Presenta un escrito en el que dice que la actuación fue «desproporcional» y que no respetó sus derechos fundamentales Leer Presenta un escrito en el que dice que la actuación fue «desproporcional» y que no respetó sus derechos fundamentales Leer
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Leire Díez, imputada en el caso de las cloacas del PSOE, trata de anular pruebas esenciales en la investigación judicial del caso. La conocida como «fontanera» del PSOE ha presentado un escrito ante la sección de instrucción del tribunal central de instancia número 5 en el que reclama la nulidad de las incautaciones de su teléfono móvil, agendas, cuadernos, ordenador u otros dispositivos electrónicos por parte de la UCO durante los registros en sus viviendas, igual que pide anular su detención en 2025.
En un escrito al que ha tenido acceso EL MUNDO, Díez reclama la nulidad de todas esas pruebas conseguidas y, por tanto, también de todas las actuaciones procesales, diligencias y resoluciones judiciales que se han derivado de la incautación y del contenido de esos dispositivos personales.
El escrito elaborado por su abogada Eva María Bejarano parte de la tesis de que la detención de Díez el pasado 10 de diciembre de 2025 en el Paseo de la Castellana de Madrid fue «desproporcionada, injustificada y no ponderada», lo que bajo el criterio de la defensa la convierte en «ilegítima y, por tanto, nula de pleno derecho por vulneración del artículo 17 de la Constitución al haberla privado de su derecho fundamental a la libertad inmotivadamente».
Se pregunta por qué no bastaba su citación para comparecer en sede policial o judicial de manera voluntaria, cuando la causa contra ella llevaba abierta un año y «nunca antes había sido precisa su detención». Peso eso acabó sucediendo ese día, añade, sin que se hubiera manifestado una «actuación delictiva flagrante» como para tener que realizarse.
La detención de Díez propició que la UCO se llevara los objetos que tenía encima y que, en paralelo, entrara y registrara varios domicilios que Díez tiene en Madrid, Vizcaya y Cantabria, incautándose durante esas actuaciones de dispositivos físicos y electrónicos, libretas o agendas.
Para la defensa, los agentes de la UCO hicieron acopio «sin realizar ningún tipo de medida ni control sobre los elementos que se incautaban», sino llevándose «lo que querían».
La tesis de Díez para pedir de nulidad de esas pruebas es que cuando los agentes de la UCO entran en los domicilios de la ex militante del PSOE lo hacen «sin autorización judicial y sin haber presenciado ninguna actuación delictiva flagrante». La defensa expone en su escrito que «requisan todos sus archivos físicos y electrónicos, móviles, ordenadores, libretas, cuadernos y dispositivos que contienen información privada de Dña. Leire, tanto personal como profesional, y no solo de ella, también de su familia, sin hacer ningún tipo de distinción ni tomar ninguna medida para salvaguardar los derechos de aquella. Y esa arbitrariedad injustificada responde a que, al no existir autorización judicial habilitante que defina los motivos por los que se disponía la entrada, ni qué concretos elementos se debían incautar ni por qué la entrada en los domicilios iba a servir para esclarecer la causa ni a raíz de qué concreta actuación presuntamente delictiva imputada a Dña. Leire era preciso tal medida, los agentes de la UCO incautaron todo dispositivo físico y/o electrónico que encontraban sin hacer distinción ni medición en su contenido».
Por tanto, concluye que han vulnerado sus derechos porque la entrada en el domicilio tiene que producirse por «razones de comisión delictiva flagrante». Y que en este caso «no concurre», subraya, «porque las entradas y registros» en las viviendas tienen lugar de manera paralela a su detención, «la cual se produce de manera sorpresiva en vía pública sin existir tal delito flagrante».
Si la detención es nula, expone también el escrito de Díez, «todo lo derivado de la misma también es nulo». «Exige una autorización judicial expresa que motive la injerencia en las comunicaciones», subraya.
Además, considera que el acceso al contenido total de todos los dispositivos tanto telefónicos, electrónicos como físicos (agendas, cuadernos…) es «completamente desproporcional, no responde al fin de descubrir delitos o asegurar responsabilidades de los presuntos implicados, ni por haber sido interceptado un delito flagrante, por lo que no respeta los derechos fundamentales de la investigada».
Insiste la defensa en sostener que la UCO «no tenía autorización» para incautar y «muchos menos acceder» a todo el contenido de los dispositivos incautados tanto en ese momento como en las entradas y registros efectuadas paralelamente a la detención.
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