El histórico fiscal de la Audiencia Nacional, desde 1980 hasta 2010, asumió algunas de las principales causas de la democracia, como el ‘caso Lasa y Zabala’, el secuestro de Ortega Lara o el escándalo de Rumasa Leer El histórico fiscal de la Audiencia Nacional, desde 1980 hasta 2010, asumió algunas de las principales causas de la democracia, como el ‘caso Lasa y Zabala’, el secuestro de Ortega Lara o el escándalo de Rumasa Leer
En una tribuna publicada el 3 de febrero de 2010 en estas páginas, el magistrado Javier Gómez de Liaño escribió: «Los romanos decían age quod agis. La locución latina pudiera traducirse al español ‘lo que hagas hazlo bien’ o, con mayor sencillez, ‘haz lo que debes’. El fiscal Gordillo siempre despreció la injusticia. Mi amigo y ya cofrade Ignacio Gordillo es un hombre que, aplicándose así mismo el age quod agis, como abogado hará lo que debe, sin permitirse el más leve titubeo». Esta declaración de principios sintetiza la solidez jurídica, la rectitud moral y la integridad profesional del fiscal Ignacio Gordillo Álvarez-Valdés, fallecido ayer en Madrid a los 75 años, tal como comunicó el Colegio de la Abogacía de Madrid, institución en cuya Junta de Gobierno desempeñó responsabilidades entre 2013 y 2018.
Considerado una de las figuras más reconocidas del Derecho Penal español, recaló como fiscal en la Audiencia Nacional en 1980 tras su paso por las Audiencias Provinciales de Girona y Valladolid. Gordillo participó en algunas de las causas más relevantes de la democracia española. Su padre había sido magistrado del Tribunal Supremo. Deja dos hijas también fiscales tras una extensa trayectoria en la que sobresalió por ser «un caballero, estudioso, trabajador, buen compañero. Tenía la toga pegada a la piel», explica a EL MUNDO Gómez de Liaño, con quien compartió, entre otras investigaciones, la del secuestro a manos de ETA de José Antonio Ortega Lara.
En su lucha contra el terrorismo de Estado de los denominados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), ejerció de fiscal del caso Lasa y Zabala, el secuestro y asesinato de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, enterrados en cal viva en 1983 y cuyos cuerpos fueron identificados en 1995. Fue uno de los episodios más graves en la guerra sucia contra ETA. El propio Gordillo, en declaraciones a la televisión pública vasca EiTB, confesó: «aquí las presiones han existido siempre, fui despedido en varias ocasiones en los temas del GAL».
Preguntado por el origen de esas coacciones al poder judicial, respondió que «el Ejecutivo [entonces presidido por Felipe González] era el primer interesado en que la investigación no siguiera». En un artículo aparecido en este periódico, del que fue un asiduo colaborador, tachó de intolerables las órdenes que recibió del fiscal general del Estado «al interesar la libertad de los presos preventivos en la causa de los GAL, y que no fueron en favor de la independencia del fiscal». La historia no se parece, pero rima.
«La primera vez que oí mencionar las siglas de los GAL -reveló en una tribuna en este diario- sentí una enorme extrañeza. No podía aceptar ni comprender que la Policía española pudiese actuar en el sur de Francia cometiendo hechos delictivos y que todo ello fuese amparado, desde las altas esferas, por un concepto erróneo de luchar contra el terrorismo». Gordillo procesó a los policías José Amedo y Michel Domínguez, e investigó al general Enrique Rodríguez Galindo. «Las órdenes venían de la dirección del Ministerio del Interior. Era, sin tapujos, terrorismo de Estado», sostuvo.
