Mauricio Casals le remitió las «prioridades» de la UNIE y de la VIU para mejorar el borrador del decreto Leer Mauricio Casals le remitió las «prioridades» de la UNIE y de la VIU para mejorar el borrador del decreto Leer
El Gobierno inició una ofensiva en abril del año pasado contra las universidades privadas que se vio atemperada después de que José Luis Rodríguez Zapatero atendiera las reclamaciones de dos campus pertenecientes al grupo Planeta. Catorce días después de que Pedro Sánchez declarara la guerra contra este modelo de negocio anunciando un plan para frenar lo que llamó «chiringuitos», el ex presidente recibía en su teléfono móvil las alegaciones a la nueva norma elaboradas por la UNIE y la Universidad Internacional de Valencia (VIU). La versión del real decreto que finalmente fue aprobado en octubre en el Consejo de Ministros resultó mucho más suave que la inicialmente prevista, con menores exigencias y plazos más relajados.
Zapatero es investigado por la Audiencia Nacional por un supuesto tráfico de influencias, entre otros delitos. El juez le atribuye ser el presunto líder de una red que usaba contactos empresariales de alto nivel para influir en las decisiones del Gobierno. Los chats con su secretaria Gertrudis Alcázar revelan que tenía contactos con miembros del Ejecutivo, incluso con Pedro Sánchez. El 14 de abril de 2025, Gertru le reenvió a su WhatsApp tres archivos: dos con las alegaciones de la UNIE y la VIU al nuevo decreto de creación y autorización de universidades -la reforma del decreto 640/2021- y otro denominado «nota sobre prioridades».
La secretaria, que también está siendo investigada por el juez, dijo a su jefe que estos documentos los había remitido «MC», en supuesta alusión a Mauricio Casals, presidente del diario La Razón y adjunto a la presidencia de Atresmedia, grupo participado mayoritariamente por Planeta. Casals se ha definido en alguna ocasión como un asesor externo de Planeta.
A juzgar por lo que reflejan las agendas que también constan en el sumario, Zapatero y Casals tienen una relación estrechísima. En la de 2024, figura una cena el 29 de enero, otra en el Hotel Palace el 13 de mayo y un almuerzo el 8 de julio en el restaurante Horcher, uno de los más exclusivos y caros de Madrid. En 2025, aparecen dos cenas en el Palace el 13 de enero y el 8 de diciembre y dos comidas en Horcher el 7 de julio y el 29 de septiembre. La guerra contra la privada se activó en octubre de 2024 con una iniciativa parlamentaria del PSOE que instaba al Ejecutivo a «reforzar» los requisitos para crear nuevas universidades. Pero ya desde antes el Gobierno venía mostrando su preocupación por la gran proliferación de campus privados que iba en paralelo a una caída de estudiantes en los públicos y buscaba mejorar el decreto 640, aprobado en 2021 por el ministro Manuel Castells precisamente para elevar la calidad de los centros, aunque no lo consiguió.
La nueva norma, redactada por la ministra Diana Morant, al principio desató todas las alarmas en los sectores económicos por la amenaza que suponía para un mercado en expansión. El 13 de junio trascendió que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) había informado de que exigía «requisitos injustificados y discriminatorios». El Ministerio de Economía también advirtió que algunos de los nuevos criterios no necesariamente estaban vinculados con la calidad de la enseñanza, como tener un mínimo de 4.500 alumnos matriculados o exigir al 75% de los profesores de las universidades online tener que residir en España. En las agendas de Zapatero consta por esa fecha -el 16 de junio de 2025- una cita con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Durante el trámite de la norma se vieron en Horcher y en el Palace
El texto que finalmente aprobó el Consejo de Ministros el 7 de octubre de 2025 introdujo una mayor flexibilización de requisitos y excepciones para campus específicos. El real decreto da más tiempo a las universidades para alcanzar los niveles de calidad exigidos, especialmente para aquellas cuya actividad comenzara en los tres años anteriores a la entrada en vigor del decreto, como es el caso de la UNIE: ahora tienen un plazo especial de cinco años para adaptarse frente a los tres años de carácter general. En el borrador del 1 de abril de 2025 no se completaba ninguna excepción ni distinción para centros jóvenes como este.
A las universidades online, como la Internacional de Valencia, les favorece que la exigencia de que el 75% de los profesores resida en España se haya flexibilizado: también podrán vivir en cualquier país de la UE, una cuestión vital para captar talento internacional. Asimismo, ha mejorado para estos campus virtuales el plazo para adaptarse a las condiciones de residencia, que pasa de uno a cuatro años.
Zapatero se citó con Cuerpo, que había puesto pegas al borrador
Y, si en abril los campus online como la VIU tenían una dependencia del Estado mucho más directa, con el Gobierno central asumiendo todas las funciones de supervisión, en la versión final se introducen salvaguardas para seguir vinculadas al Gobierno autonómico. Además, se introducen más salvaguardas: no siempre las nuevas universidades se tendrán que crear con una ley de las Cortes Generales, sino que podrán aprobarse mediante una ley autonómica, como hasta ahora.
Es más ventajoso para todas las universidades privadas que el requisito de que el 60% de los doctores cuente con una evaluación positiva de su investigación ahora deba cumplirse al finalizar el séptimo año, en lugar de al quinto. Y les ayuda también que el porcentaje mínimo del 50% de doctores se compute sobre el equivalente en dedicación a tiempo completo en vez de sobre toda la plantilla, un sistema previsto al principio mucho más rígido para las instituciones que suelen contar con profesionales en activo a tiempo parcial.
Un nuevo centro ‘online’ del grupo va a ser aprobado en Extremadura
En la versión finalmente aprobada, se ha añadido un párrafo nuevo para que las universidades privadas sólo deban aportar en el reporte de sus cuentas anuales el importe neto de su cifra de negocio, simplificando el detalle de gastos e ingresos institucionales exigido inicialmente. Y se facilitan de forma considerable los convenios de prácticas, pues el texto aprobado permite presentar una relación de compromisos por escrito con empresas, en lugar de exigir la relación de convenios ya firmados y definitivos que pedía el texto de abril. Son mejoras que no sólo ayudan a campus como la UNIE y centros online como la VIU, sino que beneficiarán también a la Universidad Abierta de Extremadura, un campus a distancia que también impulsa Planeta y que hace unos días dio otro paso en su tramitación con el dictamen favorable del Consejo Económico y Social de Extremadura.
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