chatarra» Leer La falta de planificación genera conflictos con los propietarios de los cultivos afectados por las expropiaciones: La Campiña Norte de Jaén lidera las protestas: «Nadie quiere vivir en medio de un cementerio de chatarra» Leer
El Cortijo de Las Mercedes (Arjonilla, Jaén) se levantó a comienzos del siglo XX y sirvió de residencia durante décadas para los jornaleros que trabajaban en los olivares del entorno. Hoy sigue en pie pero el tren de borrascas del pasado invierno ha derribado uno de sus muros y la edificación pide a gritos una reforma. Su actual propietaria, Nieves García, quiere convertir el caserío en un alojamiento rural o en un espacio para la celebración de eventos, de manera que los ingresos permitan no sólo mantener en pie el caserío sino devolverle su esplendor original y hacer honor a una historia vinculada al paisaje de olivar de la Campiña Norte de Jaén, a los pies de Sierra Morena.
Pero, para que el proyecto funcione, tiene que sobrevivir el olivar de la finca. Son 40 hectáreas (unos 4.000 olivos) que Nieves y su hermana cultivan y se han negado a ceder a la empresa que ha decidido instalar aquí una planta fotovoltaica. «Nadie quiere vivir o pasar el fin de semana en medio de un cementerio de chatarra», sostiene Nieves, que describe de este modo cómo se transformaría el paisaje si prospera la expropiación forzosa y se arrancan los olivos para sustituirlos por placas solares.
De momento, las denuncias interpuestas ante la Justicia han paralizado el proceso. Son varios los pleitos planteados por los propietarios de olivares del entorno del municipio de Lopera. Una jueza de lo Penal ha sobreseído el caso porque no ve indicios de delito en la actuación de la administración que ha dado los permisos (la Junta) y de la empresa que promueve la macroplanta fotovoltaica, pero sí ha advertido de la irregularidad que supone haber «troceado» el proyecto para que sea la administración autonómica la que supervise la operación y evitar así la intervención del Ministerio.
La plataforma de agricultores de la Campiña Norte de Jaén y las organizaciones S.O.S. Rural y Ecología y Libertad impulsan en esta comarca la batalla legal, pero hay otros frentes similares en otros puntos de la comunidad andaluza en defensa de los cultivos y del paisaje tradicional. No es un movimiento contra las energías renovables, aunque el ruido generado por las protestas ha atraído también la atención de organizaciones contrarias a las políticas medioambientales y la Agenda 2030 de la Unión Europea.
De hecho, la izquierda y las asociaciones ecologistas han entendido que no pueden dejar a la ultraderecha la exclusividad de la defensa de lo rural y cada vez son más los pronunciamientos de partidos políticos y asociaciones civiles en contra del despliegue invasivo y poco respetuoso con el entorno de las energías limpias. «Renovables sí, pero no así», es el lema que también han enorbolado en esta campaña electoral Adelante Andalucía o Por Andalucía, que tienen una tradición coherente en defensa de la agenda verde pero alertan contra las políticas que han dejado la planificación en manos de los intereses de las grandes empresas y los fondos de inversión. «La transición energética no puede darse a costa del sector primario. Priorizaremos las 400.000 hectáreas de tierras baldías antes de tocar un solo metro cuadrado de tierra fértil», defendió este miércoles el candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, que denunció también que el Gobierno del PP llegó a publicar un mapa de zonas aptas para fotovoltaicas y lo acabó retirando tras las quejas de las grandes empresas.
Begoña Iza, candidata de Adelante por Sevilla, considera que el despliegue que la Junta está haciendo de las renovables es totalmente insostenible: «No es ni verde ni limpio». El partido andalucista denuncia un plan para la instalación de 334 plantas de biometano principalmente en las provincias de Jaén, Sevilla y Córdoba, dado que por ellas pasa el gasoducto que transporta el gas hacia el norte, fuera de Andalucía.
