Dice que no cuestiona el derecho al voto pero que busca garantizar que el censo es «fiable» y «verificable» Leer Dice que no cuestiona el derecho al voto pero que busca garantizar que el censo es «fiable» y «verificable» Leer
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El fuerte aumento del censo electoral con residentes en el extranjero por la llamada ley de nietos moviliza parlamentariamente al PP, que ha lanzado esta semana una ofensiva en el Senado para indagar el caso concreto de la Comunidad de Madrid, donde se concentra el mayor número de nuevos inscritos con una subida que alcanza el 30,4% en tan sólo tres años.
Los populares han presentado una veintena de preguntas escritas al Gobierno para conocer las razones de este incremento y para garantizar que se están siguiendo todos los requisitos legales.
En la batería de cuestiones presentada por el portavoz adjunto y secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, se cuantifica que el Censo Electoral de Españoles Residentes en el Extranjero (CERA) ha superado los 2,7 millones de electores. En el caso de la Comunidad de Madrid son ya 492.076 votantes. Desde mayo de 2023, la cifra actual ha aumentado en 114.815 personas, lo que significa que ahora hay un 30,4% más. Esto para los populares es un crecimiento «especialmente llamativo». Por eso, ahonda el PP, quiere saber por qué el CERA de Madrid crece a un ritmo que duplica sistemáticamente al de Barcelona.
El PP pide al Gobierno información sobre cuántas de las nuevas inscripciones proceden de adquisiciones de nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática y qué supuestos se dan por otros motivos (cambios de provincia, correcciones de oficio u otros).
Fuentes populares inciden en que no quieren cuestionar el derecho al voto en el exterior pero que sí quieren garantizar que el censo es «fiable, verificable y esté correctamente asignado».
En este sentido, el PP toca todos los frentes respecto a la Comunidad de Madrid como cuáles están siendo los criterios de inscripción y en el papel de la Administración.
Además, reclama explicaciones sobre la asignación de municipio por arraigo, los controles de la Oficina del Censo Electoral, las diferencias entre consulados, las reclamaciones existentes y los mecanismos de depuración de duplicidades, fallecimientos o inscripciones incorrectas.
El paquete de preguntas también reclama al Gobierno qué medidas piensa tomar después del voto particular de cuatro vocales de la Junta Electoral Central sobre la incorporación al censo.
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