Pregunte a cualquier docente qué necesita y la respuesta rara vez es extravagante: una ratio razonable, más refuerzos para apoyos, tiempo para fortalecer competencias básicas o planes individualizados para evitar la repetición. Y la contestación, esperable, será que no hay fondos. ¿Y si les dijéramos que podría desplegarse un plan con 70.000 docentes de apoyo llegando a todos los centros sin necesidad de movilizar recursos adicionales?
Con lo que cuesta la asignatura se podrían climatizar 3.000 centros al año o dar refuerzo de matemáticas
Pregunte a cualquier docente qué necesita y la respuesta rara vez es extravagante: una ratio razonable, más refuerzos para apoyos, tiempo para fortalecer competencias básicas o planes individualizados para evitar la repetición. Y la contestación, esperable, será que no hay fondos. ¿Y si les dijéramos que podría desplegarse un plan con 70.000 docentes de apoyo llegando a todos los centros sin necesidad de movilizar recursos adicionales?
Aunque no existe una cifra oficial, se estima que en España hay unos 36.000 docentes de religión católica, algunos más si contamos todas las religiones. Una plantilla, seleccionada sin oposición por la jerarquía eclesiástica, pero pagada con dinero público, que según cálculos conservadores seestima en más de 700 millones anuales. Esto tiene su origen en el conocido Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales de 1979. ¿Qué razones científicas o pedagógicas mantienen vigente una norma que se justificaba únicamente en los preceptos de una dictadura católica, apostólica y romana? Desde luego ninguna, ni tampoco hay argumentos culturales ni sociales que sostengan la anomalía de una materia que responde a la fe o las creencias de cada persona.
No hay que olvidar que, según la ley educativa, para que unos pocos hagan Religión, se tiene que ofrecer una alternativa a los que no quieren cursarla. Por tanto, a los sueldos de profesores de Religión habría que sumar también las horas de Atención Educativa que requiere cada centro. En los centros públicos para ofertar la Religión se necesita al menos otro docente (si no más) para cubrir las horas de Atención Educativa, horas en las que no se puede ni avanzar ni reforzar contenidos del currículo. En decir, para garantizar la atención confesional de una parte del alumnado, el resto debe perder una hora o dos horas semanales de su tiempo en tareas inútiles.
Con las horas que ocupa la religión podríamos lograr reforzar la conversación en segunda lengua; grupos flexibles en matemáticas; reducir una hora lectiva en Secundaria, hacia una jornada escolar más lógica; o introducir materias como teatro o proyectos que permitan un tratamiento transversal del currículo. Y lo más importante es que casi nadie lo notaría pues el número de estudiantes que eligen religión sigue cayendo. En 2023-24 solo cursaba religión católica el43,8 % del alumnado de Primaria de la pública, el 38,4 % en la ESO y el 24,3 % en Bachillerato, en un contexto en que la ley no permite ofrecer asignaturas alternativas.
Volviendo al asunto económico, y sin tener siquiera en cuenta al profesorado que imparte esa absurda “Atención Educativa”, para dimensionar estos fondos pensemos que son más de seis veces lo que el ministerio destina alprograma PROA+ o cuatro lo asignado al refuerzo de la competencia lectora y matemática. Existen muchas alternativas para esos fondos, el tiempo y el personal que hoy absorbe la religión: se podrían climatizar 3.000 centros al año (todos los de España en menos de 7 años); crear 1.000 comedores en institutos al año; o 450 pabellones deportivos completos que den servicio al barrio. En relación con el personal, correspondería a cada centro un profesional de servicios a la comunidad o integración social; un refuerzo en cada centro vulnerable o reforzar la orientación hasta un orientador por cada 250 estudiantes.
Cada vez son más las voces que abogan por informar las políticas en la evidencia: escuchar lo que la investigación tiene que decir antes de decidir. En algunos temas faltan datos sólidos; en otros, hay consensos que el debate público ignora. Aquí no conocemos ningún dato que justifique la existencia de una asignatura de religión católica, ni de ninguna otra, en el currículo escolar. Para mantener la religión no hay lógica ni evidencia, más allá de una supuesta libertad de creencia. Pero esa libertad no ha de garantizarse en los centros educativos y menos aún con fondos públicos. Sus defensores tampoco suelen mostrarse tan proactivos cuando otras confesiones piden un trato equiparable. De hecho, es probable que la religión salga de las aulas motivada por la islamofobia más que por la apuesta por una escuela laica. En cualquier caso, incluso aceptando el planteamiento de la libertad religiosa, esa pasaría por ofrecer al alumnado que no la elige, que ya es la mayoría en la educación pública, otras asignaturas con contenido real.
