Encabeza la acusación popular de algunas de las causas judiciales más mediáticas. Con ese bagaje, lanza la propuesta reformista de su partido, con el que concurrirá el 29-N Leer Encabeza la acusación popular de algunas de las causas judiciales más mediáticas. Con ese bagaje, lanza la propuesta reformista de su partido, con el que concurrirá el 29-N Leer
Luis María Pardo vuelve a probar suerte en las urnas este 29-N. Tras haberse presentado a las elecciones europeas de 2024, este abogado viene encabezando la acusación popular de causas judiciales de gran calado mediático como la ley de nietos o la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. Propone reformar el régimen del 78 y se desmarca de formaciones como Vox, con quien ha coincidido en alguno de los procedimientos en los que está personado.
- ¿Qué es Iustitia Europa?
- Iustitia Europa es un partido político, parlamentario, con un ideario reformista y transversal que propone una reforma de la Constitución. A la vista está que la corrupción llega más allá de los partidos políticos, y eso hay que revertirlo. Se habla de echar a Pedro Sánchez, pero nadie dice que se está estrujando el ordenamiento jurídico porque tenemos una Constitución que lo ha permitido. Por eso nosotros decimos que hay que superar el Régimen del 78. ?
- Usted ha hecho carrera en los tribunales, ejerciendo la acusación popular en casos de gran calado mediático. ¿Qué ha cambiado para que ahora se presente a las elecciones generales?
- Nosotros ya nos presentamos a las elecciones europeas [junio 2024] y justo después enlazamos con las causas de corrupción porque tenían un nexo con la crisis sanitaria. Se hicieron contratos -el caso Koldo fue el más famoso-, eludiendo o articulando unos sistemas para llevarse mordidas y comisiones, y por eso decidimos personarnos. Ahí descubrimos que los aforamientos se han convertido en la inmunidad para la impunidad. Empezamos a decir que hay que quitar los aforamientos, construyendo nuestro programa político en base a los hechos de corrupción que estábamos viendo en las causas judiciales. Y abrimos un interrogante: ¿Fallan las personas o falla el sistema? Es imposible comprender cómo España no tiene una ley anticorrupción.
- En estas causas ha coincidido con otras asociaciones como Hazte Oír o partidos como Vox. ?Ideológicamente, ¿en qué se diferencia de ellos?
- Que somos reformistas y transversales, porque consideramos que la corrupción no viene ni de derechas ni de izquierdas. Nosotros no tenemos nada que ver con los postulados de Hazte Oír, ni tampoco con los de Vox. ?Otra cosa es la relación profesional que podemos tener como letrados, pero a nivel ideológico, ninguna.
- Por terminar con esta cuestión, en su programa rechaza la política de bloques…
- Yo no rechazo la política de bloques. Yo rechazo que en un círculo está todo el 78, y nosotros estamos fuera. Entonces, toda esa gente que se pelea lo hace por su supervivencia dentro del 78.?Y entre los que estamos fuera, nosotros somos los únicos que hemos dicho que algo está fallando; creo que con la ley de nietos todo el mundo se ha dado cuenta. No podemos permitirnos tener una ley que venga una instrucción, que modifica y altera la norma, sin que ningún partido se dé cuenta durante cuatro años. Ni que sea Iustitia Europa la que denuncie y ahora todo el mundo se lleve las manos a la cabeza.
- Menciona la ley de nietos. ¿Por qué pone Justitia Europa en duda los votos de los nacionalizados por esta norma y qué irregularidades sostiene que se han producido?