Antes de ser retirado de los sumarios de los GAL, el entonces fiscal general del Estado Javier Moscoso [nombrado por Felipe González después de ser ministro de la Presidencia] le obligó por escrito, en septiembre de 1988, a que no se opusiera a la petición de libertad para Amedo y Domínguez, que él había solicitado en base a unas falsas cartas de unos mercenarios portugueses que exculpaban al subcomisario y a su compañero. Y en 1993, sin consultar con el fiscal general Eligio Hernández [nombrado para ese cargo por González después de haber sido diputado socialista en Canarias], Gordillo presentó una denuncia contra Amedo y Domínguez por el secuestro de Segundo Marey. Gracias a la iniciativa del fiscal de la Audiencia Nacional, el delito no quedó prescrito, dejando así abierta la puerta para que el caso GAL llegara al Supremo. «Los terroristas no pueden ser combatidos con el terrorismo», le dijo al periodista Agustín Yanel el 3 de abril de 1995.
El fiscal Gordillo, después de más de 16 años en la Audiencia Nacional, tal como consignaron los entonces periodistas de investigación de esta casa Antonio Rubio y Manuel Cerdán, «se había convertido en ese momento en testigo negativo para algunos sectores del poder político y judicial». Y no sólo por su papel activo en la investigación sobre los GAL, sino por haber estado presente en los casos de mayor relevancia que pasaron por la Audiencia Nacional durante los 80 y 90: comandos Madrid y Barcelona de ETA, GAL (casos Amedo y Domínguez, Marey, Lasa y Zabala..), Rumasa, el secuestro de Aldaya y Ortega Lara, Argentia Trust, Macosa…. Su itinerario profesional, de probada independencia, lo convirtió en un personaje incómodo para la larga lista de fiscales jefes que se habían ido sucediendo en la Fiscalía General y en la Audiencia Nacional tanto en el tardofelipismo como en la incipiente etapa de José María Aznar.
«Los fiscales -acostumbraba a decir Gordillo- no podríamos acudir a juicios contra bandas terroristas si por otra parte estamos permitiendo que se oculten otros actos terroristas como los de los GAL». Esa misma altura moral es la que le permitió dar la cara ante ETA. Tras el asesinato de su compañera Carmen Tagle el 12 de septiembre de 1989, en la intensificación de las medidas de seguridad en el ámbito judicial le llevó a pagar, tal como él mismo reconoció, un coste familiar altísimo: «No podías tener teléfono a tu nombre, ni siquiera figurar en el padrón municipal. Tampoco podíamos tener cuentas a nuestro nombre. Siempre había que estar ocultando a dónde ibas, dónde vivías, incluso quién eras. Tras aquel terrible asesinato todos tratábamos de ser personas desconocidas».
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, fue profesor de Derecho Penal en la UNED y en el CEU, y de Derecho Procesal en la Complutense. Su tesis doctoral, centrada en la blasfemia y la libertad religiosa, obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude. Además, ha dado clases en el Máster de Periodismo de EL MUNDO.
Quienes trabajaron a su lado o mantuvieron un estrecho vínculo dan fe de su exquisito rigor en el ejercicio de su trabajo, tanto en la Fiscalía como en la abogacía -primero se incorporó a Martínez-Echevarría Abogados como responsable del área penal y, posteriormente, abrió su propio despacho-, señalan su coraje cívico, lo que le llevó a no rehuir ningún asunto. Consideró que «la prisión permanente revisable habría evitado asesinatos de ETA» y, en pleno juicio en el Supremo por el procés, sostuvo que «los españoles tenemos que agradecer a todos los fiscales su defensa del Estado de derecho, de la Constitución y del ordenamiento jurídico».
Con respecto a la Fiscalía, defendió esta institución como «ajeno totalmente a cuestiones políticas». En una entrevista en Diario 16, en 1998, sentenció: «Los políticos deben respetar y acatar las decisiones de los tribunales. Igualmente los jueces no deben opinar en sus resoluciones sobre aspectos políticos. Es decisivo que cada uno actúe con plena independencia y responsabilidad». No sólo es una advertencia para el presente, sino el legado de un fiscal indomable
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