«Nos hemos acostumbrado a que a la anomalía de no dimitir tras una imputación se sume que el Gobierno ratifique su confianza en los imputados» Leer «Nos hemos acostumbrado a que a la anomalía de no dimitir tras una imputación se sume que el Gobierno ratifique su confianza en los imputados» Leer
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La parte buena de que en España no dimita nadie es la gran variedad de no dimisiones. Están las del tipo «yo no soldé las vías», frase con la que Óscar Puente rechazó asumir su responsabilidad política tras el accidente de Adamuz. Dentro de esta categoría estaría Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, cuya responsabilidad en el apagón que dejó a España 12 horas sin luz es cero, supongo, porque ella no cortó los cables. Lo mismo ocurre con Mazón: él no provocó el desbordamiento del barranco del Poyo, ¿pero en serio había que explicar que tenía que irse?
Las recientes no dimisiones de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el DAO, Manuel Llamas, pertenecen a otra variante de lo no dimisión. Una que no viene precedida de una tragedia, sino de una imputación. El pionero fue Álvaro García Ortiz, que siguió como fiscal general del Estado, hasta el mismo día en que fue condenado. Y en ambos se cumple una triste condición: el apoyo incondicional del Gobierno tras la imputación. Y eso, más que la propia no dimisión, es lo alarmante.
Volviendo al sentido común: si al presidente de mi comunidad lo imputaran por administración desleal, apropiación indebida o prevaricación, no creo que ningún vecino entendiera que permaneciera en el cargo. Y si sus vocales, el administrador, o Marita la del 4º reafirmaran su confianza en él y apoyaran su continuidad, pensaría que están en el ajo. Por lo que sea, uno se fía más de la policía y los jueces que de Marita la del 4º.
Pero a los más altos niveles nos hemos acostumbrado a que a la anomalía de no dimitir tras una imputación se sume que el Gobierno ratifique su confianza en los imputados.
Recordemos que lo investigado consiste, precisamente, en utilizar el poder del Estado para dificultar investigaciones judiciales. Si los indicios fueran ciertos, estaríamos ante una perversión de una de las funciones esenciales del Estado de Derecho: que la policía judicial pueda investigar sin presiones del poder político. Si tras la imputación el poder político cierra filas con los investigados, lo lógico es inferir su complicidad.
La reacción natural de un presidente ante la sospecha de que su directora de la Guardia Civil y el DAO pudieran haber utilizado su autoridad para intimidar a investigadores judiciales sería cesarlos, exigir una investigación a fondo y reivindicar la independencia de jueces, fiscales y policías. Ha ocurrido lo contrario: el Gobierno ha respaldado a los imputados, implícitamente desautorizando a quienes los investigan: o los indicios son realmente sólidos, y entonces sobraría el respaldo, o quienes los han apreciado están actuando arbitrariamente.
No sabemos qué ordenó ni qué sabía el presidente del Gobierno sobre los delitos que se investigan. Pero sabemos lo que sabe hoy. Hoy conoce los indicios recopilados por la Fiscalía, conoce que un juez los considera suficientes para imputar y conoce la gravedad extraordinaria de lo que se investiga. Aun así, los mantiene a todos en el cargo. Quizá la mejor prueba de la cercanía del presidente del Gobierno a la trama de las cloacas no esté en lo que hizo antes, sino en lo que ha decidido hacer después.
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