Limitará el papel del Tribunal Constitucional, hará que los jueces elijan al CGPJ y atajará el cambio continuo de cromos en la cúpula judicial Leer Limitará el papel del Tribunal Constitucional, hará que los jueces elijan al CGPJ y atajará el cambio continuo de cromos en la cúpula judicial Leer
El programa electoral del Partido Popular plantea una revolución judicial que enmienda todos los excesos vividos durante la última legislatura bajo el Gobierno de Pedro Sánchez. Con las medidas propuestas por el partido de Alberto Núñez Feijóo no se podría repetir la escena de ver a todo un fiscal general del Estado sentado en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo luciendo la toga. Tampoco se repetiría la reconversión del Tribunal Constitucional en última instancia jurisdiccional del país corrigiendo continuamente las decisiones del Supremo en materia de justicia ordinaria. También se acabaría con el uso partidista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) porque, de cumplirse el compromiso que el PP ha adquirido con sus votantes, los propios magistrados elegirían a los jueces en su órgano de gobierno.
El programa de Reconstrucción Nacional, las medidas prometidas por el PP en materia de Justicia se centran en implementar la independencia del Poder Judicial, revisar las competencias del Tribunal Constitucional y evitar los dedazos en la cúpula judicial y fiscal.
Sobre el CGPJ, el PP se compromete a que jueces de todas las categorías elijan a los doce vocales de procedencia judicial del órgano. Además, aseguran que promoverán la incompatibilidad por haber ocupado cargos políticos en los cinco años anteriores a su elección para todos los vocales. Este punto es especialmente delicado para Feijóo ya que sobre la historia del Partido Popular pesa el incumplimiento flagrante llevado a cabo por el Ejecutivo que presidió Mariano Rajoy que, con mayoría absoluta, prometió un cambio de sistema de elección del Consejo dando el protagonismo a los jueces que, posteriormente, se negó a llevar a cabo.
Asimismo, otro de los cambios de calado pasa por trata de atajar el cambio de cromos en los nombramientos de la cúpula judicial entre vocales conservadores y progresistas del CGPJ. En esta dirección, los populares se comprometen a que las designaciones de las plazas del Tribunal Supremo se cubrirán por concurso reglado de méritos, con decisiones motivadas y públicas, exigiendo que en la antigüedad mínima de veinte años en la carrera judicial que ya exige la ley no se compute el tiempo en servicios especiales por el desempeño de cargos políticos. De esta forma, la medida propuesta reduce la discrecionalidad en las designaciones de la alta magistratura. Además, también promoverán que los jueces y fiscales que hayan ocupado cargos políticos no puedan volver a juzgar ni a ejercer la acusación hasta cinco años después de su cese. En el caso de los nombramientos discrecionales de la cúpula fiscal, la formación de Feijóo plantea dar mayor protagonismo al Consejo Fiscal para que los nombramientos y ascensos respondan a criterios objetivos. Será necesario el respaldo del Consejo Fiscal.
Por otra parte, otro de los puntos fuertes en materia de justicia del programa electoral del PP está dedicado al Tribunal Constitucional. Aseguran que legislarán para que ningún candidato a la corte de garantías pueda haber ocupado cargos políticos un lustro antes -tratan de evitar polémicos nombramientos realizados por el Gobierno de Sánchez como el del ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo o de la ex directora general del Ministerio de la Presidencia Laura Díez– y establecerán un régimen estricto de incompatibilidades.
También se ampliarán los supuestos previstos en la ley de causas de abstención y recusación de los magistrados del Constitucional. «Ningún magistrado participará en la decisión sobre la constitucionalidad de una norma en cuya elaboración o impulso haya participado desde el Gobierno o la Administración», reza el programa electoral.
Tras el feroz choque entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional durante la presente legislatura -por las continuas enmiendas del órgano que preside Cándido Conde-Pumpido en el caso ERE, la amnistía o los dedazos en la cúpula fiscal-, el PP propone limitar los recursos de amparo para impedir que se conviertan en palanca para revisar la interpretación de la legalidad ordinaria que corresponde al Alto Tribunal. En este sentido, los populares proponen reformar la legislación procesal y la Ley Orgánica del TC para delimitar con claridad qué recursos de amparo se admiten y qué efectos tienen sus decisiones.
Respecto de la Fiscalía, el partido de Feijóo promete aprobar un nuevo Estatuto del Ministerio Fiscal donde el fiscal general tendrá un mandato único de cinco años y, como recomienda la Comisión Europea, no cesando con el Gobierno que lo propuso. Además, como elemento novedoso, el PP quiere que el CGPJ tenga poder decisorio sobre la elección del fiscal general siendo su informe sobre su idoneidad no sólo preceptivo sino también vinculante para su nombramiento. En el caso del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, el órgano de gobierno de los jueces emitió el primer informe negativo contra la designación del máximo responsable del Ministerio Público.
Además, para evitar que se produzcan nuevas anomalías democráticas como la vivida durante el juicio de García Ortiz -donde el máximo representante del órgano constitucional encargado de velar por el cumplimiento de la legalidad era el acusado- el PP propone que el procesamiento del fiscal general conlleve su cese inmediato y automático del cargo.
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