El Gobierno andaluz niega que se haya dado carta blanca a las promotoras y subraya que la legislación es «tremendamente garantista y exigente». De hecho, subraya, el 35% de los proyectos de fotovoltaica planteados no ha obtenido los permisos.
La realidad es que Andalucía se ha convertido en una de las grandes generadoras de energías limpias. En 2026, va a alcanzar los 20 gigavatios producidos. Según datos de Red Eléctrica (REE) publicados en febrero, Andalucía es la región que más potencia renovable ha aportado al conjunto de España en los últimos tres años, de enero de 2023 a diciembre de 2025, con el 24% del total instalado en ese periodo.
La nueva potencia se ha concentrado en su gran mayoría en la tecnología solar fotovoltaica, que ha batido su récord histórico al instalar 2.842 nuevos megavatios en el último año. Andalucía cuenta así con 11.696 MW fotovoltaicos en funcionamiento, el 67,4% de la capacidad total renovable de la región. De estos megavatios, el 16,4% (esto es, 1.922 MW) corresponden a autoconsumo, con más de 197.800 instalaciones.
«La ocupación por parte de esas plantas ronda el 0,7% o 0,8% del territorio. Y, si hablamos de superficie cultivable, estamos sólo en un 1,5%», sostienen desde la Consejería de Industria, Energía y Minas. Por otro lado, apuntan, hoy Andalucía cuenta con 27.000 hectáreas de olivar más que hace 5 años, 4.000 de ellas en Jaén. Por tanto, «no es cierto que se esté produciendo una transformación del paisaje», insisten.
«Lo que no cuenta la Consejería es cómo se está sustituyendo el olivar tradicional por olivar intensivo y superintensivo», añade Rafael Alcalá, portavoz de la Plataforma Campiña Norte. En cualquier caso, estos propietarios sólo piden que les dejen mantener sus olivares, que son una manera de vivir y una potente herramienta para arraigar a las nuevas generaciones a la comarca y luchar contra la despoblación. «El que quiera vender, que venda o alquile». Hay propietarios de suelo agrícola dispuestos a alquilar sus terrenos en Lopera, pero estos suelos se sitúan en el otro extremo del término municipal y construir allí las plantas fotovoltaicas resta rentabilidad a la operación. «Es una cuestión de números, no de interés público, como nos quieren hacer creer», añade Rafael Alcalá.
Hay ya antecedentes de cómo el rechazo social del entorno y las denuncias por su impacto en bienes naturales y culturales ha llevado a los promotores a desistir de sus proyectos o a las administraciones a frenar las expropiaciones. Ese es el caso de la planta desestimada en la zona del Fargue (Granada), donde incluso el Icomos (un organismo asesor de la UNESCO) llegó a pronunciarse por su afectación al entorno de la Alhambra y el Albaicín.
También desistieron los promotores de dos grandes plantas fotovoltaicas previstas en Córdoba, en los municipios de Bujalance y Pedro Abad (en la comarca del Alto Guadalquivir). En este caso, las protestas recibieron un eco mediático añadido porque una de las fincas amenazadas de expropiación, El Hierro, era propiedad de Cayetano Martínez de Irujo, que no dudó en salir a defender sus derechos e intereses ante la opinión pública. «La Junta no se atrevió a expropiarle a la Casa de Alba», apunta Antonio Maíllo.
En una entrevista reciente con EL MUNDO, el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, reconocía que «ha llegado el momento de optimizar algunos elementos del modelo», y anunciaba que, si el PP sigue gobernando en la próxima legislatura, se pondrán en marcha mecanismos para incentivar la instalación de estas plantas en suelos degradados y en desuso o para buscar soluciones de agrivoltaica», que es como se conoce a los proyectos que concilian los usos energéticos con los agrícolas.
