Venezuela continúa sumida en el dolor una semana después del doblete sísmico de magnitud 7,2 y 7,5 que azotó con fuerza el país el 24 de junio. La tierra sacudió edificios enteros, que se cayeron a pedazos y quedaron reducidos a amasijos de escombros y hierros. El Estado llegó tarde. El mundo fue testigo de ello y de cómo los ciudadanos se lanzaron a la calle para levantar con sus propias manos los restos de paredes y techos con la esperanza de rescatar a sus seres queridos con vida. Ante la gravedad de la tragedia y la carencia de medios, 30 países —entre ellos España— enviaron rescatistas, maquinaria y 700.000 toneladas de ayuda humanitaria, según ha informado este miércoles el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. La cifra de muertos se eleva a 2.295 —entre ellos 26 españoles— y los heridos son 11.267. Los servicios de emergencias y los voluntarios siguen trabajando sin descanso para tratar de encontrar a personas con vida, pero las esperanzas se están agotando.
La zona más afectada por los potentes terremotos —y por las 782 réplicas que se han producido desde el día de la tragedia— es el estado La Guaira. Al igual que ocurrió hace 27 años, cuando un deslave sepultó localidades enteras y mató a un número indeterminado de personas, esta zona del norte de Venezuela volvió a quedar totalmente arrasada. De los 189 edificios que colapsaron en su totalidad, 158 estaban en La Guaira. El hecho de que ocurrieran dos seísmos de gran magnitud seguidos y a poca distancia de la superficie terrestre contribuyó a que la devastación fuera mayor, pero también el propio terreno. Esto se debe a que las ciudades de esta zona están levantadas sobre abanicos aluviales formados por sedimentos que bajan de la montaña, por lo que el terreno es inestable.
Precisamente en La Guaira, aunque también en Caracas, es donde los rescatistas enviados por los Gobiernos extranjeros han protagonizado operaciones de alta complejidad para poder sacar a los que quedan con vida de entre los escombros. Algunos rescates incluso han sido calificados como «milagrosos» por los ciudadanos, sobre todo cuando las víctimas son bebés, niños o adultos que permanecieron varios días sepultados bajo toneladas de hormigón. De acuerdo con las autoridades venezolanas, 6.461 personas han sido rescatadas por más de 4.000 brigadistas.
Este miércoles, un grupo de 100 rescatistas seguía luchando para sacar a Hernán Gil del sótano de un edificio. Llevan dos días tratando de salvarlo y todavía se desconoce cuánto tiempo más tardarán en lograrlo. Al hablar de los rescates no se puede dejar de lado a los 148 perros que trabajan sobre el terreno para localizar a personas con vida. Entre ellos destaca Tsunami, un border collie que ha localizado a al menos 13 personas.
Estados Unidos ha sido el país que ha destinado más recursos para ayudar a Venezuela. Ha enviado al menos seis aviones C-17, dos buques de guerra, helicópteros, tecnología satelital de la Fuerza Espacial y cientos de efectivos. Entre ellos hay más de 300 rescatistas del Equipo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR), 100 especialistas de la Fuerza Aérea, 130 Marines y personal civil. Además, ha destinado 300 millones de dólares a la ONU y a ONG que están sobre el terreno y ha levantado temporalmente algunas sanciones impuestas al país para permitir que llegue la ayuda.
Desde España, el Ministerio de Defensa envió un primer avión con 59 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), 40 miembros del Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (Ericam) y ocho unidades caninas. Posteriormente, partió un avión de Iberia fletado por Repsol con 63 efectivos y nueve perros de rescate de seis comunidades autónomas. Además, este miércoles despegó una aeronave con equipo médico de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), que instalará un hospital de campaña con capacidad para atender 100 pacientes al día. Los 44 sanitarios, logistas y cocineros apoyarán la atención primaria de emergencia, la psicológica, procedimientos quirúrgicos y partos. La Aecid ya ha movilizado un millón de euros para ayudar en la emergencia y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado que se destinarán otros 300.000 euros.
