EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.
El organismo, que depende del Ministerio de Justicia, atiende en 15 días al doble de víctimas que han acudido en un año al PRIVA, la unidad eclesiástica
Abusos sexuales en la Iglesia católica
El organismo, que depende del Ministerio de Justicia, atiende en 15 días al doble de víctimas que han acudido en un año al PRIVA, la unidad eclesiástica
EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.
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La Oficina para el Reconocimiento y la Reparación de los Abusos Sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica ha recibido 300 solicitudes de víctimas de pederastia en la Iglesia en dos semanas. Fuentes del ministerio han confirmado el dato a EL PAÍS, que había sido adelantado por la Cadena SER. La cifra de personas que han pedido la reparación ante este nuevo sistema acordado entre Iglesia y Estado arbitrado por el Defensor del Pueblo, supera a todas las víctimas que han confiado en el plan unilateral que la Iglesia puso en marcha en febrero del 2025, el plan PRIVA, que hasta el momento ha recibido 156 solicitudes de abusados.
Tras el acuerdo alcanzado el 8 de enero con la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos, desde el 15 de abril, las personas que han sufrido abusos sexuales en instituciones religiosas cuando eran menores de edad cuentan con un sistema de reconocimiento y reparación mixto (Iglesia-Estado) en el que la Iglesia debe pagar las indemnizaciones a propuesta del Defensor del Pueblo. El organismo atiende a víctimas que no hayan podido acudir a la justicia, bien porque su caso haya prescrito o por el fallecimiento del victimario.
Por su parte, el plan PRIVA, creado de forma unilateral por la Iglesia y puesto en marcha el año pasado, ha recibido críticas de las víctimas, que se quejan del ocurantismo en las reparaciones y denuncian no tener acceso a sus expedientes. La responsable de comunicación del PRIVA justifica la opacidad en que entregar el expediente supondría “una valoración técnica de la que las víctimas no forman parte” y podría “revictimizarlas”.
A partir del 15 de abril, momento en el que las dos oficinas coexisten, las víctimas deben elegir entre uno y otro sistema, los dos caminos no son compatibles. Las víctimas que habían acudido anteriormente al PRIVA sí que pueden acudir ahora a la nueva oficina. El sistema mixto está empezando a andar, pero de momento parece ofrecer más garantías a quienes sufrieron abusos.
Las 300 víctimas que han optado por esta vía serán valoradas ahora por la unidad de víctimas del Defensor del Pueblo. Estudiado el caso y escuchadas las partes, esta unidad elaborará una propuesta de resolución y, en su caso, reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica) en un plazo máximo de tres meses. Solo en el caso de que la Iglesia o la víctima no estuvieran de acuerdo con esa propuesta se convocaría una comisión mixta con representación de todas las partes.
EL PAÍS ha contabilizado 3.084 víctimas desde 2018 y 1.613 acusados. Cuando empezó su investigación hace casi ocho años, solo había 34 casos oficialmente conocidos. Precisamente este mes, los obispos reconocieron por primera vez que tienen mil clérigos acusados de abusos sexuales.
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