- En junio de 2026 descubrimos a través de informaciones periodísticas que puede haber un número indeterminado de personas que, más allá de haber obtenido la nacionalidad fuera de España, van a poder votar. Y descubrimos que hay una instrucción de Sofía Puente que alteró la disposición adicional octava de la ley de Memoria Democrática. Nadie recurrió esa instrucción en 2022, ?ningún partido político. Entonces, tuvimos que articular una denuncia a la Junta Electoral Central (JEC) -porque es quien tiene competencias a efectos electorales según la LOREG- y decir que esto iba a alterar el censo electoral y la legitimación democrática de nuestras instituciones. Nos denegaron la denuncia, pero con cuatro votos particulares. Con eso presentamos un contencioso-administrativo en el Supremo, donde efectivamente nos dan la razón con porque hay un número indeterminado de personas que van a poder votar a través de la instrucción contra la ley. Nosotros no hemos entrado en la nacionalidad porque lo que se está impugnando es un acuerdo de la JEC. Sí que pueden quedar suspendidos los efectos electorales, no así las nacionalizaciones de momento.
- ¿Teme que el PSOE impugne el resultado de las elecciones de suspenderse el voto CERA?
- Yo creo que Pedro Sánchez va a hacer todo lo posible para continuar en el poder.
- También lleva la causa de Ceuta. ?¿Qué documentación considera imprescindible que todavía no se haya aportado la causa para esclarecer lo que sucedió?
- La causa de Ceuta es diferente a las demás causas de corrupción porque tiene un alto componente de seguridad nacional. No en vano la denuncia de Iustitia Europa que abre la causa en la Audiencia Nacional es por un delito contra la integridad y la paz. Nosotros consideramos que es una agresión a España; es decir, es una declaración de guerra del siglo XXI. Tenemos un ataque con población civil, en el que hay fallecidos -casi 100 personas en España-, con un drama humanitario, con buques de guerra que agreden la soberanía nacional y con una instrucción que tiene que determinar quién por acción ordenó y fue el autor ideológico de esta agresión a España; y por omisión, qué autoridades españolas no actuaron cuando, según el ordenamiento, debían actuar.
- ¿Qué diligencias son claves aquí?
- Seguramente las del Centro Nacional de Inteligencia, los satélites, las propias declaraciones de todos los agentes que intervinieron y sobre todo una fundamental: ?¿Por qué no se actuó ante la agresión? ¿Por qué se omitió la forma de actuar y se dejó que entrase una cifra entre 80.000 y 100.000 personas en la ciudad de Ceuta? Que todavía hoy sigue viviendo ese drama en todos los sentidos: el drama de los españoles que residen en Ceuta, y también todo ese drama la inmigración que ha venido, que se ha quedado ahí y que se va a enquistar. Eso tiene responsabilidades y ahora hay que investigarlas. Por tanto, creo que es una causa que va a ser muy compleja, porque tiene una parte que es secreta, y veremos a ver hasta dónde podemos conocerla. Por otro lado, nosotros vemos que se dirige hacia el Gobierno, porque es el que tenía que haber actuado y tomado de decisiones. Por omisión, vamos a ver cuáles no se tomaron y qué resultado tuvieron.
- ¿Hasta qué nivel puede escalar la imputación de responsabilidades dentro de la Administración pública?
- Pues hasta el presidente del Gobierno. Es decir, quien tiene la principal competencia en materia de seguridad nacional es el presidente del Gobierno.?Y de ahí para abajo. Ahora lo que se está determinando es a partir del jefe de gabinete. ¿Qué queda acreditado? Que sí que transmitió toda la información del enlace que tenía en el Centro Nacional de Inteligencia a su superior, que era el delegado de Gobierno. Si éste, cuando venga a declarar, dice que sí que transmitió la información y la gravedad de lo que iba a pasar, por encima está la Secretaría de Estado de Seguridad, luego el ministro del Interior y, por último, el presidente.
- ¿Ve posible la imputación de estos tres últimos?
- Por supuesto. Son las personas que tendrían que haber actuado y que, por omisión o por comisión, no lo hicieron. No tomaron o no dieron las órdenes necesarias. Lo que no puede ser es que en España al final siempre el último sea el que vaya a ser el responsable: o echan el marrón al jefe de gabinete o echan al marrón al delegado del Gobierno, pero él no tiene competencias en seguridad nacional. Las actuaciones en materia de seguridad e Interior las toma el ministro y la Secretaría de Estado, y en materia de defensa, la ministra de Defensa y el presidente del Gobierno. No hay más.
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