En España no hay un único sistema de atención a la dependencia, sino tantos como comunidades autónomas. Qué apoyos se reciban y cuánto tiempo se tarde en hacerlo depende, y mucho, del lugar de residencia. Existen “enormes desigualdades”. Así lo recalca el dictamen publicado este viernes por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, experta en el sector, que analiza el funcionamiento del sistema en 2025. De media, en el país se tardan 341 días desde que se presenta la solicitud hasta que se termina de tramitar el expediente. Casi un año. Pero la cifra se dispara a 559 en Murcia, frente a los 113 de Castilla y León. Al mismo tiempo, 32.704 personas murieron el año pasado en todo el país mientras aguardaban por algún trámite de la ley. “Una cada 16 minutos”, lamenta José Manuel Ramírez, presidente de esta entidad.
Un informe critica que el sistema otorga ayudas insuficientes y que 16 personas mueren cada día mientras aguardan a ser atendidas
En España no hay un único sistema de atención a la dependencia, sino tantos como comunidades autónomas. Qué apoyos se reciban y cuánto tiempo se tarde en hacerlo depende, y mucho, del lugar de residencia. Existen “enormes desigualdades”. Así lo recalca el dictamen publicado este viernes por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, experta en el sector, que analiza el funcionamiento del sistema en 2025. De media, en el país se tardan 341 días desde que se presenta la solicitud hasta que se termina de tramitar el expediente. Casi un año. Pero la cifra se dispara a 559 en Murcia, frente a los 113 de Castilla y León. Al mismo tiempo, 32.704 personas murieron el año pasado en todo el país mientras aguardaban por algún trámite de la ley. “Una cada 16 minutos”, lamenta José Manuel Ramírez, presidente de esta entidad.
Los 341 días de espera son siete más que en 2024, y 17 más que en 2023. “Ha aumentado el número de solicitudes y de personas atendidas, pero se mantiene la burocracia. El envejecimiento de la población en España está provocando un mayor volumen de gestión del propio sistema, que no es capaz de asimilar porque tampoco hay dinero”, apunta Ramírez.
La asociación critica que hay un sistema de bajo coste. “Los procedimientos burocráticos y las escasas cuantías de las prestaciones, junto con la baja intensidad de los servicios [pocas horas de atención] y la imposibilidad de compatibilidad [por ejemplo, ir a un centro de día y tener ayuda a domicilio, algo imposible en muchas comunidades], hacen un sistema low cost que es poco eficaz para atender las necesidades de las personas en situación de dependencia”, plantea la organización en un comunicado. “A lo que hay que añadir la deficiente financiación y las desigualdades territoriales en su desarrollo”, se añade. Ramírez lo explica así: “Si te dan un servicio de proximidad, ayuda a domicilio o prestación económica de cuidados familiares, no sirve para garantizar los cuidados que necesitas, máxime si eres grado dos o grado tres [los dos más altos en una escala de tres]”.
Y, además, las comunidades tienden a otorgar servicios menos costosos, como la prestación por cuidados familiares, la teleasistencia o la prestación vinculada al servicio (un dinero que se da al dependiente para que pague parte del precio, y el resto debe ponerlo de su bolsillo), frente a otros que son más caros, como los centros de día o las residencias, señala Ramírez.
Por ejemplo, el 44% de las ayudas son prestaciones por cuidados en el entorno familiar. De media, aunque de nuevo hay grandes variaciones en función del territorio, se perciben 264 euros (172 para los grado uno; 277 para los grado dos y 385 para los grado tres). “Es una cantidad ridícula por cuidar a una persona 24 horas al día, 365 días al año”, sostiene el presidente de la asociación. En cuanto a la ayuda a domicilio, la media para los tres grados de dependencia son 36,45 horas al mes (62,7 para los dependientes que más apoyos requieren). Aunque hay grandes diferencias entre las autonomías, recalca Ramírez, en líneas generales los servicios que se están prestando no son suficientes para garantizar la atención necesaria.
