Las grandes del sector tendrán que asumir, a modo de derrama, el roto que han provocado los operadores fraudulentos que el Gobierno ha inhabilitado en los últimos meses, un impacto que amenaza el mecanismo estrella de eficiencia Leer Las grandes del sector tendrán que asumir, a modo de derrama, el roto que han provocado los operadores fraudulentos que el Gobierno ha inhabilitado en los últimos meses, un impacto que amenaza el mecanismo estrella de eficiencia Leer
Las grandes energéticas encaran un golpe inesperado en sus cuentas de 2026. Anualmente, empresas como Repsol, Moeve o Endesa costean la mayor parte del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, creado por el Gobierno para cumplir con los objetivos de ahorro impuestos desde Bruselas. Pero la liquidación de este año ha destapado un agujero que, desde 2023, crece como una bola de nieve.
El Gobierno no había previsto que una parte creciente de ese fondo le corresponde pagarla a operadores de hidrocarburos que han ganado mucho peso desde la crisis de Ucrania. Muchos de ellos han sido inhabilitados recientemente por fraude, dejando tras de sí un desfalco millonario que tendrán que cubrir las grandes del sector.
El problema es estructural. Las aportaciones al fondo se calculan en función de las ventas obtenidas por cada energética dos años atrás. El sistema, argumentan desde el Gobierno, se adoptó para aportar mayor «seguridad jurídica», porque permite hacer cálculos sobre unas cuentas ya cerradas y auditadas. Este decalaje, lógico sobre el papel, ha abierto un vacío normativo, pues no tiene en cuenta a aquellos operadores que aparecen y desaparecen antes de que llegue su turno de pagar.
Tras la crisis energética, una ola de operadores de bajo coste llegó a quintuplicar su cuota en el mercado mayorista de hidrocarburos. Nombres como Biomar Oil, Bio-Zenite, Villafuel o Martankship protagonizaron ascensos meteóricos y dispararon sus ventas a niveles inéditos. Entre finales de 2024 y 2025, muchos fueron suspendidos por defraudar el IVA o por vulnerar exigencias medioambientales.
Este tipo de compañías actúa a través de complejos entramados de sociedades pantalla que operan en el mercado mayorista. Es decir, no tienen gasolineras propias, sino que venden el combustible al por mayor a otros operadores. Coloquialmente, se las conoce como truchas, porque emergen y se esfuman muy rápido. Su actividad distorsiona todo el mercado de carburantes: rebajan precios, erosionan márgenes y desplazan ventas hacia operadores que pronto desaparecen sin dejar rastro. Lo hacen, precisamente, para eludir las obligaciones tributarias, medioambientales y también las del citado fondo estatal.
Se da la circunstancia de que las empresas no tienen que aportar al fondo en su primer año de actividad, porque parten de cero. Esa filosofía está favoreciendo a los operadores fraudulentos que, cuando desaparecen del mapa, dejan sin pagar su parte de contribución al fondo. Esto les otorga, además, una ventaja competitiva.
Cada año, el importe total del fondo es mayor. En 2026, el conjunto del sector debe pagar más de 1.870 millones, frente a los 783 millones de 2024. En consecuencia, el peso de esa partida sobre el precio final de la energía también crece. Las truchas lo aprovechan para ganar cuota vendiendo el combustible más barato, contando con que luego no abonarán su parte. En un negocio de volumen como el del crudo, donde las ventas se deciden al céntimo, el impacto es brutal.
La aportación que les hubiera correspondido a los operadores inhabilitados rondó los 77 millones en 2025 (sobre las ventas de 2023). Para 2026, estimaciones del sector, a las que ha tenido acceso EL MUNDO, apuntan a un récord de 218 millones de euros. En solo dos ejercicios, los defraudadores habrán provocado un agujero acumulado cercano a los 300 millones. Si bien en 2025 el roto lo asumió el propio fondo, que recaudó 77 millones menos por los 17 operadores inhabilitados; este año el importe total no se ha ajustado, de modo que serán las empresas cumplidoras las que cubrirán el desfalco.
Y la previsión para 2027 apunta a que el problema seguirá agravándose. Los operadores que están creciendo gracias a esa «ventaja competitiva artificial» alcanzaron en 2025 alrededor del 15% del mercado español de combustibles. Si una parte de ellos vuelve a desaparecer antes de que les toque pagar, el quebranto para el fondo podría rondar los 180 millones adicionales.
Las cinco grandes energéticas son las que más contribuyen cada año a esa derrama. En 2026, Repsol encabeza la tabla, con una obligación superior a 442 millones, seguida de Moeve (unos 228 millones) y Endesa (223,6 millones). Completan la lista Iberdrola (163,7 millones) y Naturgy (161 millones).
Varias de estas compañías han trasladado ya su preocupación al Gobierno y han planteado posibles soluciones para atajar esta nueva vía de fraude, como calcular la aportación según las ventas del mismo año y no con dos años de retraso. Sin embargo, distintas fuentes coinciden en que cambiar las reglas del fondo exige aprobar una norma con rango de ley, lo que requiere sumar una mayoría parlamentaria que, a día de hoy, parece inalcanzable. Mientras no se modifique la ley, el agujero seguirá creciendo y las grandes del sector continuarán asumiendo la factura de los operadores inhabilitados.
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