Meta ha acordado este miércoles pagar casi 17.000 millones de dólares e incorporar nuevas medidas de protección para menores en Facebook e Instagram para poner fin a un histórico juicio sobre la presunta adicción de los adolescentes a las redes sociales. En concreto, la compañía pagará 16.680 millones (unos 14.315 millones de euros) para resolver las demandas presentadas por numerosos estados de EEUU, según han anunciado los fiscales estatales.
El gigante tecnológico ha aceptado el acuerdo para evitar prolongar los litigios, pero niega las acusaciones y cualquier responsabilidad. El acuerdo pone fin de forma anticipada al juicio que había comenzado la pasada semana en Oakland, California, y en el que estaba previsto que el consejero delegado de Meta, Mark Zuckerberg, declarara ante un jurado federal. California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey figuraban entre los 29 estados que demandaron conjuntamente a la compañía en 2023.
Solo en Virginia, el pacto supone una compensación de 353 millones de dólares y constituye uno de los mayores acuerdos de protección al consumidor de la historia del estado, según ha señalado su fiscal general, Jay Jones. «Durante años, Meta engañó intencionadamente al público sobre las características adictivas y perjudiciales de sus diseños, que han causado estragos en la salud mental de los jóvenes», ha afirmado. El acuerdo, ha añadido, permitirá poner fin a estas prácticas y ofrecer una mayor protección a los menores frente a los daños en internet.
Los 17.000 millones de dólares que deberá abonar Meta representan, no obstante, una pequeña parte de los 201.000 millones de dólares de ingresos que la compañía registró en 2025.
Además de la compensación económica, el acuerdo contempla que Meta introduzca una serie de cambios en Facebook e Instagram destinados a los usuarios menores de edad. Entre ellos figura un límite máximo de uso diario y pausas para los menores que utilicen ambas plataformas: los adolescentes recibirán notificaciones obligatorias tras 15, 60 y 90 minutos de uso continuo para incentivar que dejen de usar la aplicación. La compañía también eliminará las notificaciones automáticas durante el horario escolar de los días laborables.
Meta deberá además introducir mecanismos «robustos» para verificar la edad de los usuarios y aplicar controles de contenido adaptados a los menores, con el objetivo de dificultar su exposición a contenidos relacionados con el acoso, los trastornos alimentarios o las autolesiones. El pacto incluye asimismo controles parentales más sencillos y estrictos y restricciones sobre determinadas funciones que pueden fomentar la comparación social entre los adolescentes, como los contadores de ‘me gusta’.
La demanda acusaba a Meta de contribuir a la crisis de salud mental entre los jóvenes al diseñar deliberadamente funciones destinadas a conseguir que los menores pasaran cada vez más tiempo en sus plataformas, al tiempo que ocultaba sus posibles efectos perjudiciales al público. Los estados sostenían también que la empresa había vulnerado las leyes federales de protección de la infancia al recopilar de manera habitual datos de menores de 13 años sin el consentimiento de sus padres.
El pacto pone fin de forma anticipada al histórico juicio que había comenzado la pasada semana en Oakland, California.
Meta ha acordado este miércoles pagar casi 17.000 millones de dólares (unos 14.600 millones de euros) e incorporar nuevas medidas de protección para menores en Facebook e Instagram para poner fin a un histórico juicio sobre la presunta adicción de los adolescentes a las redes sociales. En concreto, la compañía pagará 16.680 millones para resolver las demandas presentadas por 47 estados de EEUU, según han anunciado los fiscales estatales.
El acuerdo pone fin de forma anticipada al juicio que había comenzado la pasada semana en Oakland, California, y en el que estaba previsto que el consejero delegado de Meta, Mark Zuckerberg, declarara ante un jurado federal. California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey figuraban entre los 29 estados que demandaron conjuntamente al gigante tecnológico en 2023.
Solo en Virginia, el pacto supone una compensación de 353 millones de dólares y constituye uno de los mayores acuerdos de protección al consumidor de la historia del estado, según ha señalado su fiscal general, Jay Jones. «Durante años, Meta engañó intencionadamente al público sobre las características adictivas y perjudiciales de sus diseños, que han causado estragos en la salud mental de los jóvenes», ha afirmado. El acuerdo, ha añadido, permitirá poner fin a estas prácticas y ofrecer una mayor protección a los menores frente a los daños en internet.
Los 17.000 millones de dólares que deberá abonar Meta representan, no obstante, una pequeña parte de los 201.000 millones de dólares de ingresos que la compañía registró en 2025.
Además de la compensación económica, el acuerdo contempla que Meta introduzca una serie de cambios en Facebook e Instagram destinados a los usuarios menores de edad. Entre ellos figura un límite máximo de uso diario y pausas para los menores que utilicen ambas plataformas. La compañía también eliminará las notificaciones automáticas durante el horario escolar de los días laborables.
Meta deberá además introducir mecanismos «robustos» para verificar la edad de los usuarios y aplicar controles de contenido adaptados a los menores, con el objetivo de dificultar su exposición a contenidos relacionados con el acoso, los trastornos alimentarios o las autolesiones. El pacto incluye asimismo controles parentales más sencillos y estrictos y restricciones sobre determinadas funciones que pueden fomentar la comparación social entre los adolescentes, como los contadores de ‘me gusta’.
La demanda acusaba a Meta de contribuir a la crisis de salud mental entre los jóvenes al diseñar deliberadamente funciones destinadas a conseguir que los menores pasaran cada vez más tiempo en sus plataformas, al tiempo que ocultaba sus posibles efectos perjudiciales al público. Los estados sostenían también que la empresa había vulnerado las leyes federales de protección de la infancia al recopilar de manera habitual datos de menores de 13 años sin el consentimiento de sus padres.
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