En este contexto, la tragedia ha sacado lo mejor de los venezolanos que se encuentran dentro y fuera del país. Los ciudadanos que vivieron en carne propia las sacudidas se han organizado junto con las autoridades locales y los equipos internacionales para sacar escombros y atender a los afectados. También han instalado centros de acopio para recolectar alimentos, agua, medicinas, artículos de primera necesidad, ropa, herramientas, equipos de protección, carpas y otros artículos para entregárselos a los que más lo necesitan. Estos puntos de recogida también se han establecido en el exterior y en ciudades como Madrid se lograron recolectar más de siete toneladas de suministros solamente durante los días 26 y 27 de junio. Los ciudadanos también han desarrollado multitud de iniciativas para ayudar.
La otra cara de la moneda
Desgraciadamente, también ha habido multitud de problemas. El primero saltó a la vista cuando las familias comenzaron a denunciar que horas después de la catástrofe todavía no había llegado ninguna autoridad para ayudarles. Suplicaron el envío de máquinas pesadas, aunque varias fueron incapaces de operar por la falta de combustible, según constató la cadena estadounidense CNN. Además, los rescatistas chilenos se han quejado de que las autoridades venezolanas les han obligado a presentar hasta en cinco oportunidades su documentación durante las labores de rescate con la excusa de que podrían ser «espías» de Estados Unidos. Los topos mexicanos, por su parte, han denunciado que las autoridades les han impedido iniciar labores de búsqueda en la Residencia Grandisca, ubicada en La Guaira, donde detectaron posibles señales de vida. Se les exigió, por órdenes superiores, recuperar primero un cadáver.
Tras la catástrofe, miles de ciudadanos comenzaron a trasladarse desde Caracas hasta La Guaira para ayudar. Sin embargo, esto provocó el colapso de la única vía que podía usarse para trasladar supervivientes y máquinas. Varios periodistas reportaron que las personas se llegaron a tardar hasta cuatro horas para realizar un recorrido que suele hacerse en media hora. Ante esta situación, el Gobierno militarizó La Guaira, restringió el acceso a todas las personas no autorizadas e informó que los voluntarios tenían que registrarse antes en el Poliedro de Caracas [recinto destinado a la celebración de conciertos y eventos deportivos]. Esto causó una ola de indignación y los voluntarios, en medio de la desesperación, decidieron acceder por la fuerza.
La Guaira también ha experimentado saqueos que han sido constatados por los medios de comunicación. En las imágenes difundidas, se ha visto a decenas de personas asaltando comercios y llevándose todo lo que había en su interior. Se llevaban comida, bebidas y medicinas, pero también electrodomésticos. Además, cuatro policías del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) han sido expulsados de la entidad y han sido detenidos por apropiarse de dinero hallado entre los escombros. Usuarios en redes denuncian que las fuerzas de seguridad también habrían entrado en viviendas afectadas a robar.
Tras los seísmos, las personas crearon una Red de Voluntarios Intérpretes con el fin de poder facilitar la comunicación entre los funcionarios venezolanos y los equipos de rescate extranjeros que no hablan español. Sin embargo, tuvo que ser desactivada este martes. «Han comenzado a surgir casos documentados de intérpretes voluntarios que están siendo perseguidos por fuerzas del Estado (Sebin, Dgcim y otros cuerpos) por el simple hecho de colaborar como intérpretes con brigadas de rescate internacionales», se lee en el comunicado que han difundido. La base de datos de voluntarios fue eliminada por seguridad.
A siete días de la tragedia, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha decretado este miércoles una semana de luto nacional. Mientras tanto, los muertos se van acumulando en el puerto de La Guaira —que se ha convertido en una morgue improvisada— y miles de personas duermen en las calles. Otros están en los 25 campamentos «transitorios» que ha dispuesto el Gobierno. De ellos, 13 están en La Guaira, ocho en Caracas, dos en Miranda, uno en Carabobo y uno en Yaracuy. Además, la ONU ha anunciado que enviará 10.000 bolsas mortuorias al país, lo que hace pensar que la cifra de muertos no hará más que aumentar.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha decretado este miércoles una semana de luto nacional.