Asimismo, la Religión en el sistema educativo supone disputas políticas con cada cambio legislativo y su implementación por parte de las comunidades autónomas. El profesorado y los equipos directivos ya se han acostumbrado a que cada cambio de ley suponga una modificación en cuanto a computar la nota de religión en la nota media de ESO y Bachillerato, según los vaivenes políticos.
Recordemos que en la Comunitat Valenciana se intentó suprimir en 2º de bachillerato, un curso marcado por las pruebas de acceso a la universidad, y una sentencia judicial en 2018 obligó a restituirla como una optativa más. En la organización de los centros públicos de algunas comunidades autónomas, la confección de horarios está condicionada para que la Religión no se imparta a última hora y así evitar la desbandada no solo de los alumnos de Atención Educativa, sino también de los de Religión por efecto contagio. En otros, por contra, se ha dado el caso de situarla expresamente a final o principio de jornada porque las propias familias del alumnado que no cursa Religión solicitan que sus hijos no tengan que permanecer más tiempo del necesario en el centro.
Esta normalización de la religión en las aulas, alejada del debate reciente, ha llevado a que parezcan normales anomalías que con cualquier otro cuerpo o asignatura nos haría rasgarnos las vestiduras. En Andalucía, la Juntadetectó 85 maestros de religión sin una sola clase y 178 con menos horas que las de su contrato. La Junta habló de un perjuicio de hasta 6,3 millones en un solo curso. En la Comunidad Foral de Navarra, la ley de 2022garantiza contratos a jornada completa al profesorado de religión tenga o no carga lectiva, pese a que la LOMLOE redujo la asignatura de dos horas semanales a una. En febrero de 2026, el Consejero de Educación cifró enmás de 1.000 las horas pagadas sin impartirse este curso, por más de 2,1 millones de euros. El Parlamentomantuvo la ley en marzo.
A esto se suma una paradoja: los docentes de religión son de los pocos casos en que un persona cobra dinero público sin tratarse de un alto cargo, sin un proceso de libre concurrencia y sin haber sido elegido en unas elecciones, porque lo designa a dedo el obispado. Esa dependencia explica conflictos laborales comoel despido de una profesora cuyo cese fue declarado nulo por el Tribunal Supremo, así como otros casos que han llegado a los tribunales: desde la no renovación de docentes por contraer matrimonio civil con personas divorciadas, hasta el cese de un profesor por su situación familiar y por criticar la jerarquía eclesiástica, o los conflictos con profesoras que denunciaron represalias por participar en huelgas y reclamar derechos laborales.
Como decíamos al principio, este lugar privilegiado de la Iglesia católica en la escuela pública es herencia de los acuerdos con la Santa Sede, firmados para un país que ya no existe. Hoy tenemos aulas con familias de creencias muy distintas, y con muchas otras sin ninguna. Mantener una única confesión con plantilla y selección propia, pero con financiación pública no es neutralidad sino un privilegio. Mantener un concordato que ha sobrepasado con creces su fecha de caducidad es alargar la vida útil de un producto estropeado, de un artefacto obsoleto.
No se trata de expulsar la religión de la vida de nadie, sino de devolverla a las familias y a las comunidades de creencia, libres de organizarse y sostenerse. Tampoco se trata de llenar los centros con todo el abanico de posibles religiones, como ya está pasando con la inclusión de las religiones islámica, judía, evangélica protestante, que es una especie de huida hacia adelante que nos lleva a generar mayor gasto y más dificultades organizativas. Ante la creciente diversidad de creencias cabe preguntarse, ¿existe una respuesta para todas confesiones más allá de una propuesta laica? La escuela pública debe ser el espacio común donde todas las convicciones se respetan y ninguna adoctrina, y donde el hecho religioso se estudia desde un enfoque cultural y no confesional.
Avanzar hacia una propuesta laica es también una cuestión de prioridades: cada euro, hora y profesional que hoy sostienen una asignatura confesional podría reforzar la orientación, el apoyo y la atención individualizada.
Sociedad en EL PAÍS