A 40 años de la aprobación de la Ley General de Sanidad, no puedo dejar de recordar aquellas palabras de Francisco Sevilla, quien fuera consejero de Sanidad en Asturias, cuando afirmó que esta ley supuso un hito tan fundamental en la historia de la regulación sanitaria en España, que incluso aquellos que más lucharon para evitar su aprobación, la reivindican hoy en día. El paso de los años ha dado aún más razón al exconsejero, puesto que hay reformas que, por mejorables que sean, y ese es un debate que no podemos omitir, establecen una ruptura legislativa tan evidente que oponerse frontalmente a ella no solo resulta difícil, sino insostenible.
El autor expone que la norma sentó las bases del sistema público universal en España, aunque dejó pendientes problemas estructurales que hoy reaparecen en el debate sobre conciertos y externalizaciones
A 40 años de la aprobación de la Ley General de Sanidad, no puedo dejar de recordar aquellas palabras de Francisco Sevilla, quien fuera consejero de Sanidad en Asturias, cuando afirmó que esta ley supuso un hito tan fundamental en la historia de la regulación sanitaria en España, que incluso aquellos que más lucharon para evitar su aprobación, la reivindican hoy en día. El paso de los años ha dado aún más razón al exconsejero, puesto que hay reformas que, por mejorables que sean, y ese es un debate que no podemos omitir, establecen una ruptura legislativa tan evidente que oponerse frontalmente a ella no solo resulta difícil, sino insostenible.
Tal es el caso de esta reforma legal, que implicó abandonar un sistema de atención basado en la beneficencia, amplió la cobertura según el principio de ciudadanía y supone el inicio de la creación e integración de los sistemas de protección sanitaria con una financiación que se completaría en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 1999; cuando la financiación se realiza no a través de las cotizaciones sociales de personas aseguradas, sino a través de un mecanismo de solidaridad que son los impuestos generales.
Pese a que la figura central de aquella reforma fue, evidentemente, Ernest Lluch, conviene no olvidar a muchas otras personas e instituciones que hicieron posible esta transición. No fue, en todo caso, un proceso sencillo. Igualmente, es preciso recordar que los sectores sanitarios más conservadores se emplearon en poner palos en las ruedas a la tramitación, en la denominada Operación Primavera. Y, de la misma manera, no podemos olvidar que una parte del área económica del propio gobierno socialista ―su ala neoliberal― logró imponer una de las rémoras que lastran nuestro sistema sanitario, convertido por su presión en un sistema dual en el que hay una serie de beneficios y prestaciones comunes para la gran mayoría de la población y otro sistema de atención diferenciado (mutualidades) para algunas profesiones liberales, funcionarios civiles del Estado o de la Administración de Justicia.
Pero, aunque no se pudiera llegar tan lejos con aquella ley como aspiraban los defensores de una sanidad verdaderamente pública, en este aniversario es necesario no olvidar los orígenes de una ley trascendental como pocas en la historia de este país. Los antecedentes hay que buscarlos en una proposición no de ley presentada por el grupo parlamentario comunista el 24 de mayo de 1979 y defendida por el diputado Miguel Núñez-González. Fue miembro histórico del Partido Comunista, compartió prisión en el penal de Ocaña con Miguel Hernández y fue encarcelado y torturado en Barcelona en 1958.
La del Grupo Parlamentario Comunista, que fue apoyada por el grupo socialista, fue la primera iniciativa parlamentaria de nuestra democracia que reclamó una reforma sanitaria integral y pública, anticipando los debates que culminarían una década después en la Ley General de Sanidad de 1986. En la defensa de esta moción, Nuñez-González señaló algunos elementos claves que son la raíz de nuestros sistemas sanitarios actuales y que podemos encontrar en el diario de sesiones de nuestra cámara de aquel lejano 1979:
- Concepción integral de la salud: la importancia de la salud individual y colectiva y algo que parece que hemos puesto de moda ahora, los determinantes sociales de la salud, pero que ya se mencionaban en su intervención.
- Gestión desde las comunidades autónomas: un modelo de gestión centralizado y burocrático que no estaba funcionando en las diferentes comunidades autónomas y que estaba teniendo repercusiones en la calidad de la atención y en las condiciones laborales de profesionales.