Venezuela continúa sumida en el dolor una semana después del doblete sísmico de magnitud 7,2 y 7,5 que azotó con fuerza el país el 24 de junio. La tierra sacudió edificios enteros, que se cayeron a pedazos y quedaron reducidos a amasijos de escombros y hierros. El Estado llegó tarde. El mundo fue testigo de ello y de cómo los ciudadanos se lanzaron a la calle para levantar con sus propias manos los restos de paredes y techos con la esperanza de rescatar a sus seres queridos con vida. Ante la gravedad de la tragedia y la carencia de medios, 30 países —entre ellos España— enviaron rescatistas, maquinaria y 700.000 toneladas de ayuda humanitaria, según ha informado este miércoles el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. La cifra de muertos se eleva a 2.295 —entre ellos 26 españoles— y los heridos son 11.267. Los servicios de emergencias y los voluntarios siguen trabajando sin descanso para tratar de encontrar a personas con vida, pero las esperanzas se están agotando.
La zona más afectada por los potentes terremotos —y por las 782 réplicas que se han producido desde el día de la tragedia— es el estado La Guaira. Al igual que ocurrió hace 27 años, cuando un deslave sepultó localidades enteras y mató a un número indeterminado de personas, esta zona del norte de Venezuela volvió a quedar totalmente arrasada. De los 189 edificios que colapsaron en su totalidad, 158 estaban en La Guaira. El hecho de que ocurrieran dos seísmos de gran magnitud seguidos y a poca distancia de la superficie terrestre contribuyó a que la devastación fuera mayor, pero también el propio terreno. Esto se debe a que las ciudades de esta zona están levantadas sobre abanicos aluviales formados por sedimentos que bajan de la montaña, por lo que el terreno es inestable.
Precisamente en La Guaira, aunque también en Caracas, es donde los rescatistas enviados por los Gobiernos extranjeros han protagonizado operaciones de alta complejidad para poder sacar a los que quedan con vida de entre los escombros. Algunos rescates incluso han sido calificados como «milagrosos» por los ciudadanos, sobre todo cuando las víctimas son bebés, niños o adultos que permanecieron varios días sepultados bajo toneladas de hormigón. De acuerdo con las autoridades venezolanas, 6.461 personas han sido rescatadas por más de 4.000 brigadistas.
Este miércoles, un grupo de 100 rescatistas seguía luchando para sacar a Hernán Gil del sótano de un edificio. Llevan dos días tratando de salvarlo y todavía se desconoce cuánto tiempo más tardarán en lograrlo. Al hablar de los rescates no se puede dejar de lado a los 148 perros que trabajan sobre el terreno para localizar a personas con vida. Entre ellos destaca Tsunami, un border collie que ha localizado a al menos 13 personas.
Estados Unidos ha sido el país que ha destinado más recursos para ayudar a Venezuela. Ha enviado al menos seis aviones C-17, dos buques de guerra, helicópteros, tecnología satelital de la Fuerza Espacial y cientos de efectivos. Entre ellos hay más de 300 rescatistas del Equipo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR), 100 especialistas de la Fuerza Aérea, 130 Marines y personal civil. Además, ha destinado 300 millones de dólares a la ONU y a ONG que están sobre el terreno y ha levantado temporalmente algunas sanciones impuestas al país para permitir que llegue la ayuda.
Desde España, el Ministerio de Defensa envió un primer avión con 59 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), 40 miembros del Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (Ericam) y ocho unidades caninas. Posteriormente, partió un avión de Iberia fletado por Repsol con 63 efectivos y nueve perros de rescate de seis comunidades autónomas. Además, este miércoles despegó una aeronave con equipo médico de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), que instalará un hospital de campaña con capacidad para atender 100 pacientes al día. Los 44 sanitarios, logistas y cocineros apoyarán la atención primaria de emergencia, la psicológica, procedimientos quirúrgicos y partos. La Aecid ya ha movilizado un millón de euros para ayudar en la emergencia y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado que se destinarán otros 300.000 euros.