Algunos ejemplos de esta conciliación respetuosa se encuentran también en Jaén, donde recientemente se ha inaugurado la ampliación y mejora de la planta fotovoltaica de la Comunidad de Regantes Santa María Magdalena, en Mengíbar, construida hace tres años para reducir los costes energéticos a los agricultores de la zona, que tienen que trasladar el agua desde dos balsas de riego. Inicialmente la planta disponía de 9 hectáreas y 9.300 módulos de 445 vatios de potencia máxima, suficiente para reducir un 50% la factura eléctrica de los regantes.
La Junta ha contribuido con 600.000 euros a la inversión de casi 2 millones de euros en una instalación que, no sólo está autorizada para autoconsumo, sino que es la única de Jaén que puede vender excedente de energía. La nueva planta solar, explica la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, cuenta con una potencia de 2 megavatios y permitirá un mayor grado de abastecimiento energético, además de contribuir a «un modelo agrícola más competitivo y sostenible a medio y largo plazo».
Otro proyecto que avanza en esa dirección es el liderado por las empresas Acesur y Greening, que se han aliado con un grupo de investigación de la Universidad de Jaén para poner en marcha un modelo de explotación que integra el olivar y la producción de energía fotovoltaica, en el que los olivos conviven con las placas solares. Existe ya una experiencia piloto en el municipio de Navas de San Juan cuyos resultados se van ahora a trasladar a un olivar en Vilches. Pedro Pérez, catedrático de Tecnología Electrónica de la Universidad de Jaén y asesor del proyecto, considera que la experiencia ha demostrado que no sólo pueden convivir ambas actividades sino que las placas solares mejoran las condiciones bioclimáticas del entorno y aumentan la producción de aceitunas. Nicolás Tejada, director de Medio Ambiente de Acesur, explica cómo las placas generarán 3,6 megawatios para abastecer de energía a una planta de envasado de aceite. Es la primera planta «olivoltaica» del mundo, subraya.
Andalucía se ha convertido en una de las grandes productoras de energía verde, pero es paradójicamente la comunidad que peor dotación tiene de redes eléctricas, lo que ha provocado un problema de saturación (con una ocupación del 94%), muy por encima de la media de España. Ese cuello de botella está frenando ya las posibilidades de desarrollo industrial. Jaén es junto a Almería, Málaga y Granada una de las provincias que no disponen de margen ya para conectar nueva demanda.
Actualmente Andalucía dispone de once nódulos que sólo están en condiciones de ofrecer un volumen residual de energía, lo que lastra su competitividad frente a otras comunidades a la hora de captar nuevas inversiones industriales, ya que las empresas buscan garantías y agilidad en el acceso a la energía.
La Junta de Andalucía tiene identificados 119 proyectos industriales que son inviables porque la red es insuficiente para garantizarles el suministro eléctrico: tienen que ver con el sector del hidrógeno, del almacenamiento energético, de las infraestructuras portuarias y de centros de datos, por ese orden en función de la prioridad que se les ha dado.
El Gobierno andaluz denuncia cómo la inversión de España en redes equivale a un 0,2% de su PIB, cuando los países de nuestro entorno invierten el hasta el 0,6%. «España tiene topada por ley la inversión en redes de transporte eléctrico y de distribución y esos límites ya no tienen sentido, porque se implantaron en 2013 para contener el déficit de la factura eléctrica por las primas a las renovables», sostiene el consejero de Industria, Energía y Minas. Por otro lado, la tasa de retribución financiera (la que compensa la inversión) también se sitúa por debajo de los niveles de Italia, Alemania o Países Bajos. Y los tiempos de planificación siguen siendo demasiado largos, al igual que los plazos de reserva que son los que permiten que proyectos que no se han desarrollado tengan inmovilizada parte de la capacidad de la red, explica.
Andalucía sufre una infradotación en redes eléctricas, con un 40% menos de infraestructura que la media peninsular, a pesar de estar aportando más que ninguna otra comunidad a la transición energética. Y ése es otro de los «agravios» que la Junta de Andalucía achaca a la política territorial del Gobierno de Pedro Sánchez.
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