- Un modelo de transparencia y rendición de cuentas.
- Una propuesta de separar la asistencia sanitaria de la Seguridad Social y crear un sistema público único, integrado y descentralizado, con financiación a través de un modelo de impuestos y mejorando la fiscalidad de este país.
Somos firmes partidarios de celebrar los avances, pero celebrar hoy la Ley General de Sanidad debe ir más allá de la mirada nostálgica: requiere afrontar con responsabilidad y valentía política lo que aún tenemos pendiente. Y esto se resume en conseguir un sistema verdaderamente universal, verdaderamente público, equitativo y cohesionado.
Sobre todas estas líneas, nuestro ministerio ya ha adelantado diferentes medidas legislativas y me gustaría centrarme en el título de lo público en nuestro Sistema Nacional de Salud. En 1986, pese a la presión de sectores de la sociedad civil como la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, la Ley General de Sanidad no mencionó al sector privado ni en su vertiente de seguro sanitario ni en la de proveedor de servicios. La ley no planteó ningún tipo de intervencionismo de un mercado, el de la sanidad privada, que no tiene ninguna regulación en nuestro país. Por poner un ejemplo, los sectores económicos más conservadores del gobierno socialista en aquel entonces miraron más hacia el mercado que hacia mecanismos de regulación de un bien que no es de mercado: la salud; un bien que exige para su desarrollo efectivo la protección de los ciudadanos frente a prácticas que pueden ser de mala calidad. Lo estamos viendo estos días con la externalización de prestaciones sanitarias (relacionadas con los cribados) a empresas que tienen ánimo de lucro y no tienen ánimo de control de calidad.
Y privatizar mata. No es un eufemismo o una frase hecha. Necesitamos blindarnos frente a la colaboración público-privada que realmente significa una parasitación de lo público por la privada. En una fase inicial del sistema de salud en 1986 podrían asumirse formas mixtas de transición, pero ese incremento actualmente supone un símbolo de enfermedad de nuestro sistema sanitario público. En Asturies, en Xixón que es de donde yo vengo, se va a implantar una clínica Quirón y esta es una noticia pésima para nuestro sistema sanitario. Esta vez, como en el 86, el gobierno socialista también ha mirado hacia otro lado. Quirón no es una ONG, es una entidad con claro ánimo de lucro y, como tal, ha explorado un nicho con debilidad en su sistema sanitario. Es una empresa que ha aumentado un 27% sus ganancias en los últimos cinco años y no viene a mejorar la salud de los asturianos, sino que viene a hacer negocio. Es carcoma, carcoma que se aprovecha de la debilidad de la fortaleza y de las vigas de nuestro sistema sanitario y de grandes vigas que se están corrompiendo.
Privatizar mata; seguir concertando con empresas privadas empeora la salud. Y esto no se lo inventa este narrador. Un estudio publicado en el año 2022 en el Lancet Public Health estudia la relación entre la externalización de servicios de salud al sector privado y tasas de mortalidad evitable. Lo que demuestra es que un aumento en la subcontratación a proveedores privados que tienen fines de lucro se asociaba con un aumento de la mortalidad evitable en el año siguiente. Repito: Subcontratar a empresas privadas empeora la salud de la población. Y más aún: el peligro no solo es la privatización económica, sino la privatización cultural de la idea de salud como un bien colectivo y que se convierta en un objeto de consumo.
Esperamos avanzar en leyes y que el sentido y el bien común se impongan a los delirios hipnagógicos de algunos grupos parlamentarios. Proponemos avanzar hacia la plena universalidad y el carácter público de nuestro sistema sanitario; un sistema de salud centrado en el cuidado de las personas y de sus profesionales (ha de cuidarse a unos y a otros); mejorar la fiscalidad y que paguen quienes más tienen sin penalizar a las clases trabajadoras; reforzar la cohesión y la equidad entre los territorios; integrar definitivamente los distintos regímenes de aseguramiento público (tal como ya indicaba la Ley en 1986) y establecer medidas normativas para evitar nuevas privatizaciones sanitarias y revertir aquellas ya existentes que detraen recursos necesarios de nuestra sanidad pública.
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