En este contexto, la tragedia ha sacado lo mejor de los venezolanos que se encuentran dentro y fuera del país. Los ciudadanos que vivieron en carne propia las sacudidas se han organizado junto con las autoridades locales y los equipos internacionales para sacar escombros y atender a los afectados. También han instalado centros de acopio para recolectar alimentos, agua, medicinas, artículos de primera necesidad, ropa, herramientas, equipos de protección, carpas y otros artículos para entregárselos a los que más lo necesitan. Estos puntos de recogida también se han establecido en el exterior y en ciudades como Madrid se lograron recolectar más de siete toneladas de suministros solamente durante los días 26 y 27 de junio. Los ciudadanos también han desarrollado multitud de iniciativas para ayudar.
La otra cara de la moneda
Desgraciadamente, también ha habido multitud de problemas. El primero saltó a la vista cuando las familias comenzaron a denunciar que horas después de la catástrofe todavía no había llegado ninguna autoridad para ayudarles. Suplicaron el envío de máquinas pesadas, aunque varias fueron incapaces de operar por la falta de combustible, según constató la cadena estadounidense CNN. Además, los rescatistas chilenos se han quejado de que las autoridades venezolanas les han obligado a presentar hasta en cinco oportunidades su documentación durante las labores de rescate con la excusa de que podrían ser «espías» de Estados Unidos. Los topos mexicanos, por su parte, han denunciado que las autoridades les han impedido iniciar labores de búsqueda en la Residencia Grandisca, ubicada en La Guaira, donde detectaron posibles señales de vida. Se les exigió, por órdenes superiores, recuperar primero un cadáver.
Tras la catástrofe, miles de ciudadanos comenzaron a trasladarse desde Caracas hasta La Guaira para ayudar. Sin embargo, esto provocó el colapso de la única vía que podía usarse para trasladar supervivientes y máquinas. Varios periodistas reportaron que las personas se llegaron a tardar hasta cuatro horas para realizar un recorrido que suele hacerse en media hora. Ante esta situación, el Gobierno militarizó La Guaira, restringió el acceso a todas las personas no autorizadas e informó que los voluntarios tenían que registrarse antes en el Poliedro de Caracas [recinto destinado a la celebración de conciertos y eventos deportivos]. Esto causó una ola de indignación y los voluntarios, en medio de la desesperación, decidieron acceder por la fuerza.
La Guaira también ha experimentado saqueos que han sido constatados por los medios de comunicación. En las imágenes difundidas, se ha visto a decenas de personas asaltando comercios y llevándose todo lo que había en su interior. Se llevaban comida, bebidas y medicinas, pero también electrodomésticos. Además, cuatro policías del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) han sido expulsados de la entidad y han sido detenidos por apropiarse de dinero hallado entre los escombros. Usuarios en redes denuncian que las fuerzas de seguridad también habrían entrado en viviendas afectadas a robar.
Tras los seísmos, las personas crearon una Red de Voluntarios Intérpretes con el fin de poder facilitar la comunicación entre los funcionarios venezolanos y los equipos de rescate extranjeros que no hablan español. Sin embargo, tuvo que ser desactivada este martes. «Han comenzado a surgir casos documentados de intérpretes voluntarios que están siendo perseguidos por fuerzas del Estado (Sebin, Dgcim y otros cuerpos) por el simple hecho de colaborar como intérpretes con brigadas de rescate internacionales», se lee en el comunicado que han difundido. La base de datos de voluntarios fue eliminada por seguridad.
A siete días de la tragedia, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha decretado este miércoles una semana de luto nacional. Mientras tanto, los muertos se van acumulando en el puerto de La Guaira —que se ha convertido en una morgue improvisada— y miles de personas duermen en las calles. Otros están en los 25 campamentos «transitorios» que ha dispuesto el Gobierno. De ellos, 13 están en La Guaira, ocho en Caracas, dos en Miranda, uno en Carabobo y uno en Yaracuy. Además, la ONU ha anunciado que enviará 10.000 bolsas mortuorias al país, lo que hace pensar que la cifra de muertos no hará más que aumentar.
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