En el informe se contraponen dos realidades. Por un lado, se destaca que, “aunque hay deficiencias, es un sistema fuerte, que funciona”, y el año pasado se mantuvo una tendencia de crecimiento: aumentaron, entre otros indicadores, las solicitudes, las personas atendidas y también las que tienen reconocida su situación de dependencia. Además, se alcanzó una inversión de más de 13.500 millones de euros, “la cifra más alta hasta la fecha”, según destaca la asociación. Pero, aunque también haya bajado la lista de espera respecto a 2024 —como viene sucediendo en los últimos años—, sigue habiendo más de 258.000 personas que aguardan a ser atendidas, en distintas fases del procedimiento.
Ramírez señala que la inversión en dependencia supone “el 0,8% del PIB, sigue siendo la mitad de lo que destinan de media los países de la UE”. Y el plan de choque del Gobierno para el sector, puesto en marcha entre 2021 y 2023 y que implicó una inyección anual de 600 millones cada uno de esos tres años, se paralizó con la falta de presupuestos. “Una merma importante en la financiación”, apunta la asociación en un comunicado, que se ha visto reflejada “en la limitación de las prestaciones y servicios”.
La asociación elabora un informe sobre la situación de la dependencia anualmente y, además de ofrecer un panorama de la situación a nivel nacional, examina a las comunidades —que ostentan las competencias en la materia— analizando los últimos datos oficiales. En concreto, examinan 20 indicadores, que van desde la cantidad de personas que han sido valoradas como dependientes y aún están esperando a percibir una prestación o servicio hasta las horas de ayuda a domicilio o la cuantía de las prestaciones económicas.
En base a esto, elaboran una escala con una puntuación para cada territorio: en 2025 solo seis aprueban (Galicia, Aragón, Comunidad Valenciana, Andalucía, Casilla y León y Castilla-La Mancha). “Es la primera vez que tantas comunidades suspenden”, explica Ramírez. La anterior marca está en 2015, cuando 11 regiones suspendieron (ahora son 12). En 2025, Extremadura está a la cola, con un 2,25, seguida de Ceuta y de Melilla, con 2,5 (cuyo sistema es gestionado desde el Imserso, que depende del Ministerio de Derechos Sociales). Este año, además, Castilla-La Mancha lidera el ranking, con 8,25 puntos, y Castilla y León baja a un segundo puesto después de años siendo la más puntuada (7,5).
“El conjunto de España suspende, con un 4,8. En 2024 había sacado un 5,2″, indica Ramírez. “Con la inyección económica del ministerio en el plan de choque, las comunidades pararon su inversión. Cada vez hay más solicitantes, pero cae el ritmo de inversión. Eso hace que tantas autonomías hayan suspendido el dictamen”, prosigue. De hecho, afirma que el año pasado hubo nueve autonomías que recibieron menos financiación por parte del Ministerio de Derechos Sociales (que aporta parte del coste del sistema) porque incumplieron algunos de los objetivos a los que se habían comprometido a llegar (Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid y Murcia).
En el informe se habla de un “fracaso” de la Administración General del Estado a lo largo de los 19 años de implantación de la ley, en tanto no ha logrado asegurar el “equilibrio interterritorial en el ejercicio de los derechos”. A nivel autonómico, hay diferencias en cuanto a inversión (con La Rioja a la cabeza, con 7.537 euros por dependiente atendido, frente a los 4.020 de Aragón, que está en la cola). En cuanto al porcentaje de personas que, teniendo derecho a un servicio o prestación, están en lista de espera: del 1,3% de Aragón al 28,6% de Canarias. O en cuanto a la cantidad e intensidad de las prestaciones y servicios que se otorgan: por ejemplo, en Navarra la media de horas de ayuda a domicilio, para todos los grados, es de 76,9 al mes, frente a las 18,6 de Aragón.
Ante esta situación, y dado que este año se cumple el vigésimo aniversario de la aprobación de la ley, la asociación pide a los partidos políticos que firmen un pacto por la dependencia. “Proponemos que se comprometan a inyectar 1.000 millones de euros en los próximos presupuestos, para evitar las listas de espera y los servicios low cost y para mejorar los trámites”, expone Ramírez.
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