La presidenta de Covite defiende, tras la publicación en El Mundo de los polémicos encuentros en el caserío de Alzo, que la verdadera reinserción exige romper la dinámica de exaltación a ETA y asumir su injusticia radical Leer La presidenta de Covite defiende, tras la publicación en El Mundo de los polémicos encuentros en el caserío de Alzo, que la verdadera reinserción exige romper la dinámica de exaltación a ETA y asumir su injusticia radical Leer
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No estoy en contra de la reinserción de los presos de ETA. Todo lo contrario. Me encantaría que la reinserción se hiciera bien, que se hiciera de verdad, y no como una coartada para cumplir con la última exigencia de ETA que queda por satisfacer en este final negociado que vivimos: «Vaciar las cárceles», en palabras de la propia izquierda abertzale, y hacerlo además sin exigir arrepentimiento ni una verdadera desvinculación del entramado político y social que sostuvo el terrorismo durante décadas.
Estos últimos días hemos conocido, a través de EL MUNDO, información sobre el programa de «justicia restaurativa» impulsado por el Gobierno vasco con presos de ETA. Una vez más, se nos presenta como una herramienta de convivencia y de cierre de heridas. Pero conviene decirlo con claridad: no habrá verdadera justicia restaurativa, ni verdadera reinserción, mientras no se afronte la naturaleza específica del terrorismo de ETA y el daño profundo que causó.
Los terroristas de ETA no solo provocaron un inmenso daño personal a sus víctimas directas y a sus familias, que ya de por sí es irreparable. Produjeron también un daño social al conjunto de la sociedad y un daño político a nuestro Estado de derecho. Utilizaron la violencia contra personas concretas para imponer un proyecto político, para amedrentar a una parte de la ciudadanía y para poner en jaque nuestras instituciones. Por eso la reinserción de un preso de ETA no puede plantearse en los mismos términos que la de un delincuente común. Sus delitos no sólo fueron privados: fueron políticos y, por tanto, de carácter público.
En el caso de ETA hay un elemento decisivo que algunos quieren borrar del análisis: durante décadas, sus crímenes fueron justificados, jaleados e incluso impulsados por el entramado político y social de la izquierda abertzale. Recordemos aquellas manifestaciones en las que una jauría violenta gritaba contra los pacifistas: «ETA, mátalos». Esa atmósfera de legitimación del terrorismo no ha desaparecido del todo. Afortunadamente, ya no se pide explícitamente que se cometan atentados, pero todavía hoy una parte de la ciudadanía vasca y navarra sigue sin asumir la injusticia radical del terrorismo de ETA. Aún hoy persisten los mensajes que reclaman impunidad en el espacio público; también el empeño de EH Bildu en llamar «presos políticos» a los asesinos de nuestros familiares.
Por eso, cuando se habla de justicia restaurativa con presos de ETA, hay una pregunta inevitable: ¿restaurar exactamente qué? Si solo se pretende escenificar un encuentro entre víctima y asesino, o facilitar privilegios penitenciarios, no estamos ante una justicia restaurativa en sentido pleno, sino ante una utilización oportunista de ésta para fines perversos. La verdadera reinserción de un preso de ETA exige algo más que mostrar empatía genérica hacia una víctima. Exige contribuir, con hechos, a romper la dinámica social y política de exaltación y justificación de ETA que aún persiste. Ese es el punto decisivo.
Las víctimas no tenemos por qué hacer actos de fe en cartas privadas, fórmulas ambiguas o arrepentimientos imposibles de verificar. Es muy importante distinguir entre el arrepentimiento sincero y su simulación. Por eso el ejemplo de los testigos protegidos en el caso del asesinato de mi hermano, Gregorio Ordóñez, tiene tanto valor moral. Esos antiguos miembros de ETA han dado un paso que sí acredita una ruptura real con la lógica mafiosa de la organización terrorista: colaborar con la Justicia para esclarecer la autoría intelectual de un asesinato. Eso tiene un coste personal altísimo, que me consta que están pagando. Nadie hace algo así por oportunismo. Quien da ese paso demuestra con hechos, y no con retórica, que se ha responsabilizado de la injusticia de sus actos.
Lo que estamos viendo desde hace años, a nivel general, va en la dirección contraria. Se convierte en un formalismo burocrático el requisito del arrepentimiento, se rebajan las exigencias para progresar al tercer grado y se reviste todo de una terminología amable para presentarlo como reinserción. Pero no nos engañemos: todo esto obedece a una lógica política muy concreta. Forma parte del final de ETA negociado, cuyas consecuencias seguimos pagando las víctimas. Primero fue la vuelta de sus brazos políticos a las instituciones. Después vinieron las excarcelaciones fraudulentas con la mentira de la doctrina Parot, y las no detenciones. Luego llegó la escenificación del final «sin vencedores ni vencidos», tan útil para blanquear su pasado, el día en que ETA se autodisolvió.
Ahora asistimos al cumplimiento paulatino de la última de las grandes aspiraciones de la organización terrorista: vaciar las cárceles de presos de ETA sin exigirles una verdadera ruptura con el mundo social y político que justifica sus crímenes. Que no llamen justicia restaurativa a lo que en realidad son excarcelaciones fraudulentas.
*Consuelo Ordóñez es hermana del popular asesinado por ETA Gregorio Ordóñez y preside